Hacemos un parón en la narración de los acontecimientos políticos del día para dejarte otras noticias que ha dado de sí este martes.
-Un informe de la comisión Pegasus de la Eurocámara señala al Gobierno en el espionaje a independentistas catalanes: la Eurocámara ha señalado en un informe que la situación en España “es delicada”: “Vemos que hay indicaciones fuertes de que políticos han sido espiados sin suponer una inminente amenaza a la seguridad nacional”, ha dicho, al tiempo que ha pedido “más información para evaluar la situación”. El documento afirma que en 2020 se admitió “haber espiado a 18 de esas 65 víctimas con autorización judicial”.
-El Gobierno de Ayuso dejará de ingresar 92 millones más por bajadas de impuestos en pleno conflicto por la sanidad pública: el Gobierno de Ayuso ha aprobado este martes un nuevo proyecto de ley que mermará la recaudación de las arcas públicas en la Comunidad de Madrid en más de 90 millones de euros. Madrid ha dejado de ingresar 23.252 millones de euros desde que Ayuso es presidenta.
-Los altos cargos del Estado tendrán prohibido durante dos años realizar actividad de lobby: el Consejo de Ministros de este martes ha aprobado un anteproyecto de ley para regular la actividad de los conocidos como lobbies, grupos de presión en España. Una de las principales novedades es que se limitan las puertas giratorias de altos cargos públicos en los dos años siguientes a su salida de la Administración.
-Tercera condena del Supremo por estafa al abogado que denunció al Gobierno por el 8M: el abogado encarcelado que en 2020 denunció al Ejecutivo por permitir la manifestación del 8M ha recibido este martes su tercera condena en firme de cárcel por el Tribunal Supremo. Los jueces avalan la pena de dos años de prisión que los tribunales madrileños le habían impuesto por intentar estafar al dueño de una discoteca de la capital.
-El juez Pedraz envía al banquillo a dirigentes del PdeCat y Convergència por el caso 3%: La Audiencia Nacional ha acordado la apertura de juicio oral para un total de treinta personas físicas y de dieciséis personas jurídicas, mientras que decreta el archivo provisional parcial para Juan Antonio Carpintero.