El Gobierno trata de evitar la primera derrota parlamentaria de la legislatura

El Gobierno comienza a experimentar las complicaciones de la aritmética parlamentaria con la que tendrá que sacar adelante sus iniciativas esta legislatura. Menos de dos meses después de la investidura de Pedro Sánchez, PSOE y Sumar están al borde de perder su primera votación. Y por partida triple. La negativa de Junts a apoyar los reales decretos-ley aprobados por el Consejo de Ministros en diciembre los aboca al fracaso. Los socialistas tratarán de negociar hasta el último minuto con los nacionalistas catalanes y mantienen vías abiertas con Podemos y el PP: este lunes se han mostrado dispuestos a tramitar como proposiciones de ley esas medidas e incorporar en ellas algunas de las propuestas de esas formaciones. 

El Congreso decidirá este miércoles (en una atípica sesión en el Senado por obras en la Cámara Baja) si convalida los tres decretos aprobados por el Gobierno el mes pasado. Además, los diputados votarán los objetivos de déficit y techo de gasto, necesarios para iniciar el trámite de los Presupuestos Generales, así como las enmiendas de totalidad de la ley de amnistía. Un cocktail de debates que no facilita el acuerdo.

El primero de los decretos recoge las medidas económicas para contener los efectos de la crisis de precios derivada de la guerra de Ucrania. Es el cuarto paquete de este tipo que tramita el Ejecutivo, e incluye mantener la bonificación del transporte público, la reducción del IVA sobre algunos productos básicos o la prohibición durante todo 2024 de los desahucios de las personas que están en situación de vulnerabilidad. Un segundo decreto modifica el subsidio de desempleo para mayores de 52 años y el tercero, denominado ‘ómnibus’ por su amplitud y variedad de temas, recoge, entre otras medidas, reformas para la digitalización de la Administración de Justicia impuestas por la UE, por lo que toca determinados aspectos de las normas procesales.

A unas horas de esa votación, el Gobierno tiene enfrente 183 votos que pueden tumbar sus iniciativas. 137 del PP, 33 de Vox, siete de Junts y cinco de Podemos. Para evitar la primera derrota parlamentaria de la legislatura, el PSOE y Sumar ya están negociando en dos direcciones: por un lado para atraer al 'sí' a Junts y a Podemos, y por otro con el PP para arañar al menos su abstención. Este lunes los socialistas se mostraban abiertos a tramitar esos decretos-ley como proposiciones de ley, lo que permitiría incluir como enmiendas las medidas que exigen los de Alberto Núñez Feijóo, los nacionalistas catalanes y el partido de Ione Belarra para su debate y votación.

Junts rechaza los decretos “macedonia”

No obstante, esta vía no resuelve el apoyo de Junts, que pide que el Gobierno retire esos decretos y los vuelva a negociar con ellos uno por uno. “El tema es Junts”, defiende una fuente del Ejecutivo consultada por elDiario.es. Los independentistas catalanes llevan semanas avisando al Gobierno de que votarán en contra de los tres decretos si no los retira y los vuelve a presentar uno a uno por materias específicas y tras haberlos consensuado. 

La formación independentista rechaza de entrada los decretos “macedonia”, tal y como los ha calificado el portavoz Josep Rius, en los que a su parecer se mezclan medidas de naturaleza muy diferente y de temáticas variadas sin que los grupos tengan la posibilidad de hacer enmiendas parciales. Y tampoco acepta la propuesta del PSOE de tramitar los decretos como proyectos de ley, una opción que el reglamento del Congreso permite siempre y cuando las iniciativas logren de entrada la mayoría. “No lo aceptamos porque supone aprobar igualmente el decreto y dejarlo todo a enmiendas que vete a saber”, explican fuentes de Junts.

El grupo de Junts alude a varias cuestiones para oponerse a los decretos. De entrada, que salieron del Ejecutivo “deprisa y corriendo” y sin haber informado de forma previa a las formaciones de las que se esperaba el apoyo. El partido denuncia además que algunas medidas “agravan la infrafinanciación de la Generalitat”, invaden competencias o, simplemente, no son de su gusto, como la subida del IVA en la factura energética.

Pero todas las cuestiones anteriores serían salvables si no fuera porque los decretos incluyen una línea roja que Junts no tiene ningún interés en avalar, como es la reforma del artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil (LEC). Un cambio con el que la formación de Carles Puigdemont cree que el PSOE está “haciéndose perdonar por la cúpula judicial”, porque considera que es una herramienta para que el Supremo pueda dilatar la aplicación de la ley de amnistía.

Tal y como está ahora, la ley de enjuiciamiento civil permite que, cuando un tribunal plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pueda suspender todas sus actuaciones relacionadas con el litigio en duda. Pero con el nuevo redactado esa suspensión, Junts entiende que se haría obligatoria para el tribunal que la plantea, al tiempo que permitiría que cualquier otro tribunal la adopte igualmente si tiene un litigio de la misma naturaleza.

A juicio de Junts –y a diferencia de lo que opinan partidos como ERC o los comuns–, esta nueva disposición da un margen de maniobra muy importante para que los jueces puedan dilatar la aplicación de la amnistía. “Nosotros no daremos facilidades para que pase eso, si lo quieren aprobar seguro que encuentran otros partidos en el Congreso que se lo aprueban”, explican fuentes de Junts.

Podemos pide un decreto “sin recortes”

No solo Junts pretende descolgarse del bloque de la investidura en la primera votación de calado de la legislatura, después de la toma en consideración de la ley de amnistía. Este domingo, Podemos anunció que barajaba rechazar el decreto que modifica el subsidio por desempleo y este lunes ha elevado la presión: también podrían no apoyar el paquete anticrisis si el Gobierno no se compromete a incluir un tope del 2% a la subida de los alquileres y de los alimentos. Para introducir esos cambios, PSOE y Sumar deberían comprometerse de nuevo a tramitar como proyecto de ley esos textos e incluir en ellos las enmiendas que piden los de Belarra. 

Podemos sostiene que el decreto que modifica el subsidio supone un recorte para las personas mayores de 52 años. A finales de año, tras intensas negociaciones entre Trabajo y Economía, el departamento de Yolanda Díaz logró el consenso dentro del Ejecutivo para sacar adelante la revisión del sistema asistencial de desempleo, que cubre a unas 800.000 personas y aumenta las cuantías a los 570 euros al mes para nuevos beneficiarios. También incluía otras medidas, como el aumento de los beneficiarios.

Esa reforma mantiene la ayuda en el 80% del IPREM (480 euros) para las personas mayores de 52 años. Pero rebajará progresivamente la base de cotización para la jubilación para ese sector del siguiente modo: será del 120% en 2024; del 115% en 2025; del 110% en 2026 y del 105% en 2027. Si la ayuda fuera concedida antes del 1 de junio de 2024, la base de cotización seguirá siendo del 125%, como hasta ahora. El subsidio será de 570 euros en los seis primeros meses para la mayoría de las prestaciones, de 540 en los seis siguientes y desde entonces quedará en 480.

Pero en Trabajo rechazan que se trate de un recorte. Fuentes del Ministerio apuntan a que cuando se subió la cotización de mayores de 52 a un 125% se hizo para compensar el SMI que existía antes de 2018. Ahora que ese salario mínimo es el doble a raíz de las sucesivas subidas aprobadas por el Gobierno progresista, en el caso de mantener ese 125% de cotización se daba la situación de que hay personas que cotizan más cobrando el subsidio que otras que están trabajando, explica el equipo de Yolanda Díaz.

El Gobierno, si quiere contar con esos cinco votos, tendría que comprometerse a modificar este punto del decreto en su tramitación como proposición de ley y también a incluir los topes a alquileres y alimentos que Podemos ha pedido este lunes. 

El PP se frota las manos

Salvo sorpresa de última hora, el PP votará en contra del real decreto-ley anticrisis, aunque Feijóo abrió la puerta a una posible abstención si el Gobierno asume sus reivindicaciones: deflactar el IRPF para rentas por debajo de 40.000 euros, bajar el IVA de carne, pescado y conservas y mantener en el 5% el IVA de luz y gas.

El Gobierno se ha puesto en contacto con el PP a través de dos interlocutores que no están en la primera línea de decisión del equipo de Feijóo: Cuca Gamarra y Borja Sémper. La secretaria general habló con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, mientras el portavoz lo hizo con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, según adelantó El Mundo y confirmó elDiario.es.

El Gobierno no se ha puesto así en contacto con el núcleo duro de Feijóo: ni con el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, ni con su jefa de gabinete, Marta Varela, ni con los vicesecretarios que gestionan las materias en disputa, como Esteban González Pons o Juan Bravo.

En el PP sostuvieron este lunes que las llamadas llegan tarde y que no tienen intención de caer en “chantajes” por parte del Ejecutivo, en palabras de Feijóo. Mucho más duro fue Sémper en una rueda de prensa: el partido “no saldrá al rescate” de un Ejecutivo que “tiene serios problemas de supervivencia”.

“Esta legislatura va a ser la de la angustia para el Gobierno en cada votación”, dijo el portavoz. “O Junts traga, o Sánchez cede o el Gobierno debuta perdiendo votaciones y confirmando su extraordinaria debilidad parlamentaria”, añadió. “Cinco semanas y ya hace agua por todos lados”, apuntó. Y zanjó: “No vamos a socorrer a Sánchez”. Fuentes del PP pidieron por la tarde que el Gobierno no llame más “si no es para adquirir” el compromiso de asumir sus propuestas.

En el PP se frotan las manos con la opción de que Pedro Sánchez pierda este miércoles tres importantes votaciones, que confirmarían la tesis de la derecha de un Ejecutivo débil que va a depender en cada votación de que Junts quiera o no apoyarle en función de cómo se desarrolla la aplicación de la ley de amnistía.