Los 3.748 letrados de la administración de Justicia que prestan servicio en juzgados y tribunales de toda España están llamados a partir de este martes a una huelga indefinida que amenaza con impedir la celebración de miles de juicios y declaraciones. La convocatoria llega en un momento de máxima tensión con el Ministerio de Justicia, cuyo ‘número dos’, Tontxu Rodríguez, compareció en una rueda de prensa en la que acusó a los convocantes de promover una huelga “política”.
“Es una huelga contra el pueblo, sin finalidad profesional. Quieren hacer rehenes a los ciudadanos y perjudicarles con su endiosamiento”, dijo el secretario de Estado. Los huelguistas respondieron pidiendo su cese. “Nadie con ese lenguaje, con tanta irresponsabilidad, puede seguir ocupando un cargo público”, afirmó el comité de huelga en un comunicado.
La huelga está convocada por las tres asociaciones profesionales de este cuerpo de funcionarios: el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ). Entre otras medidas, estos colectivos reclaman mejoras salariales y vincular sus retribuciones a las de la carrera judicial. En su comparecencia, Rodríguez trató de restar credibilidad a estos paros al margen de los sindicatos, a los que definió como “verdaderos representantes de los trabajadores”. E insistió en que los letrados “no son jueces, no son fiscales y no lo van a ser”.
La labor de los letrados de la administración de Justicia es clave en juzgados y tribunales. Estos altos funcionarios –pertenecen al grupo A1, el mismo que jueces y fiscales– dirigen la oficina judicial, impulsan los asuntos, dictan resoluciones y gestionan las cuentas judiciales desde las que se abonan pensiones alimenticias, embargos o indemnizaciones y que tienen un saldo medio de 4.500 millones de euros. También actúan como fedatarios públicos en las vistas, con lo que su ausencia obligará a suspender juicios en un sistema ya muy saturado en el que la media de resolución de los sumarios penales está en 14 meses. Los convocantes estiman que la huelga obligará a suspender más de 9.000 juicios al día.
195 euros de complemento
El conflicto que ahora le ha estallado a la ministra Pilar Llop se remonta a hace más de una década, cuando una reforma procesal aligeró en 2009 las tareas de los jueces y aumentó en un 30% las competencias a los letrados, aunque sin aumentar su retribución. Tras doce años esperando una adecuación salarial, el Ministerio de Justicia y los sindicatos acordaron en abril de 2021 mejorar el régimen retributivo de estos funcionarios a través de un complemento de 195 euros brutos mensuales, lo que supone un aumento del 5,26% en su salario anual.
En rueda de prensa, Rodríguez explicó que el salario de los letrados crecerá de media un 14,76% en los próximos tres años gracias a esta subida y el alza que con carácter general van a experimentar los sueldos de los funcionarios. Según datos del Ministerio de Justicia, los letrados de la administración de Justicia cobran entre 39.011,80 y 60.826,79 euros brutos anuales, lo que supone entre un 80 y un 145% más que otros funcionarios de la Administración General del Estado de sus mismos niveles.
Tras más de una década de espera, las asociaciones convocantes consideran insuficiente la citada subida de 195 euros mensuales. Y reconocen que esta cifra está en el origen de las reivindicaciones de los últimos meses, que han incluido otras cuatro convocatorias de huelga hasta llegar al actual paro indefinido. Esas huelgas ya obligaron a suspender juicios y declaraciones.
“Fue un acuerdo humillante, la indignación que sentimos ante esa cantidad nos ha llevado a esta situación”, afirma Juan José Lláñez, miembro de la UPSJ e integrante del comité de huelga, que reconoce que existen roces con los “sindicatos generalistas”, a los que acusa de haber perjudicado al colectivo con determinadas actuaciones como la impugnación del real decreto que mejoraba sus retribuciones cuando tienen que hacer sustituciones.
Lláñez afirma que la huelga es consecuencia del “quebrantamiento reiterado” de los acuerdos comprometidos con el Ministerio de Justicia. Y cita especialmente dos asuntos que los convocantes consideran “nucleares” y que siguen sin desencallarse. Por un lado, la revisión de los llamados grupos de población para mejorar la retribución de los letrados destinados en lugares con menos habitantes y que “cobran sueldos menores con cargas de trabajo similares”. Y, por otro, la llamada “cláusula de enganche”, con la que pretenden que la masa salarial del cuerpo de letrados no pueda ser inferior al 85% de la masa salarial de la carrera judicial.
La posición de los convocantes dista enormemente de la del Ministerio de Justicia, donde aseguran haber “cumplido con lo que las asociaciones venían reclamando” y no ven “motivos suficientes” para mantener la huelga. Como ejemplo de esos avances, Rodríguez destacó que ya se han normalizado los procesos administrativos demorados, en particular en materia de acceso al cuerpo, con las convocatorias de ofertas de empleo público correspondientes a 2019, 2020 y 2021. También recordó que la retribución por las entradas y registros se ha incrementando en un 300%: de 30 a 110 euros.
Respecto a esta “cláusula de enganche”, el secretario de Estado aseguró que en abril el acuerdo era que el porcentaje fuera del 75% y que han sido las asociaciones profesionales las que han cambiado su criterio. “Nosotros no hemos cambiado”, aseveró.
Los convocantes, sin embargo, acusan al departamento que dirige Llop de tener una “posición inmovilista y displicente” e intentan mantener vivo un conflicto en el que llegaron a apelar a la “autoridad” del presidente Pedro Sánchez ante la “gestión insensible e irresponsable” del departamento que dirige Pilar Llop.