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Yolanda Díaz se reunirá con los sindicatos para intentar sacar adelante la reforma del subsidio de paro

a ministra de Trabajo Yolanda Díaz durante un pleno del Congreso celebrado excepcionalmente en el Senado, este miércoles en Madrid.

Irene Castro / Alberto Ortiz

11 de enero de 2024 11:39 h

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Yolanda Díaz intentará de nuevo sacar adelante la reforma del subsidio de desempleo que Podemos tumbó ayer en el Congreso con su voto en contra. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha anunciado este jueves que iniciará “con carácter inmediato” una ronda de reuniones con los agentes sociales para negociar un nuevo decreto, después de que este viernes se anuncie la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

“Esta reforma va a estar consensuada”, ha adelantado Díaz este jueves en declaraciones a los medios a su llegada a una reunión informal con sus homólogos europeos en Namur (Bélgica). La líder de Sumar ha justificado la premura con la que tuvo que aprobarse ese decreto antes del 31 de diciembre en que era uno de los requisitos para cumplir con la solicitud del cuarto pago de los fondos europeos. La reforma del subsidio de desempleo es una de las medidas incluidas en el Plan de Recuperación para recibir 10.000 millones de euros. 

El Gobierno ha realizado formalmente ya esa solicitud y la Comisión Europea tiene un plazo de dos meses para evaluar las reformas antes de proceder al desembolso. Hay algunos precedentes, como el caso de Italia, en el que se ha alargado un mes el plazo para que el país pudiera subsanar fallos.

La reforma se negoció en el seno del Gobierno en diciembre y ya supuso un foco de tensión entre Trabajo y Economía. El decreto que quedó acordado contenía un amplio abanico de medidas: aumentaba la cuantía de los 480 a los 570 euros al mes, eliminaba el mes de espera entre la prestación y el subsidio, permitía la posibilidad de compatibilizar un empleo y cobrar parte del subsidio y protegía a personas que antes no cubría, como los menores de 45 años sin cargas familiares y eventuales agrarios, entre otras medidas. 

Pero no contaba con el aval de Podemos, que denunciaba que implicaba un recorte para las personas mayores de 52 años. Un argumento con el sus cinco diputados defendieron ayer el voto en contra en el Congreso. El decreto quedó derogado con los votos de ese partido, PP, Vox y UPN. El fracaso de las negociaciones significó la primera derrota parlamentaria del nuevo Gobierno de coalición en menos de dos meses desde la investidura de Pedro Sánchez.

“Ayer la derecha, la extrema derecha y Podemos han recortado los derechos de los parados, han tumbado un decreto que ampliaba la prestación del subsidio por desempleo a las trabajadoras transfronterizas que vienen a Ceuta y Melilla a trabajar. Hoy no tienen derecho al subsidio por desempleo. Han votado 'no' a un colectivo importante de trabajadores menores de 45 años sin cargas familiares, que se quedan sin subsidio por desempleo, o a que los trabajadores de la agricultura eventuales no tengan subsidio por desempleo. Lo han hecho PP, Vox y Podemos”, ha criticado en declaraciones a los periodistas.

Ahora, el Ministerio de Trabajo convocará una mesa con los agentes sociales con carácter “inmediato”. Será en todo caso, después de que este viernes el Ministerio anuncie la subida del SMI, para la que por ahora no hay acuerdo con los empresarios, que han rechazado la cifra del 4% planteada por el Gobierno. Trabajo ya ha manifestado que, si no se llega a un consenso, subirá el salario mínimo por encima de esa cifra.

La intención de Díaz es poner sobre la mesa un acuerdo del diálogo social sobre la reforma del subsidio de desempleo que eleve la presión sobre las fuerzas políticas a la hora de rechazarlo. “Vamos a convocar con carácter inmediato esta mesa para que esta reforma, ahora sí, sea dialogada con los agentes sociales”, ha afirmado. “Me consta que había mejoras que los sindicatos querían, no con esta reforma en concreto, sino con algunos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el tiempo parcial –ha precisado–. Lo vamos a someter a debate”.

Como el decreto vuelve a la casilla de salida, las medidas tendrán que tener de nuevo el visto bueno de Economía antes de salir del Consejo de Ministros y someterlo después a negociación con el resto de grupos. El problema es que si Trabajo pretende sacar esta medida, descartado el apoyo de la derecha tendrá que contar ineludiblemente con los votos de Podemos, que no parece dispuesto a mover sus posiciones.

Fuentes de la vicepresidencia segunda aseguran que en la tarde de ayer, antes de que venciera el plazo para las votaciones, enviaron una oferta a Podemos con el compromiso de aceptar la enmienda que solicitaban y trabajarla conjuntamente después en la tramitación del decreto como proposición de ley. Yolanda Díaz, no obstante, no ha aclarado este jueves si está dispuesta a mantener ese compromiso.

Esas mismas fuentes sí aclaran que una vez tumbado el decreto, la negociación ahora no corre tanta prisa y tendrán margen para hablar con calma y poder debatir las propuestas con los sindicatos, algo que estas organizaciones habían criticado durante la tramitación del decreto anterior, aprobado a contrarreloj, insisten, para poder cumplir con los plazos de Bruselas.

Irene Montero: “Que retiren el recorte y podrán contar con nuestros votos”

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha asegurado que su partido dará los votos para aprobar esta reforma pero siempre y cuando eliminen ese “recorte” que entienden que suponía el decreto tal y como salió del Consejo de Ministros. “La mejora del subsidio es posible todavía, entraba en vigor en junio”, ha dicho Montero en una entrevista en Antena 3. 

Montero ha reiterado que si el Gobierno quiere sacar adelante ese decreto tienen que eliminar la parte de esa medida que suponía un “recorte” para los mayores de 52 años, una premisa que niegan en Trabajo pero que se mostraron abiertos a negociar durante el día de ayer. “Le hemos dicho que lo retiren para que podamos hablar de avances de derechos y no de un trágala”, ha dicho Montero hoy.

Podemos ha centrado su rechazo al decreto en la reducción de la cotización en el subsidio de mayores de 52 años, que pasará del 125% de la base mínima (que queda marcada por el salario mínimo) al 100%. Lo que se cotiza es determinante para la cuantía de la futura pensión, una cuestión muy relevante para este colectivo de edad avanzada. El partido denuncia que se trata de “un recorte” que no puede aceptar y ha pedido al PSOE (con quien fuentes del partido aseguran que es la única fuerza del Gobierno con la que negocian) que lo retire.

Tanto el PSOE como Sumar han justificado la reducción de la cotización del subsidio para mayores de 52 años ante el gran aumento del salario mínimo de los últimos años, de casi el 50% en cinco años. Por un lado, María Jesús Montero ha insistido “hasta la saciedad” que no se reduce el subsidio de mayores de 52 años por lo que se niega a hablar de un “recorte”.

La subida de casi el 50% del SMI “permite que las políticas de salarios mínimos de hambre se puedan dejar atrás”, afirmaba esta semana Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo. “Con esos salarios indecentes los trabajadores no podían cotizar suficiente para tener pensiones dignas. Hoy con el salario mínimo que tenemos, la cotización también es una cotización digna, no requiere de sobrecotización”, argumentaba el 'número dos' de Yolanda Díaz.

La cotización de 125% en este subsidio estaba vigente antes de la reforma laboral del PP de 2012, con salarios mínimos por debajo de los 700 euros al mes. El PP endureció el acceso al subsidio elevando la edad a los 55 años y computando la renta familiar, así como redujo la cotización al 100% de la base mínima, entre otras medidas.

En 2019, en el primer mandato de Pedro Sánchez, cuando el PSOE recuperó el subsidio de mayores de 52 años, restableció también esta cotización del 125%. Ese año, el Gobierno había pactado con Unidas Podemos la mayor subida del SMI, del 22%, hasta los 900 euros al mes. Después, ha seguido incrementando el salario mínimo y se ha comprometido a hacerlo en el futuro, para que se mantenga al menos en el 60% del salario medio del país.

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