En plena recta final de las negociaciones con Junts para cerrar un acuerdo sobre la ley de amnistía que desbloquee definitivamente la investidura de Pedro Sánchez, el candidato del PSOE cuenta desde este lunes con un voto más garantizado. La número dos del partido y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha oficializado en el Congreso la firma del pacto con el Bloque Nacionalista Galego, cuyo diputado también resulta imprescindible para la reelección de Sánchez.
En el documento firmado con la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se incluyen 22 puntos centrados en infraestructuras, autogobierno y lengua galega. El acuerdo refleja el compromiso para que Galicia mantenga la misma posición que las otras dos nacionalidades históricas, Catalunya y Euskadi. “Cualquier modificación de la estructura del Estado asegurará a Galicia el mismo estatus que las otras dos”, reza el texto.
También refleja el acuerdo una mención específica a la reestructuración de la deuda autonómica a cuenta del pacto sellado también la semana pasada con ERC. El documento firmado con el BNG recoge que “en caso de condonaciones totales o parciales de la deuda adquirida por comunidades autónomas adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) se establecerán medidas compensatorias análogas para Galicia, en el marco de las compensaciones” a las comunidades que no hicieron uso del FLA, como es el caso gallego.
También recoge el documento un compromiso para “avanzar en el refuerzo de capacidad de decisión” de autogobierno mediante la propuesta de una convocatoria de comisión mixta de transferencias Estado-Xunta, antes de finalizar el año 2023, con el fin de “programar a lo largo de la presente legislatura la activación de la transferencia de la totalidad de competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Galicia”, así como las competencias que fueron objeto de consenso en el Parlamento de Galicia.
El BNG y el PSOE también han pactado medidas en el ámbito social como la ampliación del permiso de maternidad y paternidad a 20 semanas, garantizar la actualización de las pensiones conforme al IPC, así como incrementar las pensiones mínimas y no contributivas por encima de la revalorización de las pensiones contributivas, hasta alcanzar la media europea, y la creación de cinco nuevos Juzgados extraordinarios de Violencia de Género.
Asimismo, compromete al Gobierno a “aportar el 50 por ciento” que le corresponde a la Administración del Estado para financiar la Ley de dependencia y a garantizar que no se produce doble tributación en el caso de las pensiones del extranjero de los emigrantes retornados.