24 horas de guardia con un abogado del turno de oficio: la Justicia de los excluidos

La llamada que César Pinto lleva esperando toda la noche llega pasadas las ocho de la mañana. “Nos vamos a Parla”, cuenta después de colgar con una trabajadora del Colegio de Abogados de Madrid. Acaba de recibir la información que va a marcar el resto de su jornada: tiene que asistir a dos detenidos acusados de quebrantar una medida cautelar en el municipio del sur de la Comunidad de Madrid.

Recién levantado y sin desayunar, encarrila su camino. Los 30 kilómetros que separan su casa, en la capital, y el centro de Parla los recorre en tren. El resto lo hará todo a pie. Con la mochila al hombro y los zapatos desgastados, Pinto se mezcla en la estación de la Puerta del Sol con los que han decidido madrugar para conseguir un buen sitio en el desfile de las Fuerzas Armadas. Esta vez, la guardia ha caído en festivo: es 12 de octubre. 

Pinto es abogado y anualmente realiza una decena de guardias del turno de oficio, la mayor parte de ellas en el sur de la región. Esta labor le exige estar operativo las 24 horas del día que se le asigna. El teléfono puede sonar en cualquier momento. El destino final solo se conoce tras esa llamada.

Conforme el tren sale de la ciudad de Madrid, desaparecen las banderas de España. La imagen es la de una noche larga, con usuarios dormidos que no se despiertan cuando los vagones llegan al final del trayecto. En el viaje, Pinto recuerda una serie de anécdotas que demuestran que es complicado ejercer en el turno de oficio y desplazarse en transporte público. “Una vez me llamaron a las diez de la noche y me tuve que quedar a dormir en un hostal de Aranjuez porque a la mañana siguiente mi cliente pasaba a disposición judicial. Y habíamos acabado a las tres o a las cuatro de la madrugada”, cuenta.  

Pinto encadena una historia tras otra. “Eran las 4 de la madrugada. Fui en taxi hasta El Escorial a asistir a un menor y a las 5 y pico me dijo [un agente de] la Guardia Civil: ‘¿Qué hacemos con usted? O duerme en el calabozo o le bajamos [a Madrid]”, recuerda. “Fui en un coche de la Guardia Civil con las sirenas hasta Moncloa”, añade. 

220 euros por guardia

Todos los gastos que le genere el desplazamiento los asume él y, por lo tanto, se descuentan de los 220 euros que le paga la Comunidad de Madrid por la guardia de 24 horas. Si tiene que coger un taxi, la factura del día ya se ve reducida: desde el centro de Madrid a municipios del sur de la Comunidad, como Aranjuez o Valdemoro, el ticket del taxímetro puede oscilar alrededor de los 50 y 60 euros. Pinto ha llegado, incluso, en los más de 20 años que lleva en el turno, a recurrir a su familia para que le echen una mano con los desplazamientos. “Mi suegra me ha llevado a alguna cárcel y con mis hijos pequeños en el coche”, dice soltando una carcajada. “Estáis viendo lo más cutre de la profesión”, reconoce. “A mí es lo que más me gusta”. 

En la pared de su despacho, luce orgulloso el reconocimiento que recibió del colegio de abogados madrileños. En una ceremonia celebrada en junio en el Teatro Real, esta institución le entregó una medalla de honor por los “servicios relevantes prestados en favor de esta corporación”. Un homenaje que también recibieron letrados como Javier Cremades, presidente del bufete Cremades & Calvo-Sotelo, y el magistrado del Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo.

La fama de este abogado se disparó cuando ganó a uno de los mayores fondos buitre. Pinto consiguió que la Justicia anulase la venta que hizo la Comunidad de Madrid de 3.000 viviendas públicas a una sociedad de Goldman Sachs. Logró que el casero de 1.700 inquilinos vuelva a ser la Administración Pública autonómica. El caso le llegó, precisamente, a través del turno de oficio. Él se revuelve cada vez que se alude a ese fallo como un éxito judicial. “Yo no lo veo como un triunfo”, responde con cierta timidez. Pero se alegra de las consecuencias que ha tenido para los afectados. 

Pinto aprovecha los tiempos muertos para leer. Libros, periódicos y sentencias. En su viaje a Parla, le acompaña un fallo del Tribunal Constitucional que le da la razón en un procedimiento que también inició en una guardia. Si saca tiempo, el objetivo será escudriñar el texto y preparar una charla que tiene que impartir en las próximas semanas en un congreso en Málaga. 

Son las 9.40 y se toma el primer café del día. Tras salir del tren enfila la calle principal que conecta la comisaría de Parla con la estación. Está a punto de coincidir por primera vez con los clientes que le ha asignado el colegio de abogados. “Para mí lo más bonito es cuando sale el detenido y hablas con él por primera vez”, reflexiona mientras desayuna una napolitana. 

En algunos casos, ese momento, el encuentro entre Pinto y el detenido, es el inicio de una relación que se alargará en el tiempo. “Hay gente con la que te tiras años. Lo peor es cuando van a prisión porque se desmoronan. Ahí les vas conociendo más porque les visitas en la cárcel”, reseña. En esta guardia ya sabe que tiene que asistir dos casos diferentes de quebrantamientos, pero si luego llega otra llamada podría hacer frente a peleas, agresiones o hurtos. Es lo más normal en el turno de Derecho Penal, según detalla. 

Uno de más de 5.000 en Madrid

Los abogados del turno de oficio se pueden inscribir en diferentes especialidades. En la Comunidad de Madrid hay más de 5.000 letrados inscritos para prestar esta asistencia jurídica. Los datos más recientes publicados por el colegio de abogados madrileños son de 2020 y elevan a 5.382 los letrados del turno. La mayor parte de ellos (3.868) se centran en casos penales. Pinto trabaja en esta rama del Derecho, aunque también asiste casos relacionados con la Ley de Extranjería.

Los dos detenidos a los que tiene que asistir Pinto, y que no tienen relación entre ellos, se encuentran en el calabozo de la comisaría, a la espera de que llegue su letrado. Ese primer encuentro marcará el devenir de la jornada. “Hay que explicarle [a cada uno por separado] lo que tiene que decir ante el juez. Entonces, de forma un poco indirecta, le vas marcando lo que tiene que declarar”, apunta. Y añade: “Otra cosa es que luego te hagan caso o no te hagan caso”.

Más tarde, ya más relajado y con el trabajo hecho, reconoce entre risas cuál es el perfil con el que agradece trabajar. “Lo que más me gusta es cuando les sugieres lo que tienen que decir y lo repiten como papagayos durante el juicio, como si fuera una obra de teatro. Ese es el cliente bueno”, confiesa. 

El primer encuentro entre Pinto y los detenidos se produce en una pequeña habitación contigua a los calabozos, explica el abogado ya al salir de la comisaría. Allí un agente de la Policía Nacional lee los derechos al detenido, le ofrece declarar y hacer una llamada a alguien cercano. El letrado también puede pedir que su cliente sea trasladado a un centro de salud y sea inspeccionado por un médico. 

De la comisaría al juzgado

“Según lo que se diga en ese momento, muchas cosas se van a arrastrar a lo largo de todo el procedimiento”, apunta. Por ejemplo, si un detenido quisiera poner una denuncia por malos tratos sería importante que fuese al médico antes de pasar a disposición judicial. Esto no sucede en esta guardia. Todo va rápido. El abogado está una hora en la comisaría. Aconseja a sus clientes no declarar ante la Policía y les da un par de indicaciones para afrontar la declaración judicial que se producirá en las horas siguientes. 

Los detenidos van al juzgado en coche policial. Pinto, a pie. Hay un recorrido de 600 metros. Son las once y cuarto de la mañana y el abogado toma su segundo café. Ahí charla sobre la confianza, sobre el reto de conseguir que el cliente que acaba de conocer siga sus consejos en la prueba de fuego que afronta minutos después: la declaración judicial. “[El caso] puede archivarse o puede transformarse en una cosa seria”, apunta. 

El juzgado achaca el día festivo. Está cerrado para el público en general y el agente de seguridad solo permite el paso por la puerta principal a los funcionarios y a los letrados. También se complican los trámites burocráticos. No es posible –señala Pinto– pedir a otros juzgados documentos sobre los procedimientos que tienen abiertos los detenidos. 

Las declaraciones se demoran más de dos horas y la conclusión es que el letrado tendrá que volver a Parla en los siguientes días para asistir a sus clientes en dos juicios rápidos. Por cada uno de esos casos, que ya no se enmarcan en las 24 horas de guardia, Pinto estima que recibirá 200 euros más; sin embargo, el abono de esas cantidades se puede retrasar unos meses. “Siempre hay problemas en el pago y, cuando empiezan las crisis, se nota”, concluye. 

Aunque no puede aportar información sobre la evolución de los casos de esta guardia para preservar la privacidad de los detenidos, al abogado no se le ve descontento. A pesar del cansancio acumulado a lo largo del día, y de que le quedan todavía unos cuantos viajes hasta dar carpetazo a los procedimientos abiertos en esta guardia, Pinto insiste en la importancia de esta labor como uno de los pilares del Estado de derecho. “El turno está para defender a cualquier persona en cualquier situación. Es la defensa de la defensa”, sentencia. Aún así, es consciente del desprestigio que tiene esta asistencia: “Estamos prestando un servicio para la Comunidad y para la Justicia, pero se ve como un servicio a los que no tienen. Y los que no tienen no le importan a nadie”.