El último intento descarriló el pasado martes. Esa mañana la Mesa del Congreso desbarató por enésima vez un nuevo intento de los grupos de la izquierda para investigar o fiscalizar los negocios del rey emérito Juan carlos I, huido desde principios del pasado mes de agosto de España tras destaparse sucesivos escándalos relativos a sus finanzas y a su patrimonio no declarado en el extranjero.
Tras el escándalo sobre las cacerías del monarca en Kazajistán, publicadas en exclusiva por elDiario.es, vio la luz una proposición de ley registrada por Más País-Equo y Compromís que pretendía crear un registro de los bienes de la familia real. PSOE, PP y Vox unieron sus votos para impedir que la iniciativa prosperara.
La proposición de ley presentada por Íñigo Errejón y Joan Baldoví planteaba que, al igual que hay un Registro Civil de la Familia Real desde el año 1981, debe crearse un Registro Patrimonial, a cargo del titular del Ministerio de Justicia, donde se incluyan todos los bienes muebles e inmuebles propiedad “del Rey, su consorte, sus ascendentes de primer grado, sus descendientes y al Príncipe o Princesa que ostente la herencia de la Corona”, ante las revelaciones sobre la fortuna opaca de Juan Carlos I.
Socialistas, populares y Vox se escudaron en que los letrados de la Cámara Baja se habían posicionado en contra de la tramitación de la proposición de ley al entender que “se pretende establecer una suerte de control respecto de la Jefatura del Estado que la Constitución no permite y que resultaría, además, contrario al principio de libre disposición de la cantidad que Su Majestad El Rey recibe de los Presupuestos del Estado para el sostenimiento de su Familia y Casa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.1 de la Constitución”.
Las informaciones que han ido conociéndose sobre las andanzas y el patrimonio del rey Juan Carlos, que han sido recogidas también por buena parte de la prensa internacional, han multiplicado las peticiones de varios grupos parlamentarios para que, además de la vía judicial, la Cámara abra una Comisión de Investigación sobre el exjefe del Estado. Uno de los grupos que más ha insistido en este planteamiento ha sido ERC. El pasado mes de marzo los republicanos junto al Grupo Plural y a Unidas Podemos, socio de coalición del Gobierno, solicitaron la apertura de esa comisión mientras la Fiscalía Anticorrupción investigaba la presunta entrega de 100 millones de euros de Arabia Saudí a Juan Carlos I y sus cuentas en Suiza. El grupo de Pablo Iglesias no ocultó su preocupación por la gravedad del caso y así lo dejó caer en su cuenta de Twitter el portavoz parlamentario, Pablo Echenique.
Pero el PSOE -y PP y Vox, la mayoría de la Mesa del Congreso-, lo paralizó amparándose de nuevo en los informes contrarios de los servicios jurídicos del Parlamento que apuntaban a que el rey emérito gozaba de inviolabilidad en los años que se pretende investigar.
En los últimos años la Cámara Baja ha rechazado en todas las ocasiones cualquier tipo de investigación sobre el monarca y su fortuna, o la familia real así como los intentos de reprobar al anterior jefe del Estado. Todas ellas presentadas por grupos de izquierda o nacionalistas.
Cuando en 2017 se empezaron a publicar informaciones acerca de las grabaciones realizadas por el polémico excomisario José Manuel Villarejo que demostrarían la relación del monarca con cuentas en Suiza, la Mesa del Congreso ya rechazó tramitar una petición de comparecencia registrada por En Comú Podem para que el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Félix Sanz Roldán diera explicaciones al respecto. Finalmente, Sanz Roldán sí compareció en el Congreso - lo hizo en julio de 2018 -, en la comisión de Secretos Oficiales, que se celebró a puerta cerrada con la advertencia a los portavoces asistentes de que está prohibido desvelar nada de lo que se trate dentro. La comparecencia de Sanz Roldán se sumó a la que ya había protagonizado el 19 de marzo de 2013 sobre este mismo asunto y en la que negó cualquier vinculación de los servicios de inteligencia con Corinna Larsen, quien ha deslizado graves acusaciones contra los servicios secretos.
En julio de ese mismo 2018 Unidas Podemos también registró junto a ERC, Compromís, PDeCAT y Bildu, la petición de abrir una comisión que investigara las supuestas actividades irregulares del rey emérito mencionadas en una conversación grabada por Villarejo a Corinna Larsen, en la que hablaba de su fortuna en el extranjero. Pero PP, PSOE y Ciudadanos, que por entonces sí tenía representación en el máximo órgano de la Cámara se remitieron también a los servicios jurídicos del Congreso, que consideran que el Parlamento no tiene competencias de control sobre el jefe del Estado. Unidas Podemos recurrió amparándose en que el rey había dejado de ser inviolable al abdicar en favor de su hijo, el actual rey Felipe VI. Pese a la matización, la Mesa volvió a rechazar la iniciativa en octubre, alegando de nuevo la protección constitucional de la Corona recogida por los letrados de la cámara. Ese empeño para que Juan Carlos rinda cuentas en el Congreso incluso llevó al grupo confederal a enviar una carta a Juan Carlos I para que compareciera en la sede de la soberanía popular a petición propia, algo que no ha sucedido.
El Constitucional anuló la comisión de investigación sobre la monarquía aprobada por el Parlament de Catalunya
Lo cierto es que no han sido solo los letrados de la Cámaras los que se han opuesto a que se investigue al rey en el marco parlamentario sino también el Tribunal Constitucional, que en marzo de 2019 fijó jurisprudencia al respecto en una sentencia en la que anuló la comisión de investigación sobre la monarquía que impulsó el Parlament de Catalunya. El tribunal de garantías tuvo que pronunciarse ante el recurso que había interpuesto el Gobierno de Pedro Sánchez al entender que fiscalizar a la jefatura del Estado excedía las competencias de la Cámara autonómica. En ese mismo sentido se pronunció igualmente con el intento de reprobación de Felipe VI por su discurso del 3 de octubre de 2017.
Pero las negativas a que se conozca cualquier información sobre el rey se han extendido también al Gobierno. Tras el exilio forzado de Juan carlos I, ERC, EH- Bildu y el Grupo Plural (Junts, Más País, Compromís y BNG) y la CUP exigieron la comparecencia del Gobierno - Pedro Sánchez o Carmen Calvo- al considerar que debía de dar explicaciones sobre si conocía “la fuga” de Juan Carlos I y si “ha colaborado en ella”. “Si estamos pagando todos los españoles de nuestro bolsillo la huida de España, la seguridad, el viaje y el alojamiento de un monarca que ha corrido a refugiarse en una teocracia de oriente medio, en una dictadura. Es una vergüenza”, aseguró Errejón como portavoz de uno de los grupos proponentes. Pero la iniciativa volvió a pinchar en hueso porque la mayoría del PSOE, PP y Vox tumbaron la propuesta.
El desprestigio del anterior Jefe del Estado ha salpicado a toda la familia real: elDiario.es publicó hace unas semanas en exclusiva que la Fiscalía Anticorrupción investiga también el uso opaco de varias tarjetas de crédito para cubrir gastos del rey Juan Carlos de Borbón, de la reina Sofía de Grecia y también de varios de sus familiares más directos: entre otros, algunos de sus nietos pero no los actuales monarcas ni sus hijas. Ni el Congreso ni el Senado van a iniciar ninguna investigación sobre nada de esto y dejarán que sea la Justicia la que dé su veredicto.