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La Guardia Civil y la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) han certificado que la Casa de Alba ha vuelto a poner en funcionamiento los pozos ilegales de Aljóbar, su finca junto a Doñana en el municipio sevillano de Aznalcázar, que ya fueron precintados al estar en curso una investigación por delito ambiental por su posible utilización para “riegos ilegítimos”. El juez ordenó el pasado mes de mayo levantar el bloqueo de estas instalaciones, una decisión que contó con la oposición de la Fiscalía de Medio Ambiente.
Fuentes del caso han confirmado a este periódico este segundo incidente con los pozos, que ya ha sido comunicado al titular del Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor que tramita la causa y que es el que debe decidir si se vuelven a tomar medidas cautelares contra las ocho extracciones sin licencia que hay repartidas por la propiedad. El fiscal acusa de “detracción ilegal de agua” a la empresa de la casa ducal que gestiona estas tierras, Eurotécnica Agraria, una denuncia –a la que se une otra de desobediencia por impedir el acceso a las tierras de la Guardia Civil– por la que está llamada a declarar como investigada Eugenia Martínez de Irujo. La duquesa de Montoro ocupaba la presidencia de la compañía en el momento de iniciarse la investigación, un cargo que va rotando entre los integrantes de la familia.
La empresa –cuyo abogado ha declinado hacer declaraciones– asegura que nunca llegó a usar los pozos sin licencia y que no extrajo más agua de la que tiene autorizada. Pese a ello, el fiscal calcula que sólo en una campaña agrícola y en plena sequía habría bombeado para “riegos ilegítimos” 305.851,73 metros cúbicos (305 millones de litros), un 50% más de lo que tiene concedido. Esta cantidad de más la cuantifica económicamente en 36.702,16 euros.
Investigación prorrogada seis meses más
La causa judicial intenta determinar el total de la superficie regada y de los cultivos existentes en los últimos diez años, durante los que habrían estado presuntamente operativos los pozos denunciados, así como la cantidad mínima de agua que pueda haberse detraído “ilícitamente”. La finca tiene autorización para una captación con la que regar 200 hectáreas en las que cultiva naranjas gourmet, y tiene asimismo autorizado otro pozo para uso doméstico, además de una balsa para acumular agua y con capacidad para 305.000 metros cúbicos.
El juez prorrogó recientemente seis meses la investigación a petición de la Fiscalía, que está elaborando un informe que podría dar lugar a nuevas diligencias. A la hora de retirar el precinto judicial a los pozos, el magistrado señaló que no resultaba “procedente” mantener las medidas cautelares al considerar que “no parece que su uso o utilización suponga un riesgo” para el acuífero. En paralelo, y mientras estas captaciones estaban inutilizadas por orden judicial, Eurotécnica Agraria ha presentado un proyecto para regularizarlas que cuenta con el visto bueno inicial de la Confederación del Guadalquivir.
Este organismo estatal autoriza los cambios en el sistema de riego que quiere implantar la empresa porque considera que puede mejorar la hidrodinámica del acuífero del que extrae los recursos (Aljarafe Sur), que está en buen estado y para cuya conservación no supone un riesgo esta propuesta. Esta afirmación fue la que llevó al magistrado a levantar las medidas cautelares sin imponer ninguna otra medida restrictiva, lo que en la práctica significaba que quedaba en manos de la propiedad la utilización o no de unas infraestructuras que todavía no están regularizadas.
“No deberían hacer uso de los pozos”
De hecho, la única advertencia en este sentido la hizo en ese momento la Guardia Civil, al retirar los precintos el pasado 23 de mayo, tal y como consta en su oficio: “Se comunica a los interesados que sin contar con todas las autorizaciones pertinentes no deberían hacer uso de los pozos desprecintados”. En este sentido, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) le recordaban a Eurotécnica Agraria que su propuesta de regularización sigue tramitándose y que el proceso no ha finalizado, lo que supone que ahora mismo está ante “una mera expectativa de alcanzar un derecho aún no consolidado”.
Aunque el acuífero Aljarafe Sur (del que obtiene sus recursos Aljóbar, y que linda con las masas de aguas subterráneas de las que bebe Doñana) está oficialmente declarado en buen estado, un informe de la Confederación del Guadalquivir realizado en el marco de la causa judicial concluyó que se encuentra en los niveles más bajos desde que existen registros. Esto es debido a la “explotación intensiva” que ha sufrido en los últimos años, aunque también apunta que “no es posible concretar que el único causante” haya sido la explotación de la Casa de Alba.