Podemos y Yolanda Díaz preparan la batalla por la Ley de Vivienda antes de definir sus caminos electorales

Las principales dirigentes de Unidas Podemos están satisfechas con las medidas del nuevo escudo anticrisis. Tras una tensa negociación, conseguieron dos logros importantes: un cheque de 200 euros para las familias más castigadas por la subida de la cesta de la compra y, sobre todo, la congelación del precio del alquiler en las renovaciones de los contratos durante seis meses. Las conversaciones sobre ese punto se alargaron hasta altas horas de la noche y se terminaron de cerrar en una reunión en Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz el mismo martes del Consejo de Ministros.

La negociación se llevó al extremo como en otras ocasiones, pero el punto de choque que enconó a los dos socios en esta ocasión –la regulación del alquiler– da una pista de los términos en los que se moverá uno de los debates que marcará el último año de legislatura: el de la Ley de Vivienda, atascada en el Parlamento por las enmiendas que plantean tanto Unidas Podemos como parte de los socios parlamentarios del Gobierno. Este jueves, en su balance del año, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, recordó que su formación reclama “la intervención real de los alquileres”, como se hizo durante la pandemia, y eso solo se puede establecer de forma definitiva a través de la ley.

En diciembre, el grupo socialista y el confederal recibieron la consigna por parte del Ejecutivo de acelerar la tramitación de algunas de las normas sobre las que había diferencias en la coalición, como la ‘ley trans’, pero aparcó hasta el año que viene dos de las grandes promesas que facilitaron el acuerdo de investidura con los socios parlamentarios: la derogación de la ‘ley mordaza’ y la citada norma sobre vivienda. Sobre la primera se han dado algunos pasos en las últimas semanas en el Congreso, pero la discusión sobre la segunda parece congelada a pesar de que tanto Díaz como la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, han reiterado la necesidad de que se apruebe cuanto antes. 

En pleno debate sobre el futuro político de la izquierda a menos de un año de las elecciones, todo el espacio coincide en la importancia de conseguir una ley más ambiciosa, por ejemplo, en la regulación del mercado del alquiler, que continúa disparado en las principales ciudades. Un triunfo en la negociación como el que obtuvieron esta semana sería una interesante bandera para unas elecciones en las que habrá una pugna entre las almas de la coalición por apropiarse de los avances logrados en estos cuatro años. 

El anteproyecto que salió del Consejo de Ministros en segunda vuelta en febrero de 2022 fue impulsado por el Ministerio de Transportes, aunque también lleva la firma de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y está centrado sobre todo en los inmuebles de alquiler. El texto sin embargo afecta sobre todo a las grandes ciudades y a los titulares de más de diez pisos. Tanto Unidas Podemos como el resto de fuerzas progresistas del Congreso quieren imponer precios máximos a los alquileres en zonas tensionadas a todos los propietarios y no solo a los grandes tenedores. 

Hace apenas unas semanas, Yolanda Díaz elevó el tono contra el PSOE en este sentido: “Tenemos un trabajo pendiente. Me pregunto si una persona que tiene cinco propiedades en su haber tiene capacidad de influir en el mercado de la vivienda. Hay una gran discusión sobre si el límite del gran tenedor son diez. Este es un debate importante [...]. Los precios son absolutamente imposibles”.

La formación confederal también ha planteado que se incluya en la ley la prohibición de desahuciar a familias vulnerables que no tienen alternativa habitacional e incorporar pisos ahora en propiedad del ‘banco malo’ al parque público de vivienda. 

Negociación por la congelación de los alquileres

Ante la parálisis del anteproyecto en la Cámara Baja, Unidas Podemos se ha volcado en este final de año en conseguir medidas concretas en materia de vivienda dentro de la negociación del escudo social que se aprobó esta semana. El primer objetivo era garantizar que se prorrogara en el paquete anticrisis el tope del 2% en la revalorización anual de las rentas, que antes estaba vinculada al Índice de Precios el Consumidor (IPC). Esa medida sin embargo quedó ya plasmada en el acuerdo que sellaron el Gobierno y EH Bildu dentro del pacto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año. 

Yolanda Díaz se reunió a principios de diciembre con movimientos de vivienda como el Sindicat de Llogaters i Llogateres, el Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que llevaban semanas reclamando medidas para frenar el alza de los alquileres cuando vencen los contratos y mayor protección contra los desahucios. Tras ese encuentro, hizo suyas esas políticas al pedir al PSOE que las incluyera en el decreto para paliar los efectos económicos de la guerra de Ucrania. 

Díaz alertó entonces de que los propietarios estaban introduciendo subidas de más del 40% en las renovaciones de los contratos a los inquilinos y recogió la petición de esas organizaciones de que se congelasen los que estaban a punto de caducar. 

Apenas unos días después, Podemos, en un intento de marcar perfil propio en un debate en el que la vicepresidenta se había adelantado ligeramente, recogió esa misma petición e incluyó la demanda de que se congelasen también los porcentajes de las hipotecas de tipo variable ante las subidas de tipos de interés marcadas por el Banco Central Europeo. 

La formación morada, que hasta ese momento no había valorado ni mencionado la propuesta de Díaz, pidió también un cheque de hasta 500 euros para paliar el ascenso del precio de la cesta de la compra y recomendó financiarlo con un impuesto para grandes supermercados y distribuidoras. 

Las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos sobre las medidas del decreto anticrisis siguieron sin muchos avances hasta después de Navidad. El lunes, tanto desde el entorno de la vicepresidenta segunda primero como desde la formación de Belarra después trasladaban que las conversaciones estaban bloqueadas precisamente por la negativa de los socialistas, decían, a congelar el precio de los alquileres que finalizaban entre enero y el 30 de junio. A la presión para incluir ese punto en el decreto se sumó durante el día la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que criticó que al PSOE le temblasen las piernas cuando se trata de presionar a los fondos buitres. La ministra de Trabajo escribió un tuit durante la tarde en el que también se refirió a los hedge funds. 

Esas negociaciones, según el entorno de Díaz, siguieron hasta altas horas de la madrugada entre el equipo de la ministra de Trabajo, encabezadas por su jefe de Gabinete, Josep Vendrell, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, y el Ministerio de Hacienda, aunque fuentes de Podemos sostuvieron después que quienes habían pilotado esa noche las discusiones fueron Belarra y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Lo que trascendió oficialmente fue que el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos se cerró en una reunión convocada a última hora entre Díaz y el presidente del Gobierno. El socio minoritario había cedido en la rebaja del IVA a los alimentos, pero había ganado la batalla sobre el alquiler. 

Pugna en el espacio en año electoral

Durante la negociación de este último escudo social ha habido en el espacio cierta unidad en torno al objetivo principal de conseguir incluir la prórroga de los contratos de alquiler al menos seis meses para alargar esos saltos en el precio de las rentas. Sin embargo, las versiones divergentes sobre cómo se gestó la negociación y una serie de declaraciones posteriores han devuelto el foco mediático a la división en el espacio a la izquierda del PSOE a menos de medio año de que se celebren las autonómicas y municipales y cuando faltan menos de diez meses de las generales. 

El miércoles, la secretaria general de Podemos estuvo en los micrófonos de la SER para valorar el resultado del decreto y hacer balance del año, pero volvió a dejar un mensaje sobre la interna de la organización. “Yo creo que ahora mismo es Yolanda quien tiene que decir si quiere ser la candidata de Podemos, del conjunto del espacio, y necesitamos que se dé ese paso para poder construir el espacio conjuntamente, el proyecto político, el para qué, el cómo, el con quién”, dijo Belarra.

La idea era exactamente la misma que la que trasladó antes de Navidad en una entrevista con este diario, en la que pidió a la vicepresidenta que hiciera campaña por Unidas Podemos en las autonómicas y municipales. La diferencia es que en esta ocasión, Díaz se vio forzada a responder al planteamiento de su compañera de Gobierno. En una rueda de prensa convocada inicialmente para valorar los resultados de la reforma laboral en el aniversario de su aprobación, los periodistas preguntaron a la ministra de Trabajo sobre las palabras de Belarra. 

“Que yo sepa, no se han convocado elecciones generales y, por tanto, hablar de elecciones generales, a día de hoy, cuando creo que a los españoles les interesa bien poco, y están preocupados por si son capaces de llegar a final de mes, o que les resolvamos sus problemas, como hicimos ayer, con un real decreto impresionante para mejorar la vida de la gente, nos sitúa en otra posición. Que yo sepa no hay elecciones, y cuando haya elecciones, ya hablaremos”, zanjó Díaz. 

Este viernes, Podemos insistía de nuevo y volvía a lanzar  la idea que trasladó Belarra en el último Consejo Ciudadano Estatal de la formación: es más importante la unidad que la candidata. “Lo principal es asegurar más la unidad que los candidatos, porque candidatos hay muchas opciones. Si es Yolanda Díaz, que nosotros apostamos por ella desde el primer momento, tiene que asegurar que es capaz de asegurar esa unidad”, dijo la secretaria de Organización del paritdo, Lilith Verstrynge, en una entrevista en Radio Euskadi. 

Podemos da vueltas sobre la idea de que ellos ya han hecho el trabajo de poner a punto su organización para las elecciones del año que viene y piden a Díaz que haga lo propio para empezar cuanto antes una negociación sobre cómo debe de ser el encaje, si es que lo hay, entre Sumar, Unidas Podemos y el resto de fuerzas progresistas, para evitar una negociación “tarde y mal y a puerta cerrada” como la de Andalucía. Díaz mientras tanto trata de rehuir el debate, centrada en el proceso de escucha que ha iniciado para moldear su plataforma, a la espera de anunciar si, finalmente, aspirará a liderar el espacio que hace tres años logró, por primera vez, meterse en el Gobierno.