Vox multiplica su ofensiva judicial contra el Gobierno y sus socios

“No tenemos ninguna duda de que el futuro del presidente Sánchez pasa por el banquillo de los acusados”. Es el fin que persigue Vox desde que Pedro Sánchez tomó posesión de su cargo de presidente del Gobierno, al que tanto el partido de Abascal como el propio PP no consideran “legítimo” por el hecho de haber conseguido armar una mayoría suficiente para gobernar con partidos “separatistas”, “enemigos de España”, y “filoetarras”. Aunque el PP fue el partido ganador de las últimas elecciones generales, no pudo gobernar al no tener más aliado que a Vox.

Tanto el PP comandado ya por Alberto Núñez Feijóo, como la extrema derecha liderada por Santiago Abascal, no han parado de agitar la calle para exigir al líder socialista que dimita y que convoque elecciones generales de inmediato ante los casos de presunta corrupción que han deteriorado la imagen del presidente y de todo su Gobierno. Esas peticiones han caído en saco roto. Sánchez por ahora resiste, lo que ha hecho que la extrema derecha, que en las últimas elecciones perdió 19 escaños y ya no tiene capacidad para presentar recursos ante el tribunal Constitucional, redoble sus presiones e intente cercarle con todo tipo de querellas y personaciones judiciales.

Para esa tarea se han encontrado con la inestimable ayuda de organizaciones ultraderechistas, como la ultracatólica Hazte Oír, o el pseudo sindicato Manos Limpias que ha llevado a los tribunales tanto a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, como a su hermano, David Sánchez, a los que acusan de todo tipo de delitos y de beneficiarse del parentesco con el presidente del Gobierno en base a indicios y a algunas informaciones sin contrastar. Los de Abascal se han personado en ambas causas, y en el llamado caso Koldo –que ha dado de lleno en la línea de flotación de Moncloa al afectar al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, hoy en el Grupo Mixto–.

En Vox no se han quedado ahí y, según se jactan, están también personados al menos en otra veintena de casos de los más variopintos que no solo afectan al Gobierno sino también a algunos de los socios del Congreso.

También el PP ha solicitado ser acusación popular en alguna de estas causas. Pero la extrema derecha cree que los de Feijóo no son excesivamente duros ni contundentes y recalcan que en realidad esa ofensiva judicial está siendo “una batalla en solitario de Vox”. El pasado lunes la coordinadora jurídica del partido, Marta Castro, junto con el portavoz nacional José Antonio Fúster, reclamaron al PP “unidad de acción contra un gobierno corrupto que ha asaltado las instituciones” y les instaron “a investigar hasta el final para combatir a la mafia estatal”.

Dado que el PP ha sido designado para dirigir las acusaciones populares personadas en el caso Koldo, que se sigue a medias entre la Audiencia Nacional y el Supremo, Castro exhortó a los de Feijóo a que formularan al asesor de Ábalos “las preguntas oportunas”. “Esperemos que el PP haya aprendido algo de la estrategia procesal de Vox”, les retó Castro, al tiempo que lamentaba no haber podido “llevar la iniciativa” en el Tribunal Supremo en esta causa y no poder estar ese mismo lunes en las declaraciones del empresario Víctor de Aldama, vinculado a “la trama” de Koldo e inmerso en otro de los casos de supuesta corrupción sobre el fraude millonario del IVA en el comercio de hidrocarburos, en el que también ha pedido personarse Vox. La coordinadora jurídica del partido adelantó que ellos “seguirán impulsando que los implicados contesten a todas las preguntas que sean necesarias”. “Seguiremos desentrañando toda la trama y si no contestan en los tribunales vamos a seguir investigando por todos los medios que estén a nuestro alcance”, advirtió. 

La mujer y el hermano de Sánchez, dos huesos que Vox no suelta

La formación de Abascal ya pidió el pasado mes de abril ejercer la acusación popular en la causa que investigaba el juzgado de instrucción número 41 de Madrid la actividad profesional de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a raíz de una denuncia de Manos Limpias. Según informaron en un comunicado, pidieron formar parte del caso para “impulsar la investigación sobre el Africa Center, el desarrollo de los estudios de la Universidad Complutense y la especial vinculación con el grupo Globalia y el empresario Víctor de Aldama”. No conformes con eso presentaron además una querella contra Gómez por supuesto tráfico de influencias en la creación y desarrollo de la cátedra en la Universidad Complutense, pero fue rechazada por una jueza de Madrid. El último movimiento ha sido presentar otra querella contra la esposa del presidente del Gobierno y dos asesores de Moncloa, esta vez por malversación.

Vox se personó después, en junio de este año, como acusación popular en el juzgado que investiga a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, por un posible delito de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude fiscal en relación con su trabajo en la Diputación de Badajoz. Como en el caso de Begoña Gómez, esta causa fue abierta a instancias de una denuncia de Manos Limpias.

Al hilo de este asunto, Vox ha aprovechado para pedir sin éxito la reapertura del llamado caso Delcy, en referencia a la número dos de Nicolás Maduro, y su visita 'discreta' o 'secreta' a España en enero de 2020, ya que en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil referido al caso Koldo se recoge que el exministro Ábalos informó a Sánchez de que la dirigente venezolana haría una visita privada a España. La coordinadora jurídica de Vox ha dejado dicho que perseverarán en este asunto “hasta esclarecerlo del todo”. Por ello van a seguir ampliando sus denuncias. De momento, han solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 31 de Madrid que no se eliminen las grabaciones de las cámaras de seguridad del Aeropuerto de Madrid-Barajas registradas durante la noche de la visita de Delcy Rodríguez a nuestro país.

En la lista de las 25 personaciones y acciones judiciales emprendidas por Vox hay que incluir la querella que interpuso contra Pedro Sánchez tras la DANA. Santiago Abascal vio en esta tragedia otra oportunidad para continuar su ofensiva judicial contra el presidente del Gobierno y anunció una querella contra él y buena parte de sus ministros por “homicidio imprudente y omisión del deber de socorro”. Ese patrón ya lo inició en la legislatura anterior. De hecho, la primera denuncia que formalizó entonces Vox contra el Gobierno fue por la decisión de Sánchez de incluir, en marzo de 2020, al entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en la comisión gubernamental que controla el CNI a través de un decreto ley de medidas económicas sobre el coronavirus. 

Francina Armengol y Salvador Illa, en el punto de mira de la extrema derecha

Luego vino otra cascada de denuncias fracasadas como, por ejemplo, por decretar el estado de alarma durante la pandemia, y la presentación de una nueva querella ante un juzgado de instrucción de Madrid contra el Gobierno por los presuntos delitos de “prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude” por las compras de material sanitario en las que Vox veía que había “indicios de corrupción”. Una de estas querellas le cayó al exministro de Sanidad, Salvador Illa, en vísperas de las elecciones catalanas. La causa fue archivada.

Otra querella de Vox ha ido ahora a parar contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por los mensajes que, según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, intercambió con Koldo García sobre un posible contrato para la adquisición de pruebas PCR cuando presidía el Govern balear. La extrema derecha ya había presentado otra denuncia ante los juzgados contra la Mesa de la Cámara baja, que ella preside, por tramitar en su momento la ley de amnistía. Pero el Tribunal Supremo la desestimó.

Asimismo, los de Abascal han aprovechado la reciente reapertura de la causa contra Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, y exconsellera de Igualdad por parte de la Audiencia Provincial de València. El tribunal estimaba así los recursos de Vox, como acusación popular, y los de las acusaciones particulares contra el sobreseimiento –decretado el pasado 2 de abril– de este proceso que se seguía contra Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada.

En la anterior legislatura Vox tampoco cejó en esa batalla contra los socialistas y sus socios. De hecho, les llevó en enero de 2023 a registrar en el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia un escrito por el que solicitaban la personación como acusación popular en el Caso Azud, el presunto caso de financiación irregular del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. El caso giraba en torno a una supuesta ‘caja B’ de los socialistas valencianos.

Pocos meses después, en marzo de 2023, Vox también decidió presentar un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander por el que solicitaba su personación, en calidad de acusación popular, en la causa de la presunta trama corrupta en los contratos de carreteras de Cantabria, que provocó el cese del consejero de Obras Públicas del entonces gobierno del presidente regional, Miguel Ángel Revilla. El asunto sigue investigándose.

En abril Vox se personó igualmente como acusación popular cuando la Audiencia Nacional decidió reabrir el llamado caso Pegasus. La formación de extrema derecha solicitó entonces estar presente en el procedimiento que impulsó la Abogacía del Estado por presunta revelación de secretos con la infección del móvil de Pedro Sánchez y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, respectivamente. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama había archivado en julio la investigación ante la nula colaboración de Israel, país donde se radica la empresa que fabricó el software utilizado para el espionaje.  

Los nacionalistas, el procés y Puigdemont

Otro caso en donde la extrema derecha quiso ganar protagonismo fue en el juicio del procés, celebrado en junio de 2019, en el que se personaron como acusación popular. Los dos abogados que ejercieron la representación de Vox en la causa fueron Javier Ortega Smith y Pedro Fernández, ambos diputados en el Congreso.

Y es que los nacionalistas catalanes nunca han dejado de estar en su punto de mira, aunque no siempre se han salido con la suya. En marzo de este año el Tribunal Supremo rechazaba la querella que Vox interpuso contra Pedro Sánchez y Carles Puigdemont por pactar la ley de amnistía a cambio del apoyo de los independentistas catalanes a su investidura como presidente del Gobierno. 

En junio, también de este año, los de Abascal presentaron otra querella por “desobediencia y prevaricación” a los miembros de la Mesa de Edad del Parlament de Catalunya por haber aceptado la delegación de voto a Puigdemont, entre otros dirigentes de Junts. Y meses después, en octubre, interpusieron otra denuncia contra el consejero de Interior –entonces en funciones–, el jefe del dispositivo policial y todos aquellos que ayudaron a Puigdemont a evitar ser detenido en su regreso a España.