El Supremo confirma que el PP reformó su sede con dinero negro de su 'caja B'

El Tribunal Supremo ha confirmado en lo esencial la sentencia que condenó económicamente al Partido Popular por la reforma de su sede central pagada con dinero opaco de su 'caja B'. Los jueces han estimado parcialmente algunos recursos y rebajan las condenas de cárcel tanto de Luis Bárcenas como de los socios de la empresa que hizo las obras en Génova 13, así como las cuotas defraudadas, pero mantienen los hechos probados y la cantidad económica de la que debe responder el Partido Popular como responsable civil subsidiario.

En el caso del arquitecto Gonzalo Urquijo y su socia Belén García, sus condenas de dos años y nueve meses de cárcel bajan a nueve meses, lo que en la práctica abre la puerta a que no tengan que entrar obligatoriamente en prisión a cumplir condena. En el caso de Bárcenas, baja de dos años de presidio a ocho meses. Y a nivel general la cuota defraudada en toda la operación baja de 873.000 euros a 374.000, aunque “se mantiene” la condena del Partido Popular como responsable civil subsidiario para hacerse cargo de parte de las cuotas tributarias eludidas, en caso de que los condenados no lo hagan, ya que no fue recurrida ante el Supremo.

La sentencia de la Audiencia Nacional impuso dos años de cárcel a Luis Bárcenas, extesorero del PP, por pagar más de un millón de euros a la empresa unifica por reformar la sede central del partido en el número 13 de la calle Génova de Madrid. Un dinero que procedía de la contabilidad paralela y que sirvió para reformar siete plantas del edificio, sótanos y garajes entre 2005 y 2010. Todo en dinero negro, según dijeron los jueces: “Al margen de la facturación y la contabilidad oficial y no declarados a la Hacienda pública”.

Además del extesorero del PP, fueron condenados por fraude fiscal a dos años y nueve meses de prisión los responsables de la empresa que realizó la reforma: el arquitecto Gonzalo Urquijo y su socia Belén García. El PP también fue condenado como responsable civil subsidiario de una parte del fraude fiscal: de los 123.669 euros que Unifica dejó de pagar en 2007 por el Impuesto de Sociedades al haber cobrado en negro de las arcas del partido y, por tanto, a espaldas de Hacienda. Los órganos directivos del PP en ese momento, dijo la Audiencia, no ejercían “un control adecuado” sobre la gestión de Bárcenas y sus medidas para prevenir este tipo de situaciones eran, en ese momento, inexistentes. El partido debía responder económicamente por esa parte del fraude, añadió la sentencia ahora ratificada en lo esencial por el Supremo, ya que Bárcenas actuó “como gerente de dicha formación política”.

El Tribunal Supremo ha estimado una parte del recurso de Gonzalo Urquijo contra su condena. Rechaza que el caso prescribiera pero sí reconoce que los ocho años que tardó en ser sentenciado desde la apertura de diligencias debe ser considerado una atenuante simple de dilaciones indebidas. También retira al arquitecto y al resto de acusados el delito de falsedad por el que habían sido condenados al entender que las facturas y certificaciones aportadas no eran simuladas aunque tuvieran datos inexactos: “Lo simulado es la cantidad, no el documento” y su “falta de veracidad” se limita a “algunos puntos”, lejos de lo requerido para ser un delito de falsedad.

La sentencia no modifica los números que afectan al Partido Popular aunque disminuya las cuotas defraudadas. En la estimación parcial del recurso de Urquijo también lleva a reducir a menos de la mitad el fraude fiscal que perpetró la empresa UNIFICA: de más de 873.000 euros a 384.000, ampliamente por encima del umbral del delito fiscal. Pero la cuota defraudada de la que se responsabiliza de forma subsidiaria a Bárcenas y al PP, de 123.669 euros, no se modifica.

Las rebajas de condena a nivel penal sí tienen mucha relevancia inmediata para los acusados. En el caso de Gonzalo Urquijo y su socia Belén García, la sanción penal deja de implicar su entrada obligatoria en prisión al bajar de dos años y nueve meses a solo nueve meses de prisión.

La caja B y los papeles de Bárcenas

Esta no es la primera sentencia que certifica la existencia de una caja de dinero negro en el Partido Popular, pero sí fue la primera que se pronunció sobre la veracidad de la contabilidad paralela que llevó su tesorero: los conocidos como 'papeles de Bárcenas'. “Determinados apuntes o anotaciones de salida han quedado corroborados con otras pruebas, lo que nos lleva a concluir que los papeles recogen acontecimientos que en una parte sí son reales”, asegura.

Esa resolución, ahora declarada firme en lo esencial, afirmó que Luis Bárcenas “gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política Partido Popular como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela –contabilidad B– de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial”. Y los papeles de Bárcenas, añadió, “reflejan acontecimientos cuya realidad ha quedado acreditada, como los traspasos a las cuentas de donativos oficiales, entregas de dinero a determinadas personas vinculadas con el PP o los pagos por las obras de reforma”.

No todo el mundo recurrió esta sentencia ante el Tribunal Supremo. Luis Bárcenas, por ejemplo, no recurrió su condena de dos años de prisión. El Partido Popular, todavía con Pablo Casado al frente, presentó alegaciones ante la Sala de lo Penal contra la condena de Bárcenas y la suya propia, pero lo retiró poco después de la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del partido.

Esta no es la primera sentencia firme sobre las distintas ramificaciones del caso Gürtel de corrupción, una investigación que arrancó hace más de 15 años en la Audiencia Nacional. Una causa abierta en torno a municipios y administraciones públicas controladas por el PP donde empresarios de la trama encabezados por Francisco Correa se beneficiaron de adjudicaciones millonarias a cambio de mordidas y regalos a políticos del partido.

Se trata de la séptima resolución firme del Tribunal Supremo que declara probada la relación simbiótica entre el PP y la trama corrupta durante años. La última fue dictada a finales del año pasado cuando el alto tribunal confirmó que el partido se financió con 200.000 euros de la Gürtel en Boadilla del Monte, uno de sus feudos en Madrid.