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El pasado 5 de marzo, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), y la consejera de Fomento, Rocío Díaz (PP), cogían la pala en el siempre simbólico acto de la primera piedra de una promoción de vivienda, en este caso públicas, bajo el paraguas de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa). La tormenta se desataba dos días después, cuando se hacían públicos unos precios que (IVA incluido) se disparan entre los 200.000 y los 350.000 euros.
Es verdad que es el solar de la antigua fábrica de Cruzcampo, bien ubicado, y que incluyen garaje y trastero, pero que una vivienda pública alcance estos costes ha levantado una considerable polvareda social y política. “Modelo de VPO para ricos”, ha denunciado el PSOE; “es subvencionar la especulación”, lamenta Adelante Andalucía; el consistorio hispalense “construye para hogares totalmente privilegiados”, critica el Sindicato de Inquilinas.
Si a esto le unimos que la Junta de Andalucía acaba de elevar hasta los 59.000 euros anuales (un sueldo de 4.200 euros mensuales) el límite de ingresos familiares para aspirar a viviendas protegidas, la denuncia pública es que ni la VPO es ya una solución para muchas familias que aspiran a un hogar. Con este sistema, denuncia por ejemplo el PSOE, el PP consigue que la vivienda pública “sólo llegue a unos privilegiados y no a quienes realmente la necesitan”.
Precios “competitivos” para el PP
El gobierno local del PP esgrime que los precios de Emvisesa “son competitivos y están justificados”, y son hasta un 42% más baratos que los del mercado libre. “Entre otras cosas porque el ayuntamiento está poniendo a disposición suelos”, argumenta, aunque desde el Sindicato de Inquilinas se lamenta que “la vivienda protegida se encuentra prácticamente en la misma línea de precios abusivos del mercado libre”.
Las 92 viviendas de Emvisesa en Cruzcampo se ofertan en régimen en venta de precio limitado (VPL), y exige los mismos requisitos que para otra reciente promoción pública de 137 hogares en Palmas Altas: los ingresos familiares no deben superar 5,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Eso sí, si tras el proceso de adjudicación sobra alguna, podrán aspirar a ellas unidades familiares con ingresos hasta siete veces el Iprem.
Esto significa que –al igual que ha hecho la Junta– se abre la puerta a sueldos mensuales de 4.200 euros. Otro detalle adicional a tener en cuenta es que no es necesario estar inscrito en el registro municipal de demandantes de vivienda pública en el momento de presentar la solicitud, pudiendo inscribirse posteriormente. Y si los pisos no se cubren con los que están en lista de espera, se oferta en el mercado general.
No es la primera polémica que en materia de vivienda tiene que afrontar el Ayuntamiento de Sevilla, que hace unos meses tumbaba cuatro proyectos de pisos públicos compartidos al no considerarlos rentables. Y poco después, en una promoción privada en los antiguos suelos de Cross, autorizó la reducción de la oferta inicialmente prevista de VPO para que pasase de 720 a 280 pisos protegidos.
La culpa, de Pedro Sánchez
El que ha dado voz a la versión municipal ha sido el propio alcalde, José Luis Sanz, que además ha apelado a que en los últimos años “se ha incrementado el precio del acero, del cemento, del ladrillo y de todos los materiales de construcción”. Pero sobre todo, ha encontrado una vía de escape política cargando contra el Gobierno central, y es que “quien tiene la posibilidad de bajar el precio de la vivienda protegida en nuestro país es el señor Pedro Sánchez”.
Según los cálculos municipales, el Ejecutivo central tiene en su mano reducir hasta un 25% el precio de las VPO, y para ello dispone de tres instrumentos: bajar el precio del módulo de vivienda protegida, reducir el IVA y facilitar muchas más medidas fiscales... precisamente a través del Ministerio de Hacienda, que comanda la ahora también secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero.
El consistorio hispalense reclama ayudas directas a la compra y para el pago de los intereses hipotecarios, bajar el Impuesto de Sociedades a las empresas que se dediquen a la promoción de vivienda protegida y recuperar las desgravaciones fiscales. “¿Qué tiene que hacer Pedro Sánchez? Dejarse de populismo y tomar medidas”, y es que el presidente del Gobierno es a su juicio “el auténtico responsable”.
Todo ello en un contexto en el que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en Andalucía el precio de la vivienda libre se disparó un 10,6% en 2024, más del doble de lo que aumentó en 2023. En Sevilla, según los informes que emite la plataforma Idealista, el incremento el último año ha sido del 12,6%, lo que eleva el coste del metro cuadrado a casi 2.500 euros. Y según denuncia el Sindicato de Inquilinas, la variación interanual de los alquileres estaría en 8,6%, lo que sitúa el precio medio para una vivienda de 75 metros cuadrados en 922 euros.
El PP busca “negocio con el ladrillo”
Desde el PSOE municipal no se ven precisamente así las cosas, y se apunta que Sanz “sólo vino a Sevilla para hacer negocio con el ladrillo”. Y lo explica en seis pasos, como buscar la rentabilidad del promotor a costa de subir el precio de las VPO y aprovechar la subida de los precios de la vivienda de renta libre para encarecer el de la protegida. “Sitúa las VPO de Emvisesa a precio de oro”, con lo que no se adjudican todas y acaban en el mercado general.
“Mientras tanto, y con el argumento de que los precios de la VPO ya son iguales a los de la renta libre, beneficia a los promotores restando VPO para que consigan más rentabilidad”, como hizo en los suelos de Cross. Y de paso, “concede por 75 años jugosos suelos públicos a promotoras privadas tanto para construir alojamientos como para gestionar su alquiler”, lo que a su juicio supone “privatizar la gestión de las viviendas públicas” que actualmente realiza Emvisesa.
“Todo por la pasta”, resumen los socialistas, que acusan al alcalde de que con su gestión “la vivienda pública en Sevilla pierde por completo su dimensión social para someterse a la más burda especulación inmobiliaria”. En esta misma línea está el Sindicato de Inquilinas, que lamenta “el carácter especulativo del mercado de la vivienda y el alquiler en Andalucía”, al tiempo que lanza una advertencia: esto “va camino de generar otro estallido inmobiliario”.