El juez retira la acusación policial de delito contra una institución a los activistas climáticos ante el Congreso

El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid ha citado para los próximos días 30 de marzo y 15 de abril a los 14 activistas que lanzaron agua con remolacha contra el Congreso de los Diputados en abril del pasado año para alertar de la necesidad de adoptar medidas urgentes contra el cambio climático. En el auto, el magistrado retira el delito contra las instituciones del Estado que la Policía había incluido en su atestado, y reduce la acusación a daños contra el patrimonio.  

La Brigada Provincial de Información de la Policía abrió una investigación por los delitos de daños, desórdenes públicos, resistencia a la autoridad y contra las altas instituciones del Estado, después de que el letrado mayor del Congreso forzara la inclusión de ésta última en el atestado, tal y como informó elDiario.es. En la notificación que han recibido los investigados aparece que la causa se sigue únicamente por un delito de daños contra el patrimonio. 

Según un escrito entregado a la comisaria de la Policía Nacional en la Cámara Baja, Carlos Gutiérrez Vicén respondió a la consulta de la Policía asegurando que la sesión plenaria que se celebraba aquel día sufrió “una alteración notoria”, lo que permitía encajar la protesta en el citado tipo penal que acarrea hasta un año de prisión.  

Gutiérrez Vicén alegaba en su escrito que los diputados hicieron referencia desde la tribuna de oradores a los hechos –en realidad fue la ministra de Transición Ecológica y porque la noticia había sido publicada en los medios digitales–, así como que la comisaria del Congreso se vio obligada a avisar al ministro del Interior, presente en el pleno. 

El artículo 494 del Código Penal castiga con entre seis meses y un año de cárcel a los que “promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones” ante las sedes de parlamentos nacionales o autonómicos, siempre que las cámaras estén reunidas y se “altere su normal funcionamiento”.

El fiscal del caso receló de esta interpretación de la supuesta alteración del pleno y solicitó que se oficiara a la Presidencia del Congreso para que informara si la protesta “supuso realmente una perturbación grave de la sesión plenaria (…), si motivó alguna suspensión, interrupción o retardo respecto a los asuntos que estaban señalados en el orden del día, si motivó alguna incomparecencia de algún diputado que posteriormente justificara su inasistencia por no haber podido acceder a la cámara o cualquier otra alteración relevante que en la actuación de los diputados pudieran haber causado dichos hechos que se investigan en este procedimiento”.

La respuesta de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ya está incorporada a la causa que sigue el juzgado de instrucción número 30 de la capital. En cuatro puntos, Batet confirma los anteriores extremos –la referencia a la protesta de la ministra Teresa Ribera y que se informó a Grande-Marlaska– y añade que el orden del día “se desarrolló de conformidad con las previsiones reglamentarias en cuanto al orden e intervención de los oradores”.

La presidenta del Congreso rectifica al letrado mayor y añade que “el curso de la sesión no fue suspendido ni interrumpido, desenvolviéndose temporalmente de acuerdo con la asignación de tiempos para cada punto del orden del día”. Batet añade: “No consta a esta Presidencia comunicación alguna por parte de miembros de la Cámara en la que se pongan de manifiesto dificultades para asistir a la sesión plenaria del 6 de abril de 2022”.

Antes de la rectificación de Batet al letrado mayor de la Cámara, el fiscal Guillermo de Ávila ya había puesto sordina a las conclusiones del alto funcionario en su escrito de petición de diligencias: “Lo que realmente más se vio alterado en su normal funcionamiento no fue tanto el órgano legislativo como el normal funcionamiento de la unidad policial especial adscrita al órgano constitucional”, decía. 

Sin marcha atrás en el calentamiento global

Dos centenares de activistas contra el cambio climático se concentraron frente al Congreso el 6 de abril pasado. Se trataba de una acción enmarcada dentro de protestas mundiales a raíz de la publicación de un informe del Panel Científico de la ONU advirtiendo de la irreversibilidad del calentamiento global y de las consecuencias que provocará en todo el planeta si no se toman medidas drásticas y urgentes. 

De entre los manifestantes, un grupo de ellos lanzó en un momento de la protesta lo que parecía pintura contra la fachada del Congreso, la escalinata y los leones. A continuación protagonizaron un sentada pacífica. La pintura no resultó tal sino agua teñida de remolacha para no causar daños al edificio público. 

Las detenciones se produjeron el 15 y 16 de junio. Portavoces policiales negaron que la acusación contra una institución del Estado fuera uno de los motivos de los arrestos, según había adelantado elDiario.es y como así constaba en las actas de detención y el atestado policial. La mayoría de los activistas fueron arrestados al responder a la citación que habían recibido para acudir a la sede de la Brigada Provincial de Información.