El juez del caso Cursach pide anular las investigaciones contra él por basarse en “actuaciones ilegales”

El ex juez Manuel Penalva, quien durante cerca de tres años se encargó de investigar el presunto entramado mafioso urdido por el magnate mallorquín del ocio nocturno Bartolomé Cursach, ha solicitado la nulidad de las investigaciones abiertas contra él –a raíz de las supuestas irregularidades que desplegó en sus pesquisas contra el empresario– al defender que la causa por la que se encuentra a las puertas del juicio junto a varios policías está cimentada sobre “actuaciones ilegales” y “nulas radicalmente”.

En concreto, se refiere a la intervención policial de los móviles de dos de los periodistas que cubrían las informaciones relativas al caso Cursach. Tal como dictaminó recientemente el Tribunal Constitucional, el juez que la acordó vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de los dos informadores al no permitirles recurrir el auto que autorizó requisar sus teléfonos, una confiscación que, según Penalva, llevó a impulsar una macroinvestigación contra los antiguos investigadores de Cursach fundamentada “en los datos e información obtenidos de aquellas medidas invasivas e ilegales”.

Y es que, tal como sostiene la defensa de Penalva en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, la incautación de los dispositivos móviles permitió a los investigadores acceder al chat que los dos juristas mantenían abierto, mientras se encontraban al frente del caso Cursach, junto a varios miembros del grupo de blanqueo de la Policía Nacional y del que se llevaron a cabo volcados de conversaciones “sesgadas voluntariamente” y se extrajeron frases “descontextualizadas” para así “dar la apariencia de existencia delictual” en el proceder de todos ellos. “Un auténtico despropósito”, remarcan.

Se trata de WhatApps en los que los investigadores del caso Cursach llegan a definirse como 'Los Intocables' y que fueron objeto de análisis en hasta ocho informes de la Policía Nacional que, en consonancia con la postura de la Fiscalía Anticorrupción y una treintena de acusaciones particulares, ponen en entredicho las pesquisas contra el magnate del ocio: los chats arrojarían indicios de que juez, fiscal y los miembros de Blanqueo formaron una “organización para delinquir” y apuntalar sus acusaciones contra Cursach y numerosos policías locales de Palma mediante la presunta instrumentalización de testigos, filtraciones a la prensa, detenciones ilegales y la prolongación deliberada del ingreso en prisión de varios investigados.

Sin embargo, de acuerdo con el exjuez –cuya jubilación, a los 54 años, acordó el Consejo General del Poder Judicial en julio del pasado año–, es “absolutamente innegable que la presente instrucción tiene su exégesis, su fuente primigenia, en aquella intervención de los dispositivos de los periodistas, y del acceso más concretamente a su listado de llamadas y es innegable que a lo largo de toda la instrucción de forma permanente se ha sustentado la posición acusadora (...) en los datos e información obtenida de aquellas medidas invasivas e ilegales”.

Por ello, considera que, “inexorablemente”, en la medida en que la investigación contra Penalva –en la que también se encuentran encausados los cuatro miembros de Blanqueo que trabajaron con él durante la instrucción del caso Cursach– existe “una pluralidad constante de actuaciones basadas primigeniamente en la información obtenida con aquellas medidas invasivas” y en que los propios periodistas “no han podido defender sus derechos contra esas referencias constantes”, debe procederse a la “nulidad absoluta” de la causa, retrotrayéndola al momento previo a la incautación de los teléfonos o, directamente, dictando el archivo de las investigaciones.

Se trata de una petición que tanto Penalva como el ex fiscal del caso Cursach Miguel Ángel Subirán –cuya imputación fue archivada en abril de 2021 después de que este alegara estrés postraumático, lo que le impediría afrontar con garantías su derecho de defensa– ya cursaron infructuosamente en noviembre de 2020 y que rechazó el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) al concluir que el acceso al chat de WhatsApp “estuvo absolutamente legitimado”.

Las acusaciones personadas en este procedimiento judicial aseveran que no se utilizó ningún dato de los contenidos en los dispositivos móviles de los periodistas, como tampoco la incautación de los teléfonos derivó en la incoación de las investigaciones contra Penalva y Subirán. De hecho, señalan que dos de los policías de Blanqueo que acabaron detenidos por las presuntas prácticas ilegales llevadas a cabo durante la instrucción del caso Cursach entregaron sus teléfonos y autorizaron voluntariamente el acceso a su contenido. Según alegan, fue el análisis de uno de estos dispositivos el que reveló la existencia del polémico chat de WhatsApp. Frente a ello, el ex juez afirma que todo sucedió al revés: con base en la información obtenida en el listado de llamadas del teléfono de uno de los periodistas, se requirió a los policías arrestados la entrega de sus dispositivos y el acceso a los mismos (“entrega y acceso que desde luego es todo menos voluntaria”, añade).

De una forma u otra, el chat reveló así conversaciones en las cuales se leen comentarios como “Son unos hijos de puta, hay que machacarlos”; “A este si tienen huevos de hacerle dimitir y dejar su acta de diputado hay que detenerlo con esposas, sin miramientos” (en alusión al exdiputado balear del PP Álvaro Gijón); “Lunes, zafarrancho de testigos, martes zapatazo [sobre las futuras detenciones] y miércoles, a disposición [judicial] en un furgón lleno de gitanos. Como Dios manda” o “Rápido, directo, sin desgaste para nosotros y condena asegurada”. Todo ello entreverado con calificativos hacia los arrestados como “empastillado”, “chulito”, “hijoputa, imbécil y sobradito”. 

Los WhatsApps desvelarían, asimismo, que el auto de prisión dictado el 3 de marzo de 2017 contra Cursach y su número dos, Bartolomé Sbert, habría sido redactado, al menos, dos semanas antes de su arresto y su posterior ingreso en la cárcel. “Subi, estamos pensando en hacer las detenciones gordas [en referencia a Cursach y a Sbert] el día 28 y pasarlos a disposición [judicial] el 2 o el 3. ¿Cómo te va a ti?”. “¡Esto es un guion bien hecho que pone las cosas fáciles!” o “¿preparados para día D hora H?” son algunas de las frases que se intercambiaron durante los catorce días anteriores a los arrestos. 

Inicio de las investigaciones

Cabe recordar que, en julio de 2018, el juez palmesano Miquel Florit –el magistrado que acordó incautar los teléfonos móviles de los periodistas– decidió abrir diligencias dirigidas a investigar las presuntas filtraciones a la prensa producidas mientras el caso Cursach se encontraba bajo secreto. La difusión, un mes antes, de un informe de los inspectores de Blanqueo –que posteriormente tumbaría la Agencia Tributaria– sobre la presunta defraudación del grupo Cursach a Hacienda cuando aún no había sido notificado a las partes había llevado a los abogados del empresario del ocio y de su mano derecha a denunciar presuntas revelaciones de secretos que acabaron haciendo saltar la causa por los aires. 

De la mano de la Policía Nacional, el juez se introdujo de lleno en la indagación del origen de las filtraciones. Sin embargo, en medio del fervor indagatorio para averiguar de dónde procedían las filtraciones a la prensa, Florit dio un paso en falso y, en diciembre de 2018, acordó la intervención de la documentación y los equipos de los periodistas en la agencia Europa Press de Baleares y la personación de varios policías en la redacción de Diario de Mallorca, una medida que marcaría el resto de su trayectoria judicial y acabaría conduciéndole al banquillo de los acusados.

Los medios de comunicación e informadores afectados por la decisión se querellaron contra Florit al considerar que la confiscación de sus móviles y de su material informático eran “manifiestamente injustos” y vulneraban su derecho al secreto profesional periodístico. El juez, finalmente, resultó absuelto en enero de 2020 en una resolución que reconocía que había actuado injustamente pero determinaba que su conducta no había sido intencionada, sino imprudente, ya que había actuado confiado en el pronunciamiento que el fiscal anticorrupción Juan Carrau había emitido previamente para avalar la intervención de los teléfonos.

En paralelo, los profesionales de la información y la propia agencia de noticias llevaron al Tribunal Constitucional la decisión del instructor y de la Audiencia Provincial de Baleares de no permitir que se personaran en el procedimiento para recurrir la orden del juez. El Tribunal Constitucional les ha dado finalmente la razón.