El juez de la Ciudad de la Justicia de Madrid imputa al policía asesor de Cospedal por tres contratos bajo sospecha

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que investiga las presuntas irregularidades que rodearon la proyección de la Ciudad de la Justicia en la Comunidad de Madrid, ha acordado imputar al comisario Andrés Gómez Gordo por la firma de tres contratos relacionados con la seguridad del recinto en el tiempo en el que fue su director de Seguridad entre 2007 y 2009. El juez investiga en esta causa presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y delitos societarios. 

Gómez Gordo es un policía muy vinculado al Partido Popular. Trabajó como encargado de la seguridad de este proyecto que puso en marcha el Gobierno de Esperanza Aguirre y que nunca llegó a culminarse por su vinculación con Francisco Granados. Después fue nombrado director general de Documentación y Análisis de la Junta de Castilla-La Mancha cuando María Dolores de Cospedal era presidenta regional, entre 2011 y 2015. Y a partir de ese año regresó al servicio activo y se dedicó a controlar de cerca al chófer Sergio Ríos, el topo de la brigada política en el entorno de Luis Bárcenas que había conocido años atrás, cuando ambos trabajaban para Granados. Gómez Gordo está siendo investigado en la operación Kitchen, también en la Audiencia Nacional. 

Hasta la fecha, constaban como investigados el que fuese vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada; el arquitecto y director general técnico del proyecto Isabelino Baños; el subdirector técnico Mariano José Sanz Piñar; el director del área financiera del Campus de la Justicia de Madrid (CJM), Alicio de las Heras; además de Felix José García de Castro, María Lourdes Manóvel y Paloma Mateo Martín.

A esta lista se suma ahora Gómez Gordo. De la Mata recuerda que el comisario fue el director de Seguridad de diciembre de 2007 a octubre de 2009 y que firmó junto al director técnico Isabelo Baños los informes de valoración de varias ofertas presentadas a los diferentes concursos.

En concreto, el magistrado pone el foco en tres procesos de contratación en los que participó. El primer contrato fue el de la consultoría y asistencia para la implantación de un sistema integral de seguridad en la Ciudad de la Justicia que fue licitado por procedimiento abierto y adjudicación por concurso en 2007.

El presupuesto base de licitación era de 155.000 euros y el plazo de ejecución 12 meses, y se presentaron hasta nueve empresas, de las cuales dos (Technosafe e IDOM) ofrecieron ofertas económicas más ventajosas que la que resultó finalmente adjudicataria, TECISA 74 SL. De hecho, la oferta de Technosafe fue calificada como “baja temeraria” y se rechazó sin que el órgano de contratación la citara en audiencia para que explicara o aportara documentación.

El informe de valoración de las ofertas fue realizado por Gómez Gordo en febrero de 2008, y el juez apunta en su auto de 13 de julio de 2020, adelantado por La Razón y al que ha tenido acceso Europa Press, que no utilizó un sistema de puntuación “sino una calificación demasiado genérica”. Además, aclara que la Mesa de Contratación permanente del Campus de la Justicia no intervino en esa adjudicación.

Tras la firma de ese acuerdo con la consultora de seguridad por Prada, Gómez Gordo siete días después redacta un informe de ampliación y modifica el contrato aumentándolo en 87.507 euros. Cifra que coincide con la propuesta de ampliación de contrato que presenta Tecisa 74 pocos días más tarde. “Lo que evidencia que la ampliación y modificación habría sido consensuada por ambas partes”, dice el juez.

“El órgano de contratación, vulnerando el sentido y la finalidad de la licitación, procedió a modificar el objeto del contrato desde el mismo día en que éste se formalizó mediante una ampliación de éste que supuso un incremento del precio del contrato en cuantía superior al 64 por ciento”, recuerda además el magistrado.

La seguridad del recinto 

El mismo recorrido siguió otra de las licitaciones, la de la contratación del servicio de vigilancia y seguridad en el recinto de las obras de construcción del Campus de la Justicia. Tampoco consta que hubiera mesa de contratación para este caso ni calificación y valoración de las ofertas, cuando el presupuesto base de licitación publicado en el concurso era de 205.170 euros.

El auto de De la Mata señala que se presentaron casi veinte ofertas, y que Gómez Gordo en enero de 2008 elabora un informe estimando que la oferta más favorable era la de Serygur SA por un importe de 183.552 euros, cuando realmente la oferta más económica era de Seguridad Integral Madrileña por un importe de 172.096 euros, y que fue puntuada con cero puntos como oferta “anormalmente baja o desproporcionada”.

Al igual que ocurrió con la anterior compañía que fue calificada así, no se le requirió información adicional para que documentara la viabilidad de la oferta ni se le solicitó aclaraciones para un informe técnico. De hecho, el contrato se firma entre Serygur SA y Prada en febrero de 2008 por importe de 183.552 euros, lo que asciende a 205.170 sumándole el IVA.

Gómez Gordo, aproximadamente un años después de esa adjudicación considera “imprescindible y justificado” que el servicio se prorrogue por el tiempo estrictamente necesario y por un importe mensual de más de 15.000 euros hasta que se realice una nueva adjudicación (esta vez con importe de licitación de 318.000 euros). Pero el mismo contrato se prorroga una segunda vez en marzo de 2010 a propuesta del consejero delegado Miguel Giménez de Córdoba.

El contrato para el control de entradas 

En cuanto al contrato para el servicio de gestión de control de entradas y gestión de la base de datos en las obras de la fase 1 del Campus de la Justicia, de igual modo, no consta que se constituya mesa de contratación para la apertura de la licitación, que de base se estimaba en 59.280 euros.

Al mismo se presentan sólo dos empresas, Serygur Servicios SL y CODE Servicios SA. Gómez Gordo una vez más elabora informe en marzo de 2008 y estima que la mejor oferta es la de Serygur Servicios SL y rechaza la otra por no cumplir requisitos de experiencia y conocimientos en prevención de riesgos laborales a pesar de que la oferta era más de 3.000 euros más barata.

Tal y como ocurrió con el anterior contrato, Gómez Gordo un año después considera imprescindible prorrogarlo a razón de 4.913 euros al mes, y lo mismo ocurre un año después, ya en marzo de 2010.

Por esos tres contratos, el juez considera que debe ser investigado para que ofrezca explicaciones sobre los mismos, dado que “de las actuaciones practicadas resulta indiciariamente que pudo tener participación en los hechos objeto de investigación de la causa”.