El sector conservador rechaza que haya “urgencia” para renovar el Constitucional pese a incumplir el plazo legal y no propone candidatos

La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones sigue sin concretar cuáles son sus candidatos para optar al Tribunal Constitucional. Es la principal conclusión de la reunión que han mantenido este miércoles los interlocutores de los sectores conservador y progresista, que tienen que ponerse de acuerdo en qué dos magistrados designan para el tribunal de garantías. Este segundo encuentro se ha producido una semana después de que acabara el plazo legal para hacer estos nombramientos, fijado el 13 de septiembre. Pese a ello, las partes no se han puesto de acuerdo ni en cuándo se reunirá de nuevo esta comisión negociadora.

En un comunicado, los vocales José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, representantes del sector conservador, afirman que la relevancia de estos nombramientos “exige que rija el principio de eficiencia y no el de urgencia”. Durante la reunión han informado a sus interlocutores que a día de hoy siguen sin estar en condiciones de presentar candidatos. Aseguran no haber recibido “ninguna candidatura ni oficial ni oficiosa, más allá de un mero contacto breve, informal e inicial mantenido por una sola persona con algún vocal a título individual”.

En otra nota, los representantes del sector progresista afirman haber reiterado su voluntad de alcanzar un acuerdo “en el plazo más breve posible” y, ante el estancamiento de las negociaciones, reiteran que no se hacen “responsables” de la “dilación” que se está produciendo. Para intentar acelerar el proceso, este grupo puso encima de la mesa el pasado viernes el nombre de nueve magistrados que han trasladado su deseo de optar al Constitucional. Entre ellos figuraba Rafael Fernández Valverde, magistrado jubilado y que hasta el pasado marzo era vocal del CGPJ a propuesta del PP. Y esta semana se ha sumado el de Inés Huerta, también considerada conservadora. 

En la reunión de este miércoles los progresistas pretendían arrancar al otro sector el compromiso de un “horizonte temporal” para hacer estos nombramientos. Su voluntad era cerrar un acuerdo antes del Pleno ordinario del próximo 29 y que las designaciones se pudieran hacer ese día. Pero no ha sido posible. Los vocales elegidos a propuesta del PP han rechazado esa propuesta. De hecho, su grupo no se reunirá de nuevo hasta el día 28 para ver con qué candidatos pueden contar. Y solo cuando haya un acuerdo interno se lo trasladarán a los progresistas.

Este escenario aventura que el próximo encuentro entre los representantes de ambos sectores no se producirá hasta final de mes. Será, posiblemente, después de la visita a España del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders. El mandatario comunitario se reunirá el día 30 con el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en el Tribunal Supremo. Es una cita a la que los vocales conservadores dan la máxima relevancia por los efectos que puede tener sobre la situación del CGPJ, que tiene su mandato caducado desde diciembre de 2018 por el bloqueo del PP a su renovación.

Con la negociación encallada es difícil prever un pronto nombramiento de los dos magistrados del Constitucional que corresponde designar al órgano de gobierno de los jueces. Como el Ejecutivo tampoco nombrará a los otros dos suyos hasta que lo haga el CGPJ, la consecuencia es que el tribunal de garantías seguirá en funciones de forma indefinida y sin posibilidad de cambiar la actual mayoría conservadora por una progresista. Además de los cuatro magistrados del Constitucional que tienen el mandato caducado desde antes del verano queda por suplir el puesto del magistrado que renunció por enfermedad, Alfredo Montoya. Esta plaza corresponde al Senado y requiere un pacto entre PSOE y PP. 

El pasado viernes, los interlocutores de ambos sectores celebraron una primera reunión que se saldó con un acuerdo de mínimos. A saber: que los nombramientos se realicen “por una amplia mayoría”, tras evaluar los currículos de los candidatos y que estos procedan del Tribunal Supremo, algo que no supone estrictamente una novedad. Es una regla no escrita que los elegidos para el Constitucional por parte del CGPJ sean jueces de la más alta categoría dentro de la carrera. Esto es, del Supremo. En sus comunicados de este miércoles ambas partes manifiestan su voluntad de llegar a un acuerdo y cumplir con las “competencias” del CGPJ, pero a día de hoy no hay ni siquiera un fecha para próxima reunión.