Las sospechas de conducta irregular siguen extendiéndose sobre la figura de quien fue jefe del Estado durante casi cuarenta años. Juan Carlos I se enfrenta a una nueva investigación judicial por blanqueo de capitales, la tercera abierta en España sobre sus finanzas. Esta nueva línea de investigación se suma a la que indaga en su papel en las supuestas comisiones pagadas por la adjudicación a empresas españolas de las obras del AVE a La Meca, abocada al archivo al tratarse de unos presuntos delitos previos a su abdicación, y a las pesquisas sobre la utilización de tarjetas opacas.
Las nuevas diligencias conocidas este viernes, asumidas por la Fiscalía del Supremo, tribunal ante el que está aforado el monarca tras perder el blindaje de la inviolabilidad en 2014, tienen su origen en un “informe de inteligencia” del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), la máxima autoridad española en la lucha contra el lavado de dinero negro y la que da la alerta sobre movimientos sospechosos de capitales.
Los investigadores atribuyen a Juan Carlos I una cuenta en la isla de Jersey con casi 10 millones de euros, tal como ha avanzado este sábado La Sexta. De acuerdo con la nueva información publicada el viernes por El Mundo, la fortuna fue trasvasada en 2005 a un 'trust', en el que figura Juan Carlos I como beneficiario, que se nutre de fondos procedentes de las Islas del Canal y que ha movido al menos cinco millones de euros.
Se trata de pesquisas que están en una fase “indiciaria”, por lo que todavía es pronto para delimitar si los indicios apuntan a una infracción fiscal o pueden acabar siendo considerados un delito, explicó este viernes el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que informó junto a la fiscal general, Dolores Delgado, de la apertura de esta nueva línea de investigación. Tampoco se ha determinado su alcance temporal. Es decir, si los hechos son posteriores o no a la pérdida de la inviolabilidad del monarca con su abdicación.
Tarjetas opacas
No es la primera vez que en el Sepblac, departamento que depende del Ministerio de Economía, saltan las alarmas en relación al rey emérito. Otro aviso de esta unidad está en el origen de la investigación, revelada por elDiario.es, sobre los gastos que Juan Carlos I y otros familiares —entre ellos, la reina Sofía y algunos de sus nietos— hicieron en 2016, 2017 y 2018 con tarjetas opacas que se nutrían de fondos no declarados a Hacienda.
La investigación ha revelado que el coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza, ayudante de campo del rey emérito hasta pasar a la reserva, es el testaferro del dinero que el millonario mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause puso presuntamente a disposición de la familia real para gastos personales.
En este caso se investiga un posible delito fiscal, lo que requiere un fraude superior a los 120.000 euros anuales defraudados, que es el límite a partir del cual se comete este delito. Lo que indaga el Ministerio Público es si en cada uno de los ejercicios analizados —2016, 2017 y 2018— el rey y sus familiares gastaron más de 275.000 euros (no haber declarado esa cantidad implicaría haber defraudado 120.000 euros en impuestos) con cargo a cuentas que no estaban a su nombre.
La investigación suiza
Las sospechas sobre las finanzas ocultas del padre de Felipe VI también dieron lugar a la apertura de una investigación en Suiza. El fiscal Yves Bertossa inició esas pesquisas en 2018 tras la publicación de unos audios en los que la examante del emérito, Corinna Larsen, le atribuía el uso de testaferros para ocultar una supuesta fortuna en ese país. La conversación había tenido lugar en Londres en 2015 con el comisario jubilado José Villarejo, actualmente en prisión provisional por múltiples delitos, y el expresidente de Teléfonica Juan Villalonga.
Tras la publicación de esos audios, el fiscal Bertossa inició una investigación y detectó el rastro de una supuesta donación a la empresaria en unos registros en los despachos del abogado Dante Canonica y de Arturo Fasana, un gestor de fondos radicado en Ginebra viejo conocido de la policía y los jueces españoles, pues manejó las cuentas ocultas en Suiza del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa.
La investigación reveló después que Fasana había ingresado en agosto de 2008 en una cuenta en la banca privada Mirabaud a nombre de la fundación panameña Lucum —cuyo primer beneficiario era Juan Carlos I y el segundo Felipe VI— 100 millones de dólares (65 millones de euros) procedentes del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí y que en 2012 el monarca había transferido ese dinero a Larsen. La sospecha de Bertossa es que ese dinero es fruto de una comisión ilegal por la intervención del monarca para lograr que las empresas españolas hiciesen una sustanciosa rebaja en la obra del Ave a La Meca.
Aunque el emérito no goza en el extranjero del blindaje que le otorga la Constitución, no hay constancia de que esté siendo investigado en Suiza. Sí tienen la condición de investigados por “blanqueo agravado” Fasana, Canonica y Larsen. Lo que trata de desentrañar el fiscal Bertossa es la supuesta estructura que presuntamente pusieron en marcha para blanquear dinero de origen ilícito y esconder parte del patrimonio de Juan Carlos I.