Un segundo juez rechaza suspender la licencia para exhumar a Franco: “La actuación urbanística no implica lesión”
Diferentes juzgados de Madrid han recibido una cascada de demandas para evitar que el Gobierno lleve a cabo la exhumación de los restos de Franco. Todas están redactadas igual y parten de un informe de la Fundación Franco. Lo que buscan es invalidar un informe técnico para impedir que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, donde está ubicado el Valle de los Caídos, conceda la licencia que se necesita para llevar a cabo las obras de retirada de los restos.
Uno de los demandantes ha logrado que un juez falle a su favor. El magistrado Yusty Bastarreche, muy significado contra las leyes de memoria, ha dictado un auto el pasado 25 de febrero, tres días después de recibir la demanda, que invalida el informe del Ayuntamiento. Su escrito da por bueno el informe de la Fundación Franco que invoca el denunciante y concluye que las obras ponen en riesgo “la vida”. El magistrado que firma el auto había escrito artículos con párrafos como este: “El Gobierno, con oscuras intenciones, ha hecho revivir, todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra Patria a aquellos momentos difíciles”.
Antes de que el magistrado Yusty Bastarreche firmase ese escrito, otros colegas suyos recibieron escritos idénticos que han desestimado.
Otro juez, también de lo contencioso administrativo, Daniel Sancho Jaráiz, había estudiado antes varias demandas parecidas y las había rechazado: “Dicha actuación urbanística no implica por sí misma una lesión al derecho fundamental del fallecido o sus familiares”, esgrime este magistrado que despacha la cuestión en página y media.
Una posición en las antípodas a la que ha defendido en su auto el juez Yusty Bastarreche quien ha razonado así su decisión: “No tiene sentido lógico ni jurídico alguno que una obra [...] pueda atentar contra uno de los pilares del Estado social y democrático del Derecho [...], esto es, poner en peligro la vida humana”.
Su colega responsable del juzgado de lo Contencioso número 13 de Madrid, sin embargo, concluye: “Dicha actuación urbanística no implica por sí misma una lesión al derecho fundamental del fallecido o sus familiares”, sentencia el responsable del Juzgado número 13 de lo contencioso-administrativo. “Del mismo modo que no quedado justificado de qué modo o de qué manera sería irreparable -desde el punto de vista urbanístico- la decisión de ejecutar la retirada de la lápida”.
El magistrado Daniel Sancho Jaráiz rechazó en un auto firmado este mismo martes las medidas cautelares solicitadas por otro demandante. Y no es la primera vez que el juez tiene se pronuncia en este sentido. El magistrado explica que ya había rechazado la petición de suspensión de la licencia el pasado diciembre, cuando se le solicitó por primera vez y reitera ahora los argumentos ante este nuevo intento, llevado a cabo a raíz del acuerdo del Consejo de Ministros sobre la exhumación. Ahora el TSJM confirma que este magistrado ha repetido la operación en cuatro casos.
“Se trata de una cuestión ya resuelta por este juzgado, sin que el hecho de que el Consejo de Ministros haya acordado el pasado día 15 de los corrientes la exhumación permita considerar variadas las circunstancias urbanísticas recogidas en el Auto de este Juzgado. El artículo 132 LRJCA permite revocar las medidas cuando se hubiera producido un cambio de circunstancias, pero en este caso, la cuestión urbanística, que es la que a nosotros compete no ha sido modificada ni han cambiado las circunstancias”, reza el auto con fecha 26 de febrero de 2019.
El Gobierno, que sigue adelante con su plan, considera que las demandas que están llegando a distintos juzgados son un “ejemplo del obstruccionismo del entorno” del dictador desde que Pedro Sánchez anunció su intención de sacar el cadáver de la basílica del Valle de los Caídos. “La finalidad de presentar multitud de demandas individuales con la misma fundamentación jurídica, en lugar de una sola, es clara: obligar a que sean muchos los Juzgados que deban conocer sobre este asunto, aumentando las probabilidades de que en alguno (como así ha ocurrido) se dé la razón a la parte demandante”, ha expresado Moncloa en un comunicado tras conocerse la suspensión de la licencia dictada por el juez Yusty Bastarreche.
El Ejecutivo considera que ahora la Justicia aglutinará todos los procedimientos derivados de esas demandas “en en uno solo para garantizar que exista un único pronunciamiento”. Así fuentes gubernamentales se muestran convencidas de que ningún otro magistrado aplicará las medidas cautelares que solicitan los demandantes para paralizar la exhumación del dictador.
“Hasta la fecha nos constan 12 demandas judiciales (todas con idéntica fundamentación, pero presentadas por personas diferentes) reclamando la suspensión y anulación de las actuaciones urbanísticas acordadas por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en relación con la exhumación de Franco. De esas 12 demandas, en 7 se han rechazado ya las medidas cautelarísimas y esta ha sido la única en la que el Juzgado ha admitido unas medidas cautelares urgentes”, señala el comunicado de Moncloa emitido a raíz del auto de Yusty Bastarreche, que se hizo conocido en la opinión pública por suspender un acto sobre el derecho a decidir.
