El PP explota la división de la mayoría del Gobierno para tumbar los impuestos a la banca y a las rentas más altas

La reforma fiscal previa a los Presupuestos Generales de 2025 que negocia el Gobierno con sus socios parlamentarios pende de un hilo. Las partes se han dado una nueva oportunidad para armonizar posiciones que parecen irreconciliables. Lo único seguro es que, por mandato europeo, España pondrá un suelo del 15% al Impuesto de Sociedades de las multinacionales. El impuesto a la banca, a las rentas del capital y el especial para las energéticas están en el aire. ERC, EH Bildu y Podemos, por un lado, frente a PNV y Junts. Y estos han recibido a última hora un respaldo del PP.

La UE ha obligado a sus países miembro a establecer un tipo mínimo efectivo para las grandes empresas con el objetivo de impedir la competencia fiscal desleal que en el pasado benefició a países como Irlanda. La directiva europea debe entrar ya en vigor en España, que se enfrenta a cuantiosas multas si no lo hace. 

El Gobierno vio en esta tramitación la posibilidad de ampliar el paquete y añadir medidas fiscales que le podrían permitir allanar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2025, pieza clave para que Pedro Sánchez pueda continuar con la legislatura. 

El PSOE, que lleva la voz cantante de la negociación en el Gobierno, pactó con los aliados más a la derecha, PNV y Junts, prolongar tres años el impuesto extraordinario a la banca, que acumula beneficios récord, y aplicar subidas fiscales al tabaco, a los hidrocarburos y a las rentas del capital.

La contrapartida era eliminar el impuesto, también extraordinario, al beneficio de las energéticas. PNV y Junts comparten intereses en este sector, muy importante en Euskadi y en Catalunya, especialmente en Tarragona. La patronal Foment del Treball ha dejado clara su postura.

Luego llegó el acuerdo del PSOE con Sumar, que amplía la presión fiscal a las rentas más altas y convierte en permanente el impuesto a la banca. Pero el energético seguía fuera del pack.

El problema es que el Gobierno no tiene la mayoría parlamentaria para sacar esta reforma porque tanto ERC como EH Bildu y Podemos exigen que en paquete entre el impuesto a las energéticas. 

Y el choque con los dos socios de la derecha ha sido fuerte. Tanto, que el normalmente sosegado portavoz en Madrid del PNV, Aitor Esteban, compareció esta misma semana visiblemente azorado en la que pidió unos “mínimos comunes” en la negociación.

La negociación tenía como fecha tope este pasado jueves, pero el Gobierno asumió que no tenía la mayoría necesaria y optó por desconvocar la sesión de la Comisión de Hacienda hasta el lunes.

Porque los grupos de izquierdas están dispuestos a hacer valer sus votos que “valen lo mismo que los de las derechas”, según explican desde los grupos negociadores a elDiario.es. “Han cerrado un pacto con las derechas para eliminar el impuesto a las grandes energéticas y pretenden un trágala de EH Bildu, ERC y Podemos”, añaden.

En la izquierda parlamentaria temen que el Ministerio de Hacienda quiera limitar la reforma fiscal a este paquete que ahora se negocia y obviar otras de sus reclamaciones de cara a la negociación presupuestaria.

El PP, a la caza de los Presupuestos

En la ecuación ha aparecido un nuevo factor: el PP. Los de Alberto Núñez Feijóo han visto la oportunidad no solo de evidenciar la fragilidad de la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno, sino de hacer más difícil un acuerdo para esta reforma fiscal y, por extensión, limitar las opciones de Sánchez de sacar las cuentas públicas del año que viene.

En un comunicado remitido a los medios este jueves, el PP planteó que el Gobierno quiere “colar otra oleada de impuestos en perjuicio de la mayoría de los ciudadanos, que sufren ya un auténtico infierno fiscal”. Pero añadió: “El PP está en contra de cualquier subida impositiva, y solo apoyará las que vengan impuestas por el marco comunitario, como es el caso de la transposición de la directiva sobre el mínimo complementario de sociedades pactado en Bruselas”.

Es decir, el PP sí votaría a favor de establecer un mínimo del 15% a Sociedades, pero no el resto, lo que limita la presión que se pueda ejercer desde el Gobierno y desde la izquierda parlamentaria contra PNV y Junts quienes además no quieren nada más allá que ratificar esa misma directiva.

En un segundo comunicado ese mismo jueves, el PP abundó en la “la debilidad parlamentaria del Ejecutivo” y reiteró que el partido de Feijóo “solo apoyará las que vengan impuestas por el marco comunitario”.

Desde la izquierda han recogido el guante y, según han explicado los diferentes grupos a elDiario.es, están dispuestos a que de la Comisión de Hacienda solo salga lo que exige Bruselas y posponer la reforma legal para darla en el marco presupuestario, donde además se tienen que determinar los ingresos y gastos de todo el año.

“Una solución puede ser aprobar el paquete europeo tal cual, sin enmiendas”, apuntan desde EH Bildu. “Y lo de los impuestos tratarlo por otra vía, hay tiempo hasta el 31 de diciembre”, añaden. Podemos plantea también limitar la reforma a Sociedades y prorrogar seis meses el de banca y el energético, lo que daría más margen para negociarlos “en el marco de los Presupuestos”.

El Gobierno no quiere al PP

Pero el Gobierno no quiere oír hablar de apoyarse en el PP para sacar adelante la obligatoria transposición de la directiva europea. El Ejecutivo no quiere a la oposición en la foto de la reforma fiscal y prefiere apurar cualquier opción de sacar adelante un paquete de medidas impositivas de marcado carácter progresista con sus socios del Congreso. 

Por eso, explican desde el Gobierno, optaron por desconvocar por segunda vez en una semana la Comisión de Hacienda. “Si hemos desconvocado es porque apreciamos que hay agua en la piscina, porque vemos opciones” de acuerdo, señalan fuentes del Ejecutivo.

El Gobierno tiene recelos de apoyarse en los de Feijóo en un momento como este y en un asunto de tanta carga ideológica como la política fiscal. “La negociación tiene que ser por la izquierda porque tenemos pactadas medidas progresistas, como el impuesto a la banca que el PP rechaza”, añaden esas fuentes.

Lo que sí descartan en el departamento de María Jesús Montero es que exista margen para prorrogar más allá del 31 de diciembre el impuesto especial a las empresas energéticas. “Nosotros querríamos mantener ese impuesto, pero es que no nos salen los números. La mayoría del Congreso es la que es, y en eso el PNV y Junts se plantan, es imposible convencerlos”, concluyen en Hacienda.

La negociación del paquete fiscal transcurre paralela a las conversaciones emprendidas con los de Carles Puigdemont para las cuentas públicas del año que viene, las primeras de este Gobierno, el verdadero hito que prioriza el Ejecutivo con la mirada puesta en garantizarse una legislatura estable. Por eso no quieren dar ningún paso en falso con Junts que ponga en duda los Presupuestos.

La segunda prórroga para permitir la negociación será la última. La fecha límite es este lunes, cuando se ha programado, otra vez, la Comisión de Hacienda. Hacienda mantendrá conversaciones durante todo el fin de semana con partidos de izquierda como ERC, EH Bildu y Podemos para intentar convencerlos de que renuncien, al menos en este paquete legislativo, al impuesto especial a las empresas energéticas, último obstáculo para el acuerdo. Pero sin sacar del paquete los otros impuestos pactados con Sumar, PNV y Junts.

El Gobierno está abierto a poner otras propuestas sobre la mesa que acaben por seducir y poner de acuerdo a todos sus socios tanto a derecha como a izquierda. “Nos cuesta ver a partidos progresistas votando en contra de todo eso”, apuntan en el PSOE, donde ponen en valor que hayan sido capaces de arrancarle a partidos conservadores como PNV y Junts el resto de medidas. Pero los grupos de la izquierda de la Cámara no tienen prisa ni quieren cerrar la ventana de oportunidad de negociar medidas fiscales que serán clave para los ingresos del Estado y, por tanto, para las cuentas de 2025.