El PP tuvo en su mano durante 40 segundos dar un duro golpe al Gobierno de coalición. Fue el lapso de tiempo en el que la contrarreforma laboral capitaneada por Yolanda Díaz estuvo derogada, ante la incredulidad de casi todos. Era un fallo del Letrado Mayor del Congreso, que contó mal y provocó que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, cantara, sin comprobarlo, un resultado que no era. El breve lío motivó una respuesta muy airada del PP. Incluso excesiva, ya que el Ejecutivo tenía cerrada una leve mayoría de tres votos para convalidar el real decreto ley. Pero la diferencia fue menor, apenas un voto: tras la traición de UPN, el error del diputado del PP Antonio Casero propició la exigua, y suficiente, victoria. La nueva normativa laboral ya está en vigor, pero los de Pablo Casado confían en que un Tribunal Constitucional con mayoría de magistrados designados por ellos mismos la tumbe.
El primer paso del plan del PP pasa por aumentar la presión política y mediática sobre Batet. Pablo Casado aprovechó una visita sin periodistas a una empresa de logística en Soria para enviar a los medios una declaración enlatada en la que señaló a la presidenta del Congreso como posible “prevaricadora”. “Vamos a pedir a la Mesa que reconsidere. Si no lo hace, la presidenta podría estar prevaricando, tendría consecuencias judiciales. Iremos al Tribunal Constitucional en amparo”, dijo, para zanjar: “Debe tener consecuencias severas de inmediato”.
Pero desde el PP no concretan qué quiere que “reconsidere” la Mesa. Ni ofrecen la más mínima prueba del “fallo informático” al que achacan el error de su diputado. Oficialmente, lo único que han solicitado es que se paralice la publicación en el BOE de la convalidación del real decreto ley y una reunión del máximo órgano de gobierno del Congreso para “abordar la petición” de Casero “de anular el voto telemático realizado por él y recibir la consiguiente autorización para votar presencialmente”.
El diputado, en medio de una tormenta político-mediática, ha desaparecido del mapa desde la tarde del jueves, cuando logró acceder al Salón de Plenos pese a que ya era tarde para deshacer su error. Ni una entrevista o un comunicado. Solo un escrito a la Mesa en el que vuelve a insistir en el relato del fallo informático, que se tambalea porque él mismo votó en sentido contrario al definido por el grupo en al menos otras dos de la treintena de votaciones que se celebraron al final de la sesión parlamentaria.
Pese a que Casero, y el PP, insisten en el fallo informático, el argumentario avanza y se situaba este viernes en que existe una falla en el derecho de representación popular. “El resultado no expresa la voluntad popular”, asegura Casero en su escrito a la presidenta del Congreso. De hecho, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró el viernes que desconoce “si hay un error informático o humano”. “Pero lo que está claro es que no puede haber una nueva legislación en España basada en un error”, concluyó.
El PP, así, ya tira por elevación, tal y como expresó Gamarra en una entrevista en Antena 3, también el viernes: “El resultado de la votación del Congreso no se correspondió con la voluntad mayoritaria de la Cámara”, dijo. Pese a una proclama tan contundente, Gamarra siguió sin concretar qué quiere que haga la Mesa del Congreso. “Está a tiempo de buscar un sistema de corrección”, se limitó a señalar en la misma entrevista. Pero, como Casado, tampoco especifica en qué se concreta esa “corrección”. La propia Gamarra remitió un escrito a la Mesa en el que simplemente pide que se reúna. En la tarde del viernes llegaron otros dos escritos. Uno, firmado por la vicepresidenta segunda, Ana Pastor, y el secretario cuarto, Adolfo Suárez Illana, en el que insistían en la petición de que se reuniera la Mesa. El último, firmado por Gamarra, ignoraba ya la referencia al “fallo informático” y hablaba directamente de “vulneración del Estado de derecho” y del “sistema democrático”.
La apelación en los escritos oficiales registrados apuntan a un recurso ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Así lo avanzó Casado en su mensaje enlatado: “Iremos al Tribunal Constitucional en amparo”. Este tipo de acciones suelen resolverse rápidamente, precisamente por referirse a este tipo de derechos. Otra vez Casado: “Debe tener consecuencias severas de inmediato”.
La actual composición del Tribunal Constitucional es favorable al sector conservador, aunque hasta ahora solo han permitido una repetición de una votación cuando el diputado efectivamente no ha podido votar, y lo demuestra. El presidente, aunque temporal, es el exrector de la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro González-Trevijano, quien accedió al puesto a la vez que el Congreso renovó el tercio que le corresponde de los magistrados del alto tribunal, entre ellos alguien muy cercano a Pablo Casado: Enrique Arnaldo. La otra magistrada propuesta por el PP fue Concepción Espejel, señalada por sus propios compañeros de la Audiencia Nacional por su cercanía al partido. El actual equilibrio, incluida la presidencia de Trevijano, está a punto de expirar. Teóricamente.
En junio debe renovarse otro tercio del Constitucional. Dos magistrados serán directamente designados por el Gobierno y los otros dos, por el Consejo General del Poder Judicial. El problema es que el órgano de gobierno de los jueces está en funciones, con su mandato caducado desde hace más de tres años –y sin capacidad de hacer nombramientos tras un cambio legal impulsado por PSOE y Unidas Podemos como forma de presión para su renovación– y, pese a lo que pareció tras el acuerdo de hace unos meses, cuando en Moncloa confiaban en desatascar la renovación de todos los órganos constitucionales, sin visos claros de que el PSOE y el PP logren un acuerdo para elegir un nuevo CGPJ.
No está claro si el Gobierno podrá nombrar sus dos magistrados aunque el CGPJ no haga lo propio con los suyos ya que la Constitución establece una renovación “por tercios”, es decir, de cuatro en cuatro. Cualquier retraso en este movimiento podría permitir al actual Constitucional dilucidar sobre la votación de este jueves. No es descartable, incluso, que no haga falta siquiera llegar a ese extremo y que el tribunal se pronuncie antes al tratarse de derechos fundamentales.
El PP da así un paso más en su guerra sin cuartel contra el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Si desde la investidura de Pedro Sánchez, en enero de 2020, los de Pablo Casado señalan al Ejecutivo por no tener “legitimidad” para gobernar, ahora suman directamente una acusación de “pucherazo”, es decir, de robar una votación parlamentaria. Y queda por delante algo menos de media legislatura.