Como en otras ciudades de España, el acceso a la vivienda en Sevilla se ha convertido en un “drama” agravado por el aumento de los precios, que se acercan a los de la burbuja inmobiliaria de 2008, alimentados por el boom de las viviendas turísticas. En este contexto, se ha puesto en marcha el Sindicato por la Vivienda de Sevilla, una iniciativa ciudadana, impulsada en su mayoría por gente joven, con el objetivo de articular una respuesta organizada en la capital andaluza frente a “la mercantilización de un derecho elemental” como es la vivienda.
El Sindicato por la Vivienda de Sevilla nace así al calor de la oleada de protestas que está recorriendo todo el territorio español para reivindicar que “la vivienda no es un negocio”. De esta forma, la nueva organización sevillana se suma a la red de sindicatos que se han desplegado los últimos años por España para combatir “una de las crisis más graves de la actualidad”, la de la vivienda, que está copando el debate público y marcando la agenda política.
Una crisis “provocada por un modelo económico injusto que trata la vivienda como una mercancía y no como un derecho fundamental básico para vivir, como la comida o el agua”, según recoge el manifiesto fundacional de esta entidad, que ha echado a andar este lunes con la vocación de combinar la organización y la movilización con reivindicaciones concretas y con una fecha en el horizonte: el 5 de abril, día en el que los sindicatos de inquilinas han convocado la primera manifestación estatal por la vivienda.
En su primera rueda de prensa, el Sindicato por la Vivienda de Sevilla ha puesto cifras y rostros al drama residencial que sufre el país y afecta también a los sevillanos. En la capital hispalense, “más de un cuarto de la población asalariada percibe un salario inferior al Salario Mínimo Interprofesional” (1.184 euros mensuales), mientras los precios alcanzan cifras desorbitadas: “Alquileres que superan los 900 euros e hipotecas superiores a los 135.000 euros con condiciones abusivas impuestas por las entidades financieras”, como advierten desde la organización sindical.
Frente a ello, denuncian en su manifiesto que las políticas públicas actuales “no están resolviendo la crisis, sino todo lo contrario”. En este sentido, acusan a las empresas públicas encargadas de facilitar el acceso a la vivienda (Emvisesa a nivel local y AVRA en el contexto de la Junta de Andalucía) de ofrecer soluciones que distan de ser accesibles para gran parte de la población, al “anunciar promociones públicas por 200.000 euros”.
“Las administraciones públicas, que deberían garantizar el derecho a la vivienda, son cómplices”, reprochan. “Han tolerado y favorecido la liberalización del mercado inmobiliario, la promoción del alquiler turístico y la, a todas luces, insuficiente oferta de vivienda protegida; lo único que realmente garantizan es la prosperidad de unos pocos poderosos, a costa de la miseria de la mayoría”, critican desde el Sindicato por la Vivienda sevillano, recordando que “mientras decenas de miles de personas están desesperadas por acceder a un techo que les brinde estabilidad y dignidad, cerca de 25.000 viviendas permanecen vacías en nuestra ciudad, en manos de fondos buitres, bancos e inmobiliarias cuya única función es especular y subir los precios del mercado”.
Todo ello conduce a “una situación cada vez más alarmante”, en la que “cada vez son más las personas que se ven obligadas a vivir en condiciones precarias o que directamente son expulsadas del acceso a una vivienda digna”. Ante este panorama, el Sindicato por la Vivienda de Sevilla plantea una lucha activa contra lo que describen como una “dictadura inmobiliaria”.
En su lista de objetivos, figura negociar con las administraciones para promover mejoras como crear un parque público de viviendas protegidas “realmente asequibles”, limitar los precios del alquiler para que en ningún caso superen el 5-15 % del salario de los inquilinos, endurecer las normativas contra cláusulas abusivas en contratos de arrendamiento e hipotecas o expropiar las viviendas vacías en manos de especuladores.
En definitiva, este nuevo sindicato se propone, desde Sevilla, hacer efectivo un derecho recogido en la Constitución Española, que se ha convertido en un “horizonte inalcanzable” para miles de personas, especialmente entre la población joven. “La vivienda no puede seguir siendo el negocio de unos pocos, debe ser un derecho accesible para todas y todos”, reivindica Álvaro Pastor, secretario general de la organización que defiende que “tener un techo no es un lujo, es algo imprescindible para la supervivencia, como la comida o el agua”.
Ahora que ya se ha puesto en funcionamiento, el Sindicato por la Vivienda sevillano anima a “inquilinos e inquilinas, hipotecados e hipotecadas, trabajadores y trabajadoras” a unirse a esta iniciativa, asistiendo a las asambleas y actividades que anunciarán a través de sus redes sociales. Desde esta plataforma ciudadana recién estrenada, confían en que el movimiento en defensa de la vivienda pueda coger impulso y alcanzar conquistas en Sevilla al calor del fervor que se respira a nivel nacional, como se espera demostrar en la manifestación estatal del próximo 5 de abril.
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