El comisario jubilado Enrique García Castaño, imputado por vender presuntamente información a José Manuel Villarejo, ha señalado este miércoles ante el juez del caso a Eugenio Pino, el director adjunto operativo de la Policía entre 2012 y 2016. Según fuentes jurídicas, García Castaño ha negado haber facilitado información bancaria o telefónica para los dosieres que luego vendía Villarejo a precios estratosféricos y que el resto de datos siempre se los dio con orden expresa del comisario Pino.
Es más, según ha declarado García Castaño, él consultaba al jefe Pino cada vez que tenía dudas sobre la legalidad de las peticiones de Villarejo. García Castaño, conocido en la Policía como El Gordo, era jefe de la unidad de vigilancias, escuchas y captación de fuentes, y Villarejo actuaba como una especie de liberado en la Dirección Adjunta Operativa, el máximo órgano policial, por debajo de la Dirección General de Ignacio Cosidó. Enrique García Castaño ha añadido que nunca formuló por escrito estas dudas a su jefe.
La Fiscalía Anticorrupción cree que García Castaño atesora un patrimonio de 600.000 euros imposible de justificar con su sueldo de funcionario y él defiende el origen legal del mismo. El Gordo, a quien defiende el que a Pino, el de Baltasar Garzón, ha solicitado que se desclasifique información secreta sobre fondos reservados, para poder responder sobre su patrimonio personal.
Por este motivo, su declaración correspondiente a la pieza principal, prevista para hoy, ha sido suspendida a la espera de lo que decida el Gobierno de la petición que va a cursar el juez. García Castaño también ha negado que los datos entregados de forma ilegal desde el BBVA fueran solicitados por él.
La afirmación acerca de Pino se ha producido en el marco de las piezas Iron y Land, dos informes del comisario Villarejo acerca de una disputa entre dos despachos de abogados y de una herencia de la familia dueña de la urbanización La Finca.
García Castaño declaró en el día de ayer en el marco de la Operación Kitchen, la pieza secreta que investiga el espionaje a Bárcenas. El Gordo insistió en la legalidad de la operación para descubrir los testaferros y el dinero oculto del extesorero del PP, aunque ni el juez del caso ni la Policía Judicial a sus órdenes supieron nunca de esas pesquisas, según han confirmado varios testigos al magistrado instructor.
El comisario declaró ayer que la información que fue obteniendo, junto a Villarejo y otros implicados, fue derivada a los responsables del Ministerio del Interior, citando al director general de la Policía en ese momento, Ignacio Cosidó, y al inmediato superior de éste, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad.