La oposición tumba la nueva tasa de basura en Sevilla y aboca al gobierno local del PP a poner los 20 millones de su coste

Los sevillanos no tendrán que pagar por ahora la nueva tasa de basura que complementa a la ya existente, en este caso para financiar el coste de reciclar los residuos. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), se ha topado con que la oposición en bloque (PSOE, Vox y Podemos-IU) ha tumbado la propuesta de su gobierno para aplicar este tributo a partir de abril, como obliga una ley estatal que transpone una directiva europea. En este caso, de nada ha servido la recién estrenada buena relación entre PP y Vox.

Esto implica que ahora es el ayuntamiento el que debe apechugar con los 20 millones de euros que se iban a recaudar en lo que quedaba de año –el importe íntegro anual serán 26 millones– , lo que a su juicio pone en peligro la viabilidad de Lipasam, la empresa municipal de limpieza. El PP da prácticamente por muerta cualquier posibilidad de acuerdo, por lo que ahora mismo piensa más en darle forma a una nueva ordenanza con vistas a 2026 que en intentar resucitar la que ahora ha caído. La idea sería aplicarla desde el 1 de enero y fusionarla con la que ya existe, para evitar duplicidades.

El pleno municipal le ha dado así este jueves la puntilla a un proceso que ya venía mal encaminado, con reproches a la ordenanza que sustenta esta tasa desde varios frentes, desde la interventora y el secretario municipal al Tribunal Económico Administrativo y el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS). En el caso de los hogares particulares, el borrador de la norma estipulaba el cobro de 1,15 euros por persona y mes en la factura de Emasesa, lo que implica que en el caso más común (cuatro miembros por familia) supondría 9,2 euros más en el recibo bimensual.

No paga más el que más contamina

¿Y por qué esa coincidencia en expresar dudas con la ordenanza del PP? Pues porque todos estos actores que han participado en este procedimiento administrativo consideran que no se garantiza el principio de que tiene que pagar más quien más contamina, además de alertar de que, como se iba a aplicar en paralelo a la tasa de basuras ya existente, en algunos aspectos se iba a abonar dos veces por lo mismo.

Pese a este viento en contra, y a que en la comisión de Hacienda ya toda la oposición avisó de que no le gustaba lo que se iba a llevar al pleno, el PP derribó en bloque todas las enmiendas y mantuvo el texto tal cual. Así las cosas, el delegado de Hacienda, Juan Bueno (PP), ha basado su defensa de la propuesta en que se trata de una “imposición del Gobierno de Pedro Sánchez” que “no se ha hablado, debatido o consensuado con los ayuntamientos”.

Con todo la tasa no es ninguna sorpresa, porque la ley en la que se recoge es de 2022 y la directiva europea que impulsa a ello es de 2018. Todos los municipios de más de 5.000 habitantes sabían que a partir de abril de 2025 tenían que repercutir los costes del reciclado en la ciudadanía, algo que en el caso de Sevilla se ha retrasado asumiendo el consistorio el gasto “a pulmón” durante 2023 y 2024, cuando ya se tenía que recaudar. Por cierto, que el ayuntamiento es un mero intermediario, ya que los fondos los recibe la Junta de Andalucía para costear el tratamiento de los residuos.

“Que Montero nos haga un Jaén”

Ya con el 'no' de la oposición, Bueno ha esgrimido tímidamente que en la ordenanza “no se dice en ningún lado que haya doble imposición”, aunque ha reconocido que “puede haber algo de confusión” que en todo caso “provoca la propia ley, no la tasa”. Y si la norma impone la misma cuantía por ciudadano, sin tener en cuenta lo que pueda reciclar o no, es porque “es imposible poner un chip a las bolsas de basura”.

Que el ayuntamiento se tenga que sacar ahora 20 millones de euros de la manga para asumir lo que no va a poner cada sevillano se va a traducir en que “se pone en riesgo el presupuesto de Lipasam, que a lo mejor es lo que están deseando”, le ha reprochado especialmente al PSOE. “Atentos a las consecuencias, porque ahora vamos a preguntar qué pasa por incumplir la ley”, que estipula que es el ciudadano el que debe pagar, y no las administraciones.

Y para insistir en conectar la tasa con el Gobierno central, ha pedido a María Jesús Montero (vicepresidenta, ministra de Hacienda y ahora también líder del PSOE andaluz) “que nos haga un Jaén y condone el impuesto”. Aludía así al compromiso de liquidar la deuda municipal con el que los socialistas han recuperado la alcaldía de Jaén con una moción de censura.

“Están engañando a los ciudadanos”

Por el PSOE ha hablado su portavoz adjunta, Sonia Gaya, que ha expresado que están de acuerdo con la ley pero no con la ordenanza porque se olvida de la progresividad fiscal, no es transparente y supone una doble tributación. De paso, incluye una partida de medio millón de euros para concienciación ciudadana, “una campaña para reciclar pero luego no hay contenedores para hacerlo”. “Están engañando a los ciudadanos, esto desincentiva a reciclar, ha apostillado.

También ha recordado que la recaudación se deriva luego a la Junta de Andalucía, como ya ha ocurrido en 2023 y 2024, pero luego el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, “no ha repercutido este dinero en los ayuntamientos para que se preparen”. “La ley daba un plazo que no han cumplido”, ha señalado como colofón.

Del “enterrados en basura” al “fanatismo climático”

La portavoz de Podemos-IU, Susana Hornillo, ha justificado su negativa en argumentos similares: la “inseguridad jurídica” que se genera, la falta de progresividad fiscal, el riesgo de que el ciudadano “pague más de lo que debería”, no contemplar incluso los posibles ingresos que genere para Lipasam la gestión de los residuos... Y por encima de todo, “no fomenta el reciclaje”, lo que no es un problema menor porque según los propios cálculos de la Unión Europea “vamos a acabar enterrados en basura”.

Por último, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, se ha opuesto a esta “macrosubida” porque implica aumentar los impuestos, algo a lo que su juicio el PSOE siempre está dispuesto porque “los verdaderos responsables son Sánchez y Montero”. Pero el 'no' es más rotundo porque supone “la imposición de la agenda ideológica y climática” de la Comisión Europea y del Gobierno central, fruto de su “fanatismo climático”.