La acusación popular que ejerce el PSOE ha solicitado al juez del caso mascarillas que investigue a fondo el patrimonio del empresario Alberto Luceño y también que le impute un nuevo delito: alzamiento de bienes. Los socialistas entienden que, como su socio Luis Medina, el empresario se intentó deshacer del botín cuando ya sabía que la Fiscalía Anticorrupción tenía una investigación abierta.
Explica el PSOE en su escrito que Luceño no ha dado explicaciones “convincentes” sobre por qué apenas tiene 120.000 euros de los más de cinco millones que cobró en comisiones. En estos dos años ha comprado coches, ha comprado una casa y varios relojes e incluso ha movido este dinero después de declarar en Fiscalía en abril de 2021 “a pesar de la advertencia que en dicha diligencia se le hizo para que no procediera a ello”.
También solicita al juez Carretero que investigue si él o su empresa Takamaka tienen más bienes, muebles, inmuebles o cuentas a su nombre para completar la fianza de 5,5 millones que han solicitado para él.
Escribe Alberto Pozas.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha considerado este martes que “los hechos” sobre el espionaje a 66 dirigentes independentistas “son graves y están siendo explorados y sujetos a transparencia por parte del Gobierno”.
Antes de participar en la entrega del premio CEDRO 2022 a la defensa de la cultura y los derechos de autor, Díaz ha asegurado que “el Gobierno está trabajando en una comisión de investigación interna” y para activar la comisión de secretos oficiales en el Congreso. “Sería bueno que primero conozcamos con prudencia el alcance y el contenido de los hechos y después extraigamos las conclusiones”, ha zanjado.
Escribe Iñigo Aduriz.
La vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, ha dado positivo por coronavirus, ha anunciado este martes la Casa Blanca. Según dichas informaciones, ni el presidente Joe Biden ni la primera dama Jill Biden ha sido considerados “contactos estrechos” en los últimos días. Harris dio positivo en tests rápidos y en una PCR, aunque “no ha presentado síntomas”.
Harris se aislará en su residencia, pero seguirá trabajando a distancia y solo volverá a la Casa Blanca cuando dé negativo en las pruebas.
El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una iniciativa de Unidas Podemos en la que se censura el pasado “esclavista” de España y se insta a honrar a las víctimas del comercio de personas y a que este episodio se estudie en las escuelas. El texto, impulsado por En Comú y pactado con el PSOE, ha salido adelante con el voto en contra de Vox y la abstención del PP y Ciudadanos.
La proposición no de ley ha salido adelante en la Comisión de Política Territorial, donde el diputado de En Comú Joan Mena ha citado varios textos que señalan a nuestro país como la cuarta potencia esclavista del mundo, una actividad que arrancó durante el reinado de Carlos I quien en 1518 autorizó el transporte 4.000 cautivos africanos a las posesiones castellanas en el Nuevo Mundo.
Por Europa Press.
La acusación popular que ejerce el PSOE ha solicitado al juez del caso mascarillas que investigue a fondo el patrimonio del empresario Alberto Luceño y también que le impute un nuevo delito: alzamiento de bienes. Los socialistas entienden que, como su socio Luis Medina, el empresario se intentó deshacer del botín cuando ya sabía que la Fiscalía Anticorrupción tenía una investigación abierta.
Explica el PSOE en su escrito que Luceño no ha dado explicaciones “convincentes” sobre por qué apenas tiene 120.000 euros de los más de cinco millones que cobró en comisiones. En estos dos años ha comprado coches, ha comprado una casa y varios relojes e incluso ha movido este dinero después de declarar en Fiscalía en abril de 2021 “a pesar de la advertencia que en dicha diligencia se le hizo para que no procediera a ello”.
También solicita al juez Carretero que investigue si él o su empresa Takamaka tienen más bienes, muebles, inmuebles o cuentas a su nombre para completar la fianza de 5,5 millones que han solicitado para él.
Escribe Alberto Pozas.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha opinado este martes en la sesión de control al Gobierno en el Senado sobre los casos de espionaje a políticos independentistas. “Se lo puedo decir más alto, se lo puedo decir más claro, en castellano o en catalán. El Gobierno actúa cumpliendo escrupulosamente la legalidad, y con el Gobierno, todos sus organismos públicos”, ha expresado. “A lo mejor no todos pueden decir lo mismo”.
Robles ha respondido así a las preguntas planteadas por los grupos independentistas en el Senado y ha criticado las “insinuaciones” de estos partidos que, según ha opinado, “no están basadas en ningún elemento de prueba”. Sobre el informe de Citizen Lab en referencia al uso de la herramienta Pegasus para espiar a los independentistas, la titular de Defensa ha preferido no opinar “sobre medios de comunicación” ni sobre “informes privados”. “Usted habla del New Yorker, yo no conozco ese medio de comunicación”, ha seguido Robles.
“Cuando se comete un hecho delictivo, hay procedimientos judiciales y son los jueces los únicos que pueden decir si se ha cometido o no un delito”, ha añadido Robles, quien ha espetado que “si tienen dudas” de las actuaciones del Estado y del CNI, “vayan a los Tribunales” con “todas las consecuencias”.
Pedro Sánchez ha asegurado que el “acuerdo político” alcanzado por España y Portugal con la UE para establecer un precio de referencia al gas que produce la electricidad durante doce meses es una “buena noticia”, pero ha advertido de que es “incompleto” si no cuenta con el plan de choque de respuesta a la guerra que aprobó el Gobierno y que este jueves se vota en el Congreso. También ha reconocido que es necesario reformar el sistema energético a nivel europeo, que es un asunto que se ha atragantado en Bruselas.
“Al igual que este es un buen acuerdo que va a ayudar a pequeñas y medianas empresas, a las industrias y a los conciudadanos es imprescindible que el próximo jueves se convalide un decreto ley que es fundamental”, ha dicho el presidente en la sesión de control al Gobierno en el Senado en la que ha vuelto a reclamar el apoyo al PP después de que el portavoz, Javier Maroto, haya dicho que no lo había hecho.
“A día de hoy no sabemos qué va a hacer el Partido Popular, si va a apoyar o no va a apoyar el que rebajemos 20 céntimos de euro, por ejemplo, el litro de gasolina o de gasoil. No sabemos si van a apoyar ustedes el que aumentemos a 2.000.000 los hogares protegidos por el bono social eléctrico. No sabemos a día de hoy si ustedes van a apoyar una rebaja del 60% de los impuestos de la factura de la luz”, le ha reprochado Sánchez a Maroto antes de zanjar: “Va siendo horade que ustedes aterricen y se comprometan con el bienestar y con la protección social de nuestros conciudadanos”.
El portavoz del PP había afeado al presidente que no pretenda tener en cuenta ninguna de las medidas planteadas por Alberto Núñez Feijóo y que ha resumido en una deflactación del IRPF para que los ciudadanos no asuman de su bolsillo la parte del IVA del que se beneficia el Estado gracias a la inflación. “Si quiere nuestro voto o lo necesita, pedirnos el apoyo sin incluir ni una sola propuesta del PP no es ni serio ni responsable. No es ni serio para nosotros ni responsable para los españoles que están esperando que el Gobierno muestre un poquito de alma y acierte de una vez en economía. No reducir los impuestos no es ni serio ni razonable”, le ha dicho el senador vasco.
Sánchez le ha respondido que durante los siete años de Gobierno de Mariano Rajoy se subieron los impuestos 50 veces y ha enumerado algunos casos como el IVA, el IBI, las tasas universitarias o el impuesto al sol. “El colmo de la pirueta, señorías, es que ustedes suben impuestos cuando gobiernan y recortan el Estado del bienestar. Ahora, eso sí, aprueban amnistías fiscales para que aquellos que están en su partido puedan blanquear el dinero”, ha espetado el socialista.
Informa Irene Castro.
Margaritis Schinas, griego, miembro del partido gobernante Nueva Democracia (miembro del PP europeo), vicepresidente de la Comisión Europea para el Estilo de Vida Europeo tuvo el privilegio de elegir en qué acto participar en la Convención del PP organizada a finales del pasado año por Pablo Casado. Y eligió el acto de Santiago de Compostela, un diálogo con el presidente de la Xunta y actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Aquella charla de finales de septiembre pasado concluyó con el anunció de Feijóo de que harían entrega a Schinas del carné del PP gallego.
Varios meses después de aquello, y después de que se haya constituido en Castilla y León el primer gobierno de coalición entre PP y Vox, Schinas ha recibido este martes a Vox para hablar de migración.
“Hoy con Jorge Buxade, Hermann Tertsch e Ignacio Garriga. Siempre disponible para debatir sobre inmigración, tema muy complejo que no se presta a análisis simplistas. Nuestras propuestas para una política europea están sobre la mesa. Avanzaremos con decisiones y no con titulares”, ha tuiteado Schinas, intentando desmarcarse de alguna manera de aquellos que salen en la foto con él.
El partido de extrema derecha ha presentado este martes en la Comisión Europea su propuesta sobre “barrios seguros”, lanzada por su formación en Catalunya, donde es minoritaria, en la que se culpa a “las fronteras abiertas”, el “islamismo europeo” y la “inmigración ilegal” de una “delincuencia sin precedentes”. Mientras, el Ejecutivo comunitario lleva siete años sin recibir a ningún gobernante catalán.
Escribe Andrés Gil.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, califica como “una mala noticia para la democracia” los cambios previstos para que las formaciones independentistas puedan tener acceso a la Comisión de Secretos Oficiales.
Tras un acto en Santiago, el líder del PP ha asegurado que al Gobierno le preocupa más su estabilidad parlamentaria que la seguridad del Estado. El político conservador ha asegurado que “si esto es así, si el Gobierno va a compartir con los partidos que combaten la unidad de España los secretos y la información de Estado simplemente para que el Gobierno precario mantenga su precariedad, comprenderá que es una pésima noticia para la democracia española”.
Escribe Gonzalo Cortizo.
A pesar de que la Generalitat redobla la presión y amenaza con reducir “al mínimo” la relación con el Gobierno, en Moncloa sostienen que están “muy tranquilos” por el caso del espionaje que afecta a unas 60 personas vinculadas con el independentismo. “Desde el Gobierno tenemos la conciencia muy tranquila, todo lo que hemos hecho ha sido de conformidad con la ley”, ha afirmado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Aunque el Ejecutivo se ha visto obligado a anunciar un “control interno” en el CNI, Bolaños ha asegurado que se hace “a petición propia” de los servicios de inteligencia para “esclarecer los hechos, tener la absoluta garantía de lo que ha ocurrido y que todas las actuaciones han sido conforme a derecho”.
En el Gobierno se muestran convencidos de que tendrán los apoyos para convalidar el plan de choque de respuesta a la guerra, a pesar de que el PP no ha desvelado sus cartas y de que ERC y EH Bildu –que son fundamentales si los de Alberto Núñez Feijóo votan en contra– amagan con no respaldarlo por el escándalo de Pegasus. “Es un real decreto que mejora la vida de los ciudadanos. Hago un llamamiento a todas las fuerzas para que no perjudiquen a la ciudadanía”, ha dicho Bolaños en referencia al paquete que incluye medidas como la bonificación a los carburantes o la reducción de los impuestos a la luz, que dejarían de estar vigentes si el Congreso tumba la convalidación.
Escribe Irene Castro.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, se reunió este lunes con Esteban González Pons (PP), según ha confirmado él mismo en un corrillo a los periodistas en Moncloa, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Se trata del primer contacto de Gobierno y PP para retomar la negociación del Poder Judicial.
Este lunes, el Gobierno comunicó la designación de Bolaños y de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, como interlocutores en materia de Justicia y asuntos económicos, respectivamente. En la nota, Moncloa recordaba que los dos se pondrían “próximamente” en contacto con las personas designadas por el PP para la interlocución.
Lo cuenta Irene Castro.