España se pone a prueba para intentar entrar en la fase 1 de la desescalada, a la espera de la decisión final de Sanidad

La fecha es el 11 de mayo, pero no hay seguridad de que esté al alcance de todos. El próximo lunes ya puede comenzar la fase 1 de desescalada que implica el fin del confinamiento generalizado por la pandemia de COVID-19 en España. Las comunidades autónomas se están sometiendo desde este miércoles a la evaluación del Ministerio de Sanidad que debe dar el visto bueno a sus planes de transición.

Esos planes, que han ido presentando los gobiernos autonómicos, hacen que casi toda España espere comenzar su desescalada el lunes próximo. Eso permite reuniones de hasta 10 personas –con distancia de seguridad–, la apertura de terrazas al 50% de capacidad o la actividad de los comercios con aforo limitado. Los escollos principales han aparecido en Castilla y León y Catalunya, dos de las comunidades más afectadas por la epidemia, junto con la Comunidad de Madrid y que han limitado la petición de fase 1 a una  porción reducida de sus territorios.

De hecho, Madrid no se decidió a enviar la solicitud hasta la tarde de este miércoles, tras interrumpirse a mediodía el Consejo de Gobierno que debía decidirlo: la presidenta Isabel Díaz Ayuso cortó la reunión para acudir a un acto en un hospital. Por la mañana Ayuso había mostrado dudas de pedir el pase a la siguiente fase por elevado el elevado número de ingresados en UCI de la región.

Los datos de ocupación de las camas de cuidados intensivos que señalaba Ayuso no son los únicos que generaban dudas sobre la petición de Madrid. Pere Godoy, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología entiende que en Madrid, uno de los epicentros más virulentos de la pandemia, “hay que vigilar muy de cerca porque es una zona con concentración urbana muy notable y tiene un punto muy débil: las aglomeraciones del transporte público”. 

Godoy añade que “la actitud de Generalitat catalana de limitar su petición a ciertas áreas, es una actitud prudente y lógica”. Al fin y al cabo, “Catalunya ha tenido una evolución similar a la de Madrid. Sin embargo, Madrid tiene la ventaja de que el brote estalló antes, y Catalunya va un poco más rezagada”.

“Hasta no tener evidencia de que existe capacidad de rastrear contactos de los nuevos casos y hacerles las pruebas diagnósticas necesarias para identificar positivos asintomáticos y aislarlos, puede ser prematuro pasar a la Fase 1. En la Comunidad de Madrid hay que tener las máximas garantías de que no se producirá un repunte de la transmisión”, abunda Daniel López-Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

Los expertos señalan, en cualquier caso, que los datos y argumentos enviados por los Goobiernos autonómicos al ministerio de Sanidad no son públicos. “Es una pena”, lamenta Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS). 

Casi nada en Castilla y León y poco en Catalunya

Además de enviar sus estados epidemiológicos, sus planes de seguimiento de los nuevos casos desde el fin del confinamiento o sus reservas de material sanitario, las comunidades tienen que ser capaces, como condición previa, de disponer o poder llegar a tenerlas en cinco días, de 1,5-2 camas de UCI por cada 10.000 habitantes y entre 37-40 camas de hospital por 10.000 habitantes.

Esto ha sido un problema para Castilla y León. Su vicepresidente, Francisco Igea ha reconocido que ninguna provincia está en condiciones de cumplir. De hecho, la Junta castellanoleonesa pide poder desescalar por zonas básicas de salud, ya que así sí podría avanzar en 26 áreas de la autonomía que suman 53.000 habitantes.

En Catalunya, la mayoría de la comunidad autónoma se quedará en la fase preparatoria, según los cálculos de la Generalitat. El Ejecutivo catalán ha solicitado que la vuelta a la actividad se haga por regiones sanitarias y de esta manera, Barcelona y su área metropolitana, casi toda Girona y Lleida y Catalunya central permanecerían en fase 0, según avanzaba TV3. Piden la fase 1 para Tarragona (que comprende dos regiones) y el Alto Pirineo (la mayoría al norte de Lleida y una mínima porción de Girona).

Reuniones ya en marcha

Todas las autonomías han tenido que enviar un análisis detallado sobre cómo están ahora. Cómo planean controlar la enfermedad y la movilidad de la población. El examen incluye también qué fórmula usarán para detectar los nuevos contagios (deben conseguir hacer una prueba PCR en 24 horas a cada sospechoso), los planes para reforzar la Atención Primaria y el dispositivo de rastreo de casos y contactos. A la vista de las solicitudes, las comunidades confían en sus capacidades (o así se lo han comunicado al Ministerio de Sanidad).

Algunas ya lo tenían claro desde hace varios días. Canarias, Baleares o Extremadura consideran que todas sus provincias están preparadas para ir retomando el pulso y controlar a la vez la COVID-19. De hecho, tanto el Ejecutivo balear como el extremeño ya han tenido una reunión con Sanidad para analizar su situación. Otras lo han hecho efectivo este miércoles como Galicia, que solicita la fase 1 para toda la región o Andalucía, que ha incluido en la fase a casi todo su territorio exceptuando la ciudad de Málaga, el Rincón de la Victoria y otras dos áreas sanitarias de Granada.

Este miércoles también han solicitado avanzar en la desescalada al completo la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y Euskadi cuyo portavoz aseguraba que “cumple sin ninguna duda”. El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha afirmado al anunciar que planeaban implementar la siguiente etapa que la comunidad supera los parámetros instaurados por el Ministerio.

Además, hay un grupo de comunidades que han ido más allá en sus informes. Cantabria ha remitido una lista de actividades extra que solicita para activar desde el primer momento como son las ITV o los concesionarios de coches. Incluso pide que se autorice la pesca recreativa y el juego de bolos. Asturias ha solicitado que dos enclaves como los valles de Oscos y del Oso salten directamente a la fase 2. La misma idea ha enviado el Gobierno de Aragón: algunas de sus zonas pueden ir más rápido. Su propuesta se articula más por comarcas que por provincias al recordar que el 76% de los municipios –que ocupan el 73% del territorio– apenas aglutinan al 12% de la población.

Algunas comunidades han sentido que trabajaban “a ciegas” mientras elaboraban los documentos requeridos por Sanidad. Ignacio Rosell, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y miembro del comité de expertos que ha conformado la Junta de Castilla y León, explica que hay “incertidumbre” sobre la evaluación de los datos. Un técnico de Salud Pública de Euskadi cuenta a eldiario.es que “no hay un plan y se hubiese agradecido una previsión de los recursos humanos que van a pedir, aunque sea una horquilla un poco clara, una recomendación”.

La decisión final, del ministro

Todos esto son los planes, solicitudes y previsiones que han elaborado los ejecutivos de cada comunidad. A partir de este momento, los encargados autonómicos y el Ministerio de Sanidad evaluarán los informes de manera bilateral hasta, en principio, el viernes. El veredicto tomará forma de orden de Sanidad (como ya ocurrió con Formentera, La Graciosa, El Hierro y La Gomera el fin de semana anterior). El director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado que todos estos indicadores sobre los que han tenido que informar las comunidades no tienen unos umbrales fijos, sino que habrá un “análisis de conjunto” porque están interconectados.

La revisión recae en la dirección general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Un grupo de 12 técnicos debe emitir un dictamen y tiene que producirse, al menos, una reunión entre el Gobierno central y el autonómico, según obliga la orden ministerial que regula la cogobernanza. Aunque se explicita que es preferible llegar a un consenso, la última decisión sobre las fases corresponde al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en virtud del estado de alarma.

No arrancar la desescalada el lunes 11 de mayo no implica que los rezagados deban esperar 15 días para volver a intentarlo. La fase 1 puede iniciarse en cualquier momento a partir de esa fecha. Fernando Simón ya deslizó esta semana que podrían darse solicitudes “para el 12, el 13, el 14 de mayo…”.