Diciembre de 2019. Un abogado, José Manuel Calvente, acude a un cuartel de la Guardia Civil para denunciar un rosario de irregularidades contables del partido político que acababa de despedirle. Podemos, que en ese momento negociaba su entrada en el Gobierno con el PSOE, vio cómo un juzgado de Madrid abría una matrioshka judicial llamada caso Neurona que no dejaba de crecer hasta que, tres años después, ha quedado archivada. El magistrado Juan José Escalonilla, señalado por Podemos como artífice de un episodio agudo de 'lawfare', ha dictado el sobreseimiento de un caso que llegó a ser comparado con la trama Gürtel, que se nutrió de informes policiales dudosos y que aportó gasolina a la hoguera que medios y partidos de derechas crearon a raíz de la apertura de diligencias.
Calvente acudió a la Guardia Civil después de haber sido despedido por Podemos con unas acusaciones de acoso sexual a una compañera que nunca se pudieron probar. Allí empezó a trazar un relato que combinaba sus conocimientos como coordinador del equipo legal del partido con las aportaciones de compañeros que, afirmó, no querían ir a declarar por miedo a represalias. Sus palabras llegaron al juzgado 42 de la Plaza de Castilla de Madrid, donde disparó por aspersión y reconoció que muchas de sus acusaciones estaban basadas en “rumorología”.
Los dardos de Calvente eran una oferta difícilmente superable. Atribuyó el menú clásico de la corrupción a un partido que basaba su existencia en la idea de renovar las instituciones y acabar, precisamente, con la corrupción: financiación ilegal, sobresueldos, facturas falsas, omertá interna y hasta una 'caja B' en el seno del partido que entonces comandaba Pablo Iglesias, recién nombrado vicepresidente del Gobierno.
El primer auto de Escalonilla no invitaba a pensar en una macrocausa. Puso en marcha las diligencias “esenciales”, dijo entonces, para ver qué había detrás de todo aquello. Prensa y analistas conservadores, espoleados por el propio denunciante, no pudieron resistirse: había nacido “la Gürtel de Podemos”, en los juzgados y en los titulares. Vox tardó menos de una semana en conseguir su personación como acusación popular.
Un caso “peor” que Gürtel o Filesa habría implicado, entre otras cosas, el amaño de adjudicaciones de contratos y obras en administraciones públicas por valor de cientos de millones de euros o la financiación irregular con dinero negro de campañas del partido. En este caso Neurona, las cantidades no sostenían la comparación pero el marketing de las piezas separadas sí hizo su trabajo, aunque todas ellas, poco a poco y a lo largo de tres años, fueron archivadas.
Quedó archivada la bautizada como 'caja B' de Podemos, que investigó irregularidades en la gestión del Fondo de Solidaridad. La exsenadora Celia Cánovas denunció salidas opacas de dinero de esta caja hacia una asociación: “No consta la existencia de distracción de los fondos”, dijo la Audiencia de Madrid. Tampoco había delito en la reforma de la sede del partido, asunto por el que sí ha sido sancionado el PP en su trama Gürtel: no hubo “distracción de dinero” para “pagos y obras ajenas” a la reforma, dijo el juez.
Finalmente los complementos salariales no eran sobresueldos irregulares a altos cargos de partido. Las donaciones que se hacían al Proyecto Impulsa no eran delictivas porque Podemos acreditó el destino que se dio al dinero. Los contratos con la consultora portuguesa ADB Europa eran contratos de consultoría, y no documentos que demostraban una “presunta red global de corrupción política” como dijo Calvente.
El partido, tres años imputado
Las primeras acusaciones e imputaciones cayeron como una bomba cuando Podemos formaba parte del Gobierno de coalición desde hacía medio año. El propio partido fue imputado como persona jurídica, un honor que hasta entonces solo había tenido el PP pero no por corrupción sino por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. Con Podemos, fueron llevados al banquillo atemporal Juanma del Olmo (secretario de comunicación), Daniel de Frutos (tesorero), Rocío Val (gerente), Carlos García (administrador) y Elías Castejón (Neurona).
La Fiscalía, en función de la pieza, jugaba un papel dual, solicitando el archivo de algunas diligencias y dando a entender que no tendría problema en que otras llegaran, incluso, a juicio. Las distintas piezas separadas, antes de sus respectivos archivos, se iban alimentando de informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que cimentaban las afirmaciones, ahora no probadas, dentro y fuera del juzgado.
Vox, mientras tanto, impulsaba en la Plaza de Castilla las acusaciones contra Podemos que no le habían servido de nada en la Fiscalía Anticorrupción. También daba rienda suelta a la ofensiva penal contra rivales políticos que había desarrollado durante el procés, la pandemia y ahora contra las negociaciones de investidura. Los de Santiago Abascal, incluso, intentaron juntar sus dos causas preferidas y pidieron, sin éxito, que Hugo 'El Pollo' Carvajal declarase en el caso Neurona. Si la investigación avanzaba era un éxito y si no lo hacía, para los de Abascal, era una prueba de la existencia de “una mafia”. El PP de Pablo Casado llegó a acusar a Pablo Iglesias de viajar a Bolivia a obtener información privilegiada del caso.
Nuevas piezas se fueron abriendo y cerrando, dejando tras de sí un reguero de informes policiales y acusaciones no probadas. Juan Carlos Monedero, fundador del partido, llegó a ser acusado por la UDEF de cobrar de Neurona con una factura “falsa” y que, según consideró el juzgado, era verdadera. Estuvo dos años y siete meses imputado. Varias colaboradoras de la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, fueron imputadas para dilucidar si habían malversado caudales públicos al sujetar y cuidar en momentos concretos a sus hijos.
El juez Escalonilla tardó 15 meses en decidir que no era delito, cerrando un 'caso niñera' por el que otro magistrado llegó a dirigirse por escrito al Congreso para advertir a Montero, que solo puede ser imputada por el Tribunal Supremo, de que había unas diligencias abiertas.
El último fleco: el caso Neurona
Una a una, las piezas separadas del caso Neurona fueron cayendo en el archivo y solo una siguió adelante: la que daba nombre al caso. El juez Escalonilla quería saber si Podemos pagó sobreprecios a esta consultora mexicana por unos trabajos de comunicación política en las elecciones de 2019 que, en realidad, ni siquiera se habían realizado. Un caso que ha ido desmontándose por fascículos. Juanma del Olmo fue el primero en afirmar delante del juez que esos trabajos sí se habían realizado. Era noviembre de 2020.
La Policía cuestionó los argumentos defensivos del partido pero, al final, el juez entendió que esos trabajos sí habían existido y solo quedaba saber si además hubo un sobreprecio que pudiera derivar en un delito electoral. Un informe pericial que nadie quería realizar hasta que Aleix Sanmartín se ofreció, con un análisis que no dejaba otra salida al juez Escalonilla: los trabajos se pagaron, incluso, por debajo del precio de mercado. Por el camino, el juez también archivó la causa contra Podemos con un argumento que tuvo que esperar más de tres años: el partido, como persona jurídica, no podía ser acusado de un delito electoral.
Su último auto, el que ha cerrado la última pieza del caso Neurona, no es para todos los públicos. “Cabe concluir en base a lo anterior que no consta indiciariamente acreditado que el numerario de la cuenta electoral desde la que se abonó el importe de dicho contrato fuera distraído para fines distintos a los contemplados en la LOREG”. No hubo, por tanto, ni apropiación indebida de fondos electorales, ni tampoco un delito electoral.
Tres años después, la macrocausa que llegó a ser comparada con la Gürtel o con Filesa ni siquiera llegó a juicio, después de que el propio denunciante reconociera que muchas de sus acusaciones se basaban en “rumorología”. Al final, se ha convertido en una investigación por la cual Podemos ostenta, por el momento, el récord nacional de imputación penal de un partido político por sus finanzas. Por delante solo está el PP, pero no por la Gürtel, la de verdad, en la que ha sido considerado responsable a título lucrativo, sino por cuando fue acusado sin éxito de destruir los ordenadores de Luis Bárcenas.