El caso de Kike Salas pone el foco sobre los sistemas de detección de amaños deportivos: “Todo se vigila”

El hecho de que Kike Salas recibiera siete tarjetas amarillas en los últimos nueve partidos de Liga (de los que, además, se perdió uno), justo a partir de que su club, el Sevilla F.C., se garantizara matemáticamente la permanencia, es una anomalía. En la temporada anterior sumó cuatro amonestaciones en 13 partidos y en la previa, dos en diez. Y de repente, aquel sevillista de cuna (su tío también jugó en el equipo nervionense), de 22 años y central titular en el final de curso, salía casi a tarjeta por encuentro. Además, las siete tarjetas de la 23/24 las vio en el tramo final de los partidos.

Es el tipo de “casualidades” que disparan las alarmas en los despachos donde se observa con lupa el trasiego de números y cuotas que son las apuestas deportivas. Eventos anómalos o conductas que se alejan de los patrones habituales, como un número de apuestas muy alto en minutos previos a un encuentro deportivo o durante su desarrollo, o en muy poco tiempo, si bien en este último caso se trata de otro tipo de fraude que aprovecha pequeños márgenes en los tiempos de actualización. Los finales de temporada son una época más propicia para el amaño en el fútbol, porque hay muchos clubes que ya no se juegan nada.

Entonces, los sistemas de Big Data de las casas de apuestas nutridos con millones de datos de apuestas dan la voz de alarma. “Todo se vigila. Todo. El sector entrega al Gobierno información por tipo de personas, juego, de dónde viene el dinero, cuánto apuesta, adónde va... Está absolutamente monitorizado”, asegura Jorge Hinojosa, director general de JDigital, una asociación que agrupa a los principales operadores de juego de España.

La Subdirección General de Inspección de la Dirección General de Ordenación del Juego -DGOJ- es la encargada de monitorizar los movimientos de los jugadores y de todas las apuestas que se hacen online. Es quien recibe las sospechas, a través de la alerta en el SIGMA (su servicio de investigación), en el que participan obligatoriamente todos los operadores.

“Somos el facilitador de sospechas porque somos los primeros interesados en que esto no ocurra. Salta una alerta, pero de ellas se sacan sospechas, no conclusiones. Nosotros lo comunicamos a la Policía”. La sorpresa, dice Hinojosa, es que aquí haya saltado con un jugador y un club de Primera División. “Esto suele producirse en poblaciones más vulnerables, por edad y categoría”.

Posible delito de estafa y sanciones disciplinarias

Esto convierte a Kike Salas en una anomalía dentro de otra, asegura Hinojosa. En 2023, último año con cifras cerradas, las casas de apuestas online reportaron a la Policía once casos de sospechas, cuatro en fútbol y siete de tenis, un deporte que concentra la mayoría de las denuncias. Los deportes colectivos, por su propia naturaleza, dificultan el amaño al exigir para casi todo (resultado, goles, saques de esquina) la participación de muchos actores. No es el caso de las tarjetas. En el caso de las amarillas puede bastar una protesta o una falta leve sin opción de jugar el balón.

En el caso de Kike Salas, un juzgado de Morón de la Frontera (Sevilla) investiga si él y dos amigos se concertaron para que estos últimos se embolsasen en un mes en torno a 10.000 euros en apuestas fraudulentas, pactando previamente que el jugador forzaría las tarjetas. Las pesquisas judiciales arrancaron el pasado diciembre a petición de la Fiscalía.

La investigación está lejos de su final, pero Kike Salas, que hace un mes renovó su contrato hasta 2029, podría ser acusado de un delito de estafa, castigado con entre seis meses y tres años de cárcel. Además, la Liga prevé multas de 1.200 a 100.000 euros.

Por otro lado, el código disciplinario de la Federación Española recoge que la participación de futbolistas, entrenadores o directivos en apuestas son infracciones muy graves que implican sanción de hasta 30.051 euros y la privación de la licencia federativa por un plazo de dos a cinco años, además de posibles consecuencias para los clubes. La ley del juego (de 2011) prohíbe que los deportistas, entrenadores u otros participantes directos en el acontecimiento o actividad deportiva realicen apuestas. Pero en este caso no se sospecha que Kike Salas apostara por sí mismo.

A nivel internacional, el caso de Lucas Paquetá guarda muchas similitudes con las sospechas en torno a Kike Salas. El cotizado centrocampista del West Ham, de 27 años e internacional con Brasil, está acusado de forzar tarjetas amarillas en cuatro partidos para que sus amigos ganasen en torno a 100.000 libras esterlinas. Se enfrenta a una posible sanción de diez años de inhabilitación que acabaría con su carrera deportiva.

En España, la intervención más significativa de los últimos años es la llamada operación Oikos, en mayo de 2019, contra la presunta trama liderada por los exjugadores Raúl Bravo y Carlos Aranda, con doce investigados a los que se acusaba de adulterar partidos de Primera, Segunda y Tercera División. No llegó a nada: el caso fue sobreseído en marzo de 2024 por un juzgado de Huesca, que consideró que no había indicios suficientes de fraude.

En 2022 se detectó otra trama sospechosa de alterar resultados de encuentros de Primera y Segunda RFEF (antiguas Segunda División B y Tercera División), la Liga Andorrana y la Liga de Gibraltar. La operación tuvo una segunda fase en enero de 2023. En total, se detuvo a 30 personas acusadas de alterar el resultado de 30 encuentros de abril a junio de 2022. Los implicados, enrolados en distintos clubes, eran amigos procedentes de Sanlúcar de Barrameda, y bajaban escandalosamente los brazos en los partidos para llegar al resultado prefijado.

Un negocio de 500 millones al año

“No hay un problema de integridad con el deporte en España, los datos son los menores de Europa. Si esto se produjera todas las semanas nadie creería en el fútbol, pero eso no ocurre”, insiste Jorge Hinojosa, que sostiene que aquí hay factores que realzan la percepción: “Es un problema muy visible cuando se trata de fútbol y, especialmente, en una categoría tan alta”.  

IBIA (International Betting Integrity Association, por sus siglas en inglés) no recibió ninguna alerta desde España en el último trimestre. Este mecanismo recibe alertas sobre la integridad de apuestas hechas en España aunque el evento se produzca en el otro extremo del mundo. Del total de 113 alertas lanzadas en Europa en 2023, once provenían de España.

El fútbol intenta también atajar el fraude desde la base. La LFP dispone de cursos de formación para exponer los riesgos del amaño de partidos. Existe también una Comisión integrada por el Gobierno (a través de la DGOJ y el Consejo Superior de Deportes), la Policía Nacional, la Liga, la Federación de Fútbol, la de Tenis, la Asociación de Futbolistas y cuatro operadores de juego.  

El mercado del juego online, en general, y el de las apuestas deportivas, en particular, han crecido de forma exponencial en los últimos años, gracias a la panoplia casi ilimitada de eventos a los que apostar, la inmediatez, un marketing muy agresivo y la facilidad de acceso a través de aplicaciones. Según la última memoria de la DGOJ, en España se pusieron en juego 11.949 millones de euros en apuestas deportivas en 2023, contando el juego online y el presencial.

Las casas de apuestas online facturaron 491,8 millones de euros, cerca del 40% de la facturación total del sector del juego online, resultado de restar los ingresos a las ganancias de los jugadores. Fueron casi 136 millones de euros solo en el tercer trimestre de 2024, un 19,76% más que en el mismo trimestre que el año anterior, según el último informe trimestral de la Dirección General de Ordenación del Juego.