Cuando en 2012, Miguel Cardenal tomó posesión como secretario de Estado para el Deporte, un antecesor en el cargo, el socialista Jaime Lissavetzky, le dio un consejo: “Mantente alejado del dopaje. Ni lo toques”. La política antidopaje no puede traer nada bueno para un político.
Pero Cardenal no pudo evitar el tema. Poco después de su toma de posesión, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) sancionó al laboratorio de Madrid y ya no había forma de mirar a otro lado. Puso a Ana Muñoz al frente del departamento y lo que esta encontró demostró que, en efecto, durante años todo el mundo se había mantenido al margen del dopaje.
En una comparecencia en el Congreso al año siguiente, Muñoz reveló un panorama desastroso. Había 851 formularios de control de dopaje incorrectos, lo que podía anular los casos si había un positivo, “había 93 agentes de control del dopaje que habían realizado actuaciones incorrectas”, “algunos agentes de control del dopaje tenían relación directa y personal con deportistas que habían estado involucrados en algunas operaciones de dopaje, que los propios deportistas lo habían confesado y que seguían siendo agentes de control del dopaje”...
Los cajones rebosaban de expedientes. Muñoz y su equipo analizaron todos los procedimientos en marcha. Crearon lo que llamaban internamente “la sábana”, un documento A3 con todos los expedientes a medias y su situación para ir dando trámite para ir viendo, rotulador en mano, su estado y a quién correspondía tramitarlo.
El subdirector general de Deporte y Salud del CSD era hasta entonces un médico aragonés con larga trayectoria en el sector: José Luis Terreros. Terreros fue relevado, pero no se fue a casa. Pasó a ocupar el cargo de responsable del CSD para relaciones internacionales.
En marzo de 2017, aun con el Gobierno de Mariano Rajoy, y tras la salida de Miguel Cardenal, Terreros volvió a ser nombrado responsable de Antidopaje. La AMA había devuelto la acreditación al laboratorio de Madrid como símbolo de que España volvía a tener cierto crédito internacional (un crédito siempre tambaleante desde la connivencia de los 90). Desde entonces, ha sido el máximo responsable de la lucha por un deporte limpio. Ha sobrevivido a cuatro ministros (Méndez de Vigo, Guirao, Uribes e Iceta) y cinco secretarios de Estado después (Lete, Rienda, Lozano, Franco y Francos). Es como si el eco de las palabras de Lissavetzky retumbase por la cúpula del ministerio (“mantente alejado del dopaje”).
El puesto de secretario de Estado del Deporte ha sido más un trampolín, algo temporal, que una prioridad, y a los ministros de Cultura el dopaje les quedaba lejos. Terreros es estructura y los demás, coyuntura. Así, se ha convertido en uno de los pocos supervivientes del Gobierno del PP durante los dos Ejecutivos de coalición de Sánchez.
Bajo su mandato, y sin muchos focos encima, se fueron sucediendo irregularidades en expedientes en la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (Celad). Muchas son aparentemente menores, o afectan a deportistas de segunda fila. Pero vistas en conjunto la imagen que queda es de descontrol. Estas son algunas de ellas.
Positivos en los cajones. En julio de 2019, Patrick Chinedu Ike, un velocista nacido en Nigeria pero que un año antes ya había competido con la selección española, dio positivo por nandrolona, una sustancia ilegal para aumentar la masa muscular. No se le abrió expediente y siguió compitiendo. El caso, revelado por elDiario.es, prueba la opacidad del sistema. Y lo fácil que es camuflar un positivo, o demorarlo hasta que sea intrascendente. En 2018, con 34 años y cuando fichó por España, Chinedu corrió los 100 metros lisos en 10.16. Se trata de una marca notable, mejor que la de sus años de juventud. Un año después dio positivo.
El expediente solo llegó en noviembre de 2023, más de cuatro años después, tras una investigación del Ministerio de Educación, del que depende ahora la política antidopaje. Chinedu está a punto de cumplir 40 años y acaba de fichar por un equipo de la segunda división. Ya no tiene marcas para ir con la selección. Alega que tenía asma y ha presentado una receta. Su expediente apenas tendrá efectos prácticos ya. La ley da hasta 10 años para sancionar a un deportista.
¿Cuántos más hay en esa situación? Imposible saber.
Controles mal hechos. El caso de Chinedu pudo quedar en un cajón, según Marca, porque solo había un agente de control, cuando la ley obliga a que haya al menos dos. No es un caso único. Los tribunales han tumbado resoluciones porque no había dos agentes de control y el número dos, Jesús Muñoz Guerra, se sentará en el banquillo por falsedad por un caso de una deportista aficionada que denunció que habían firmado que le hicieron un control dos agentes cuando solo había uno. La Fiscalía no acusa y la Abogacía del Estado defiende a Muñoz Guerra al señalar que no es un documento público sino uno interno. Los correos incorporados a la causa revelan el descontrol entre la instructora del caso, sin formación, y la dirección. “Por este camino nos va a ir muy mal a todos”, le escribe en un momento dado el jefe de la división de Asuntos Jurídicos.
Sergio Ramos, por ejemplo, evitó un control tras un partido del Madrid contra el Málaga, pero solo había un agente de control y no fue sancionado. El caso lo desveló Footballeaks, nunca la Celad. El agente, un enfermero, no ha querido hablar para esta información. Dejó de trabajar para la empresa que realiza los controles.
Antidopaje tiene privatizados los controles en la empresa Professional Worldwide Controls que, según Relevo, facturaba controles con un solo agente como si hubiesen estado realizado por dos.
Expedientes suspendidos. Por ley, solo se publican los nombres de los deportistas con una sanción. Pero detrás de eso puede haber un sinfín de nombres con positivos que tengan expediente abierto, expediente en suspenso, expediente archivado… que nunca salen a la luz. Ese es otro de los problemas. Una solicitud de Transparencia revela que hay deportistas que, tras dar positivo, recibían un expediente. Pero ese mismo día la Celad quedaba en suspenso. Así podían competir pero las federaciones tenían un arma para dejarlos fuera de las selecciones nacionales.
Es el caso de una atleta que fue preseleccionada para el Mundial de Doha de 2019 y que fue excluida por la Federación de Atletismo por tener un expediente abierto en Antidopaje. El caso se conoce, aunque oficialmente no el nombre, porque acudió al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Nunca fue sancionada y siguió compitiendo. ¿Está archivado el expediente? ¿O solo suspendido? Es imposible saber porque la Celad se escuda en la ley de protección de datos.
Pasaporte biológico. Una de las mejoras en la lucha contra el dopaje es el pasaporte biológico, que no solo mide un positivo en un momento concreto sino que analiza la evolución de parámetros clínicos para determinar si el deportista ha tomado alguna sustancia prohibida. En España, la Celad sancionó al ciclista Ibai Salas por este método, pero éste recurrió y el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) dio la razón al deportista.
Fue la Agencia Mundial Antidopaje la que acudió a la Audiencia Nacional y, curiosamente, la Abogacía del Estado ahí defendió la resolución del TAD. Es decir, los servicios jurídicos del Estado lograron en los tribunales anular la resolución de Antidopaje. Desde entonces hay varios positivos en los cajones. Según Marca, son cinco casos, de los que tres ya han sido remitidos a las federaciones internacionales correspondientes y dos siguen en algún limbo en la Celad.
Autorizaciones retroactivas. La maratoniana Majida Maayouf, recién nacionalizada, dio positivo en Alemania. Antidopaje, según desveló Relevo, le otorgó de forma retroactiva el permiso para tomar una sustancia prohibida que había aparecido en un control. Maayouf estrenó su nacionalidad española con un nuevo récord nacional de maratón en Valencia, batiendo la anterior plusmarca nacional por cuatro minutos de diferencia.
La Celad defiende que no hay ninguna voluntad de ocultar casos, que los procedimientos administrativos son muy complejos y que a veces ocurren estas cosas. El caso ha estallado en el Ministerio de Educación, al que Pedro Sánchez acaba de traspasar la gestión del deporte. Irónicamente, después de la abrupta salida de Víctor Francos el secretario de Estado para el Deporte será José Manuel Rodríguez Uribes, que fue ya ministro de Cultura y Deporte entre enero de 2020 y julio de 2021. Ahora, como hace una década, no podrá hacer caso a las palabras de Lissavetzky y tendrá que meterse de lleno. Lissavetzky, ya retirado, sigue diciendo que apenas recuerda nada de los temas de dopaje.