Cada año se realizan más de 22 millones de abortos inseguros en el mundo, casi todos en países empobrecidos. Este tipo de intervenciones sigue siendo una de las causas más importantes de mortalidad materna, registrando cerca de 25.000 muertes anuales. Sin embargo, no existen estimaciones claras sobre el número de mujeres que sufren secuelas debido este tipo de procedimientos. Ahora, un estudio llevado a cabo por el Instituto Guttmacher de Nueva York y publicado en la revista BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, ha determinado que al menos 7 millones de mujeres al año se ven obligadas a recurrir a asistencia médica tras realizar un aborto inseguro.
El número de mujeres que recibe tratamiento tras la interrupción del embarazo es difícil de determinar a través de las grandes encuestas sobre salud global, como las que lleva a cabo la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las estimaciones se suelen realizar a través de los datos obtenidos de los sistemas de salud de los diferentes países. Los datos que se manejaban hasta ahora son del año 2005 y apuntaban a que 5 millones de mujeres eran atendidas tras recurrir a este tipo de procedimientos. Sin embargo, el nuevo estudio utiliza datos más completos, ya que incluye los servicios del sector privado.
Muchas no reciben los cuidados que precisan
Aún así, los autores del estudio destacan que muchas de las mujeres que se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos no acuden a centros asistencia médica si tienen problemas tras el procedimiento, con lo que “el número real de mujeres heridas por este tipo de abortos inseguros es, probablemente, mucho mayor”. Según las estimaciones realizadas en un estudio anterior, alrededor del 40% de las mujeres que requieren tratamiento tras un aborto inseguro no reciben la atención que necesitan, ya sea porque no pueden costearse la atención o por miedo a que se descubra que han interrumpido su embarazo.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se entiende que un aborto es inseguro si éste se lleva a cabo “por personas que carecen de las habilidades necesarias o se realiza en un ambiente carente de los estándares médicos mínimos”. Según esta misma organización, las mujeres que se ven obligadas a recurrir a este tipo de procedimiento lo hacen por las barreras que se encuentran para llevar a cabo un aborto seguro en sus países, entre las que destacan: la existencia de leyes restrictivas, la poca disponibilidad de servicios, el alto coste del procedimiento o el estigma social.
Los resultados del estudio del Instituto Guttmacher muestran que esos 7 millones de mujeres que precisan cura después de abortar tienen edades comprendidas entre los 15 y los 44. Por regiones, la zona con la tasa más alta es Asia (excluyendo Asia Oriental), con 8’2 mujeres por cada 1.000, lo que corresponde a un total de 4,6 millones de mujeres atendidas al año. En segunda posición está África, con una tasa regional promedio de 6’7 (1,6 millones de mujeres) y, por último, América Latina y el Caribe, con una tasa regional de 5’3 (con 757.000 mujeres). De los 26 países incluidos en el estudio, Pakistán es el que tenía una mayor tasa de atención por aborto inseguro, con 14’6, mientras que la más baja se encontró en Brasil, con 2’4.
Latinoamérica reduce el número de casos
Entre los resultados más llamativos en comparación con estudios anteriores, están los mostrados en América Latina, donde se ha producido un descenso del 31% en los últimos años, pasando de una tasa de 7’7 por cada 1.000 mujeres, a una de 5’3. Desde 2005, las condiciones en que las mujeres accedan a los servicios de interrupción del embarazo en los países en vías desarrollo han cambiado considerablemente. Según el estudio, el cambio más importante ha sido la mayor disponibilidad de misoprostol, un medicamento que se puede utilizar para interrumpir un embarazo con una tasa de efectividad clínica de aproximadamente el 85%, cuando se usa correctamente. La disponibilidad y el uso de misoprostol varía entre los distintos países, pero es probable que su uso haya reducido la gravedad de las complicaciones en Latinoamérica, “dado que las mujeres han ido cambiando los métodos más dañinos por el uso de este medicamento”, señala el estudio.
Además, los investigadores también instan a los servicios de planificación familiar, a que aseguren la prestación de una amplia gama de métodos anticonceptivos, con el objetivo reducir la incidencia de embarazos no deseados, que señalan como la causa principal de la mayoría de los abortos. Por último, señalan que es fundamental la mejora del acceso a los servicios de aborto seguro para disminuir el número de mujeres perjudicadas por complicaciones de procedimientos inseguros o clandestinos.