Caso Nóos: los ocho folios perdidos con los que arrancó el calvario judicial de la familia real

Ocho folios en una montaña de papeles. El hallazgo de una documentación que No debía estar ahí en una diligencia del caso Palma Arena en el verano de 2010 supuso el arranque del caso Nóos. Entonces, ni el fiscal que descubrió aquellas hojas, Pedro Horrach, podía intuir que la causa acabara ocho años después con el primer miembro de la familia real, hoy apartado, entre rejas.

El ingreso en la cárcel de Iñaki Urdangarin en los próximos días supone el colofón a la causa que ha evidenciado que la Casa Real española ha sido utilizada para hacer negocios, que el PP balear estuvo de por medio, y también que un grupo de funcionarios ha superado todas las adversidades y ha logrado que una hermana e hija de reyes sea condenada, como responsable civil, por haberse beneficiado del dinero obtenido de forma ilícita por su marido.

En aquel lejano verano de 2010, el juez José Castro y su entonces aliado el fiscal Pedro Horrach llevaban meses investigando el millonario sobrecoste del velódromo Palma Arena, construido en la época de Jaume Matas como presidente de Baleares. Habían pedido a la fundación pública Illesport toda la documentación que guardara y ésta envió una marea de documentos.

Entre la montaña de papeles, Horrach encontró ocho folios que nada tenían que ver con el Palma Arena. En el documento, Illesport adjudicaba la organización de tres jornadas deportivas a un desconocido para el fiscal Instituto Nóos, al frente del cual aparecía un tal Diego Torres. En total, 1,2 millones por organizar tres días de jornadas deportivas. La adjudicación había sido sin concurso y denunciada en 2006 por los socialistas mallorquines quienes, por causas que se desconocen, dejaron de preguntar al Ejecutivo autonómico por el caso.

Horrach vio que el dinero iba a parar a varias sociedades, incluida Aizoon. Buceó en el registro mercantil y encontró al frente de la misma a Iñaki Urdangarin. Llamó a declarar a Diego Torres y éste, ya enemistado con su antiguo socio, declaró que el duque de Palma era el encargado de tratar con las autoridades y que cobraba a través de Aizoon. Había nacido el caso Nóos sin que en aquel momento trascendiera. Hasta que el 7 de noviembre de 2011, el juez Castro ordenó registrar las oficinas de la ONG en Barcelona. Estallaba el mayor escándalo vinculado a la familia real española.

“A mi me interesó colaborar con el duque de Palma porque era el duque de Palma. No todos somos iguales”, declaró años después a Jordi Évole el entonces presidente balear, Jaume Matas. Con esa frase, resumía el caso Nóos. Este martes, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le ha puesto otras palabras en la sentencia: Urdangarin se valió de la “situación de privilegio que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una una hija de quien era entonces jefe del Estado”, en referencia a Juan Carlos I, y también de su relación con Pepote Ballester, una vieja gloria de la vela española enrolado, como otros deportistas de élite, en el Partido Popular.

A la espera de que Urdangarin recurra al Constitucional o pida al Gobierno su indulto, la sentencia del Tribunal Supremo supone el epitafio al episodio más delicado de la familia real española desde que se restauró la democracia. Entre el arranque del caso y hoy, ha cambiado el jefe del Estado, la cabeza visible de la monarquía española. El caso Nóos supuso una quiebra en la credibilidad que Juan Carlos I tenía desde la transición española, con un sumario que recogía alusiones a su papel de mediador en negocios, al tiempo que presentaba a los españoles a su amiga Corinna Zu-Wittegenstein, una comisionista internacional con el que el rey pasaba un tiempo libre que sufragan los ciudadanos.

“Respeto absoluto a la independencia del poder judicial”, respondía este martes un portavoz de la Casa del Rey a la petición de un comentario sobre la sentencia. Esta respuesta se instaló en Zarzuela coincidiendo con la coronación de Felipe VI. La toma de distancia con la etapa anterior ha sido la constante. En 2011 ya se apartó a Urdangarin de la actividad de la familia real. La insistencia de su mujer en no abandonarle también la alejó de la corta. Y de su propia familia. Solo el escándalo de los mensajes de apoyo de los actuales reyes al empresario Javier López Madrid, imputado en varios casos de corrupción, ha ensuciado la trayectoria del actual monarca.

“Su majestad me comenta...”

El cuñado del rey, Iñaki Urdangarin, había conocido a Diego Torres cuando éste impartía clases en la prestigiosa escuela de negocios ISADE de Barcelona. Se hicieron amigos y la peculiar percepción de la empresa que ambos tenían los llevó a crear una ONG. La historia de su pequeño emporio está en el sumario y en los correos electrónicos que Torres guardó y que se airearon después de romper su amistad con el duque.

A través de esos correos se supo que Urdangarin consultaba todos sus movimientos al secretario de las infantas, Carlos García Revenga, lo que motivó la imputación de éste durante una temporada. En el juicio compareció como testigo, al igual que el conde de Fontao, quien participó en la creación de una fundación con la que Urdangarin dio continuidad a sus negocios. Pero los mensajes alcanzaron más alto. “Su majestad me comenta”, “pongo en copia a tu suegro…” fueron algunas de las referencias de los mensajes que desmotrarían que, a través de la princesa Corinna, el rey mediaba a favor de los intereses de Urdangarin e, incluso, que tenía conocimiento de lo que hacía.

Con la sentencia ‘caliente’ en los medios de comunicación, el José Castro, declaraba este martes a La Sexta que Juan Carlos I debería haber declarado “como imputado” por el préstamo de 1,5 millones de euros que realizó a la infanta Cristina para que comprara el palacete de Pedralbes. La figura de “inviolabilidad” que cubre al rey lo hizo imposible.

A mediadios de la década pasada, Urdangarin había empezado a tocar unas puertas que se le abrían, por ser quién era, de par en par. En noviembre de 2005, él y Torres organizaron un congreso de deporte y turismo en Palma por el que cobraron 1,2 millones de euros imposibles de justificar. Hacía una semanas que el asesor legal de Juan Carlos I, el conde de Fontao, había sugerido a Urdangarin que reorientara sus negocios. Fue la primera de una serie de advertencias que prueban el conocimiento que en la Casa del Rey había de las actividades del duque de Palma. Urdangarin siguió adelante. Dejó Nóos y creó una Fundación para, básicamente, seguir recibiendo dinero público. En total, 6,2 millones de euros entre Valencia y Baleares.

Parte de ese dinero de la corrupción fue a parar a Aizoon, una sociedad que Urdangarin compartía al 50% con la infanta. Con ella facturaba como Impuesto de Sociedades ingresos que debían ser gravados como IRPF. Cristina de Borbón también ahorraba en impuestos, al tiempo que gastaba con la tarjeta de la empresa. Ante el juez aseguró en 2014 que desconocía el origen y la declaración irregular de los ingresos. La comparecencia como imputada se prolongó seis horas y estuvo plagada de expresiones como “no lo sé”, “no lo recuerdo” y “no me consta”. Por primera vez un familiar directo del rey se sentaba obligada a dar explicaciones ante un juez. Dos años después insistió ante el tribunal: “Confío plenamente en mi marido y en que ha estado bien asesorado”.

La Audiencia de Palma absolvió a la infanta penalmente, pero asumió la tesis del fiscal Horrach de que era responsable civil a título lucrativo por los delitos con Aizoon y le condenó a pagar 265.088 euros. El Tribunal Supremo ha corregido en parte al tribunal de primera instancia al considerar que ella no debe responder por el delito fiscal de su marido. A Cristina de Borbón se le devolverán 128.138 euros en ese concepto.