Tres agentes antidisturbios de la Policía Nacional han sido juzgados este jueves en Madrid, acusados de mentir ante los tribunales y acusar a una joven de patearles en una manifestación de Rodea el Congreso de 2013 cuando los vídeos no muestran ningún tipo de agresión física por su parte. La Fiscalía y la acusación han hecho definitivas sus peticiones de hasta dos años y medio de prisión para ellos: “Si no llegamos a encontrar ese vídeo a mi patrocinada la hubieran condenado sin lugar a dudas”, ha dicho el abogado de la manifestante, que ha lamentado en el juicio haber estado imputada seis años hasta que fue absuelta. Los tres policías, uno de los cuales no es acusado por la afectada, han negado haber mentido y han alegado que, varios años después, no recordaban bien los hechos. La Abogacía del Estado, que representa en el proceso al Ministerio del Interior, ha pedido que sean absueltos.
El montaje policial que denuncia esta manifestante arranca hace más de una década, en diciembre de 2013, cuando acudió con su pareja a Madrid a una manifestación de 'Rodea el Congreso' que, ese año, centraba sus protestas en la 'Ley Mordaza', por aquel entonces todavía un proyecto salido del Consejo de Ministros de Mariano Rajoy. Los dos vieron cómo otros manifestantes reventaban un coche de Policía Municipal e intentaron abandonar la zona cuando se vieron atrapados por distintas unidades de antidisturbios de la Policía Nacional. Fue detenida, según se le dijo entonces, por llamar “hijo de puta” a uno de los agentes.
El caso llegó a juicio seis años después y la mujer se sentó en el banquillo bajo una petición de tres años de cárcel de la Fiscalía por resistencia y desórdenes públicos. El atestado inicial de la Policía reflejaba los insultos, pero los agentes antidisturbios fueron ampliando las acusaciones durante la investigación y durante el juicio: hablaron de patadas y puñetazos y actitudes violentas. Varios manifestantes fueron condenados por los disturbios pero ella fue absuelta: un vídeo encontrado por su defensa a última hora demostraba que, lejos de haber pateado a un policía, ella había sido objeto de una detención “absolutamente desproporcionada”.
La inexistente agresión se transformó en un juicio contra los tres policías que firmaron el atestado y declararon en el proceso, que este jueves han declarado como acusados. Un juicio en el que las defensas han centrado sus esfuerzos en ensalzar el ambiente de violencia y tensión de la manifestación y en alegar que, tantos años después, es normal que no recuerden todos los detalles. El principal acusado, ahora policía jubilado pero ese día al frente de más de 400 policías como coordinador del operativo antidisturbios, ha insistido en que fue pateado: “Ella empieza a gritar, me pega un a patada en la pierna, me agrede en el pecho”, ha dicho.
Fue él quien elaboró el atestado que no reflejaba las patadas y puñetazos que luego, años después, sí recordó en sede judicial. El atestado, ha dicho, fue una “síntesis”. “Llevo en orden público desde 1992, he recibido muchísimas agresiones y en ningún atestado he puesto que he sido agredido, solo en uno”, ha dicho. La acusación particular, ejercida por el abogado Eric Sanz de Bremond de la Comisión Legal Sol, ha preguntado si conoce la diferencia penal entre resistirse a una detención y agredir a un agente: “Yo no sé la calificación penal que puedan tener esos hechos. Yo digo lo que ocurrió”, ha dicho el policía. Los tres han negado haber mentido.
Otro de los policías acusados, que también firmó ese atestado y luego fue añadiendo las agresiones físicas al relato a medida que avanzaba el proceso judicial, ha reconocido que recordaba los hechos “grosso modo” y que la mujer “lanzó patadas que no sé si impactan o no. Después su compañero se abraza y ella lanza patadas y manotazos, no veo que impacte con nadie”. Si en su primera declaración judicial no mencionó esas patadas, dice, fue porque nadie le preguntó.
La víctima ha comparecido para ofrecer una versión opuesta. Tanto ella como su entonces pareja, también juzgado y absuelto en el proceso penal por los disturbios, intentaron abandonar la zona cuando ocurrieron los disturbios pero quedaron atrapados entre unidades policiales. “Me quedé abrazada con mi compañero, en ningún momento lanzo una patada”, ha dicho. Ha reiterado que en ese momento pregunto dos veces al mando policial por el motivo de su detención y no habló de ninguna patada ni ningún puñetazo: “Me contestó que estaba detenida por llamarle hijo de puta”.
“La motivación era justificar la detención”
Tanto la Fiscalía como la acusación particular han hecho definitivas sus peticiones de cárcel. En el caso del Ministerio Público son dos años y medio de cárcel por falso testimonio para los tres agentes, mientras que la acusación ha renunciado a pedir condena al tercer policía al entender que fue inexacto en sus declaraciones pero no atribuyó una agresión a la afectada, solo una actitud de resistencia.
El fiscal José Luis García Navas ha hecho definitivas sus acusaciones, pero se ha expresado en términos menos contundentes que en su escrito de calificación. Ha abierto la puerta a que la Audiencia de Madrid aplique subtipos atenuados del delito de falso testimonio hasta el punto de que una condena de cárcel se sustituya por una multa, e incluso ha puesto en duda su propia petición de prisión al policía que no es acusado ni por la víctima, lo que ha generado el enfado de la defensa del agente. “Hay que modificar las conclusiones”, le ha reprochado al fiscal.
Para el representante del Ministerio Público, todos faltaron a la verdad en el juzgado y en el juicio. No para perjudicar a la manifestante, sino para reforzar la procedencia de su detención. “La motivación era justificar la detención”, ha dicho el fiscal. “En el vídeo no he visto ni empujones, ni patadas ni puñetazos. En el juicio dan un salto cualitativo para justificar la motivación de esa detención”, ha explicado.
Sanz de Bremond, después de recordar al tribunal que en este proceso no se juzgaba a la víctima del supuesto montaje sino a los policías, ha sido contundente: “Se ha faltado a la verdad. Tienen la experiencia suficiente para diferenciar entre mover los brazos y acometer con patadas y puñetazos, van engrosando sus declaraciones”, ha dicho. “Es evidente que faltaron a la verdad conscientemente. No olvidemos una cosa: si no llegamos a encontrar ese vídeo, a mi patrocinada la hubieran condenado sin lugar a dudas”.
Las defensas han pedido la absolución de los agentes. Después de que sus clientes hayan insistido en que las patadas, efectivamente, se produjeron, los abogados se han limitado a defender que la confusión del momento y el paso del tiempo disculpan las posibles inexactitudes en su testimonio. “Hoy por hoy salvo que seas catalán no rehabilitan a ningún funcionario policial en la vida”, ha dicho el abogado del tercer agente, solo acusado por la Fiscalía.
El abogado del Estado, en representación del Ministerio del Interior, ha pedido la absolución: “Es normal que pueden entremezclar intervenciones y que falle la memoria, pero ninguno tuvo la intención de faltar a la verdad conscientemente para perjudicar a la querellante”. Incluso, ha explicado cómo podrían haberlo hecho: “Solo hubieran tenido que decir que estaba en el grupo que lanzaba objetos”.