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José Luis Sanz (PP) acaba de sellar su segundo gran acuerdo desde que es alcalde de Sevilla, y lo ha hecho con Vox para limitar los pisos turísticos. Si hace un año pactaba con el PSOE para sacar adelante las ordenanzas fiscales de 2024, lo que permitió a los socialistas proclamar que habían conseguido una importante reducción fiscal para la ciudadanía, ahora es con los de Santiago Abascal con los que va a desatascar una cuestión bloqueada desde hace meses. Y lo hará, además, sin imponer la moratoria a nuevas viviendas de este tipo a la que se negaba y que hasta ahora venía reclamando la propia formación de ultraderecha.
Este acuerdo supone un giro sobre todo en la postura de Vox, que hasta la fecha ha sido más radical en su oposición al PP que los propios partidos de izquierda (PSOE y Podemos-IU), que le han ido aprobando sustanciosas modificaciones presupuestarias. Sanz siempre ha tenido la mano tendida a su derecha, pero con el requisito de que no les iba a dejar entrar en su gobierno. Recientemente reiteraba su invitación a entenderse manteniendo la misma condición, y por primera vez parece que el ofrecimiento ha dado sus frutos.
El pacto llega después de que el PP viese cómo su propuesta de limitación se la tumbaba la oposición en bloque en el pleno de junio, para así reclamar un endurecimiento del texto. Desde el día de esa sesión plenaria hasta este lunes, y tras varias y fracasadas reuniones para desbloquear la cuestión, Sevilla ha sumado 359 nuevos pisos turísticos que han podido seguir inscribiéndose al no existir cortapisa alguna. A día de hoy ya son 9.650, con capacidad para algo más de 47.000 plazas.
Compromisos no muy exigentes
Además, y a la hora de la verdad, ha conseguido salirse con la suya sin dejarse demasiados pelos en la gatera. Por un lado, reconsiderará el tope impuesto de un máximo del 10% de pisos turísticos con respecto al número de viviendas de cada barrio. Para ello se revisará el análisis técnico que fijó este porcentaje, “encargando un nuevo informe, si es preciso, para sostener legalmente la limitación”.
Así figura en el documento que se remite para su aprobación este miércoles en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo antes de su validación definitiva en el pleno municipal, con la idea de que sea este mismo mes de octubre. El objetivo sería valorar argumentos que justifiquen una reducción de este 10% –lo que implicaría menos pisos turísticos– teniendo en cuenta parámetros como las zonas de alto esfuerzo familiar para adquirir una vivienda, las acústicamente saturadas y las de carácter patrimonial.
El otro requisito se antoja especialmente complicado, ya que consiste en instar al Gobierno andaluz “de manera formal y pública, obteniendo un compromiso real”, a que modifique el decreto que entró en vigor en febrero para regular este sector. Una iniciativa a la que habría que darle “forma normativa con trámite parlamentario y exposición pública”, con la idea de endurecerlo y concederle a los ayuntamientos mayor capacidad en esta materia en función de “las especificidades de cada municipio”.
Agradecimiento a Vox
El informe de Urbanismo en el que se sustenta la propuesta para su aprobación reconoce las “vicisitudes acontecidas” en la recorrido administrativo de esta norma municipal. Así que, además de desestimar todas las alegaciones presentadas, continúa con su tramitación “con la incorporación en particular de las aportaciones manifestadas por el grupo Vox”. De paso, se apela a la necesidad de su aprobación definitiva “por razón imperiosa de interés general”: falta de viviendas, despoblación, incremento de precios, pérdida de la identidad de los barrios, afección al entorno...
El reconocimiento a la formación de ultraderecha, que en el Ayuntamiento de Sevilla lidera Cristina Peláez, la ha verbalizado el propio José Luis Sanz este lunes. “Alabo la responsabilidad política de Vox para poder aprobar esta propuesta y luego aprobar otra que mejore la que está encima de la mesa, pero por lo menos empezar a limitar ya”, ha resaltado el regidor hispalense.
Peláez, por su parte, no ha escondido su satisfacción porque su formación “ha conseguido paralizar la proliferación de los pisos turísticos” con un acuerdo que, incide, “asume las principales propuestas” de su partido. Eso sí, ha renunciado a su exigencia de una moratoria, aunque el foco lo ha puesto en que el decreto del Gobierno andaluz que regula estas viviendas “es en gran medida el causante del problema”.
Adiós a la moratoria
La confirmación del entendimiento entre PP y Vox le huele a cuerno quemado a la oposición de izquierdas. Podemos-IU, por ejemplo, considera por medio de su portavoz, Susana Hornillo, que “Vox le hace el trabajo sucio al PP y aún nos falta saber qué va a recibir a cambio”. Todo ello, sin atender el “consenso social que reclama una moratoria”, que también venía solicitando un PSOE que propuso rebajar el porcentaje avalado por el gobierno local del 10 al 2,5%, que “equivalía de facto a una moratoria”.
Así lo apunta el concejal Francisco Javier Páez, representante socialista en el Consejo de Urbanismo, que le ha reprochado al alcalde su “alianza con asociaciones de viviendas turísticas, fondos de inversión y Vox”. A su juicio, de este acuerdo sólo se beneficiarán los barrios del centro (salvo San Julián y El Museo) y el casco antiguo de Triana, lo que abre la puerta a que “la mancha de aceite de las viviendas de usos turísticos se extienda” a zonas como la Macarena, Nervión, San Pablo, Sur y Los Remedios. De paso, recuerda que, conforme a la propia propuesta municipal, esto abre la puerta a que se autoricen en Sevilla hasta 23.000 pisos turísticos más.