Hasta hace dos semanas, comprar hachís o marihuana era una actividad cotidiana más para Roberto. Sólo tenía que acercarse a su club de fumadores en un barrio del sur de Madrid, bajar al dispensario, pedir la cantidad y variedad que quisiera y pagar el precio estipulado por ello. “Sabía cuándo podía ir, qué tenían, a qué precios... me ofrecía seguridad”, cuenta.
Hace dos sábados apareció en su Facebook un anuncio de su club. “Nos vemos obligados a cerrar cautelarmente por orden del juzgado”. Vuelta a las andadas. Vuelta a buscar un camello que ofrezca alguna confianza, vuelta a las citas precavidas, a las visitas a casas extrañas –“quédate un rato que no se mosqueen los vecinos con tanto ir y venir”–, a las esperas en un parque, vuelta a ese sentimiento olvidado ya de las compras clandestinas de cannabis.
Roberto pertenece a ese 17% de jóvenes de entre 15 y 34 años que ha fumado esta sustancia en el último año en España, según el Observatorio Europeo de Drogas. La cifra sube hasta el 26% –uno de cada cuatro– si la edad se rebaja a 18 años. Es, de lejos, la droga ilegal más consumida en Europa y España. No son tantos los que como Roberto pertenecen a alguna asociaciones de fumadores, clubes privados en los que se puede adquirir cannabis y fumarlo si uno lo desea.
No son todos, pero sí son cada vez más. Amparadas por la difusa legislación española y con una gran demanda que satisfacer, en los últimos años proliferan este tipo de asociaciones. Dado el carácter semiclandestino de algunas de ellas, las cuentas bailan, pero los recuentos de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) hablan de hasta 800 repartidas por toda la geografía. Sólo en Cataluña hay unas 400 con 100.000 usuarios, según calcula la Federación de Asociaciones Cannabicas de Cataluña (CatFac).
“Somos muchos, no somos bichos raros, somos perfectamente aptos para llevar a cabo cualquier actividad de la sociedad”, explica Jaume Xaus, portavoz de CatFac. “Y estamos en una situación jurídica muy peligrosa”. Tras años de prácticas prohibicionistas “fracasadas”, con las experiencias legalizadoras de Uruguay y Colorado (EEUU) y los números como argumentos de fuerza, creen que ha llegado su momento: “Despenalización del consumo con fines lúdicos y desestigmatización del usuario”, reivindican.
La ley española sobre la materia castiga la tenencia, el cultivo y el transporte... si está destinado a terceras personas. El cultivo de marihuana para uso propio no está contemplado en el Código Penal. “Hasta el momento la jurisprudencia establece que el autocultivo para uso personal no está castigado”, explica Xaus. Aunque sea para el autoconsumo de grupos.
La ley es inconcreta y no marca la línea que separa el autoconsumo del tráfico (por ejemplo estableciendo una cantidad de referencia). Esa interpretación está quedando en manos de los jueces, que valoran situación y contexto de cada caso. A título particular, “más de cinco o diez gramos al día sería muy difícil que un juez creyera que es para uno mismo”, valora Xaus a modo aproximativo. Un gramo de marihuana o hachís cuesta a partir de unos cinco o seis euros. En casa resultaría difícil justificar el cultivo de mucho más que un par de plantas.
Por la rendija del autoconsumo se colaron hace más de 20 años las primeras asociaciones de fumadores de cannabis. Son grupos que se juntan para abastecerse de cannabis y a la vez tener un espacio en el que evitar la presión legal, centralizar la producción y distribución entre sus miembros y fumarse un porro tranquilamente sin tener que mirar de reojo por si aparece la policía.
Justo todo lo que buscaba Roberto en su club. Pero, como la actividad que realizan tampoco acaba de ser legal, lo han cerrado. Es una situación que se repite de cuando en cuando, en ocasiones con gran revuelo mediático. Un juzgado recibe una denuncia –las federaciones no tienen constancia de que actúen de oficio– y se clausura cautelarmente el local. Incautaciones, detenidos e imputados son el saldo habitual de estas operaciones.
No una legalización sin más
Para ellos ya no es una cuestión de si se va a regular el consumo lúdico de cannabis o no, sino de cuándo. El asunto se está moviendo ya en parlamentos como el catalán o el vasco, pero las asociaciones lamentan que las regiones, que tienen la voluntad, no tienen las competencias, y con el Gobierno central ocurre todo lo contrario. “Este periplo entre 2014 y 2015 será decisivo porque se van a tomar una serie de decisiones en el Parlamento catalán, vasco y quizá Baleares. Los partidos de centroizquierda están barajando y estudiando una regulación”, explica Barbé. UPyD presentó recientemente una moción en el Congreso al respecto.
Más allá, opinan que hay una necesidad social. Por parte de los clubes, por descontado: “Aunque no es ilegal, toda la actividad que se viene haciendo tras 20 años de movimiento asociativo, el modelo no está escrito en ningún sitio en el nivel legal. Cuando quieres averiguar si lo estás haciendo bien dentro de la ley o no, el único que lo puede decidir es un juez, y entonces nos vemos envueltos en detenciones, incautaciones, cierres... un sinvivir”, explica Xaus.
También para los no fumadores. “Están demandando ese espacio, en el que se pueda conjugar el uso del cannabis con garantías con no molestar a otras personas por ello. Qué mejor que un club privado donde además se ofrece información o ayuda si es necesaria”, añade Rabé. “La sociedad está preparada para una regulación, pero no por la puerta grande. Hay que estudiar el tema, que el Congreso empiece a tener una apertura clara y se acerque a la realidad, que es la que es. Hay mucha gente joven que tiene acceso a esta sustancia, con una regulación el mercado negro no tendría sentido”, argumenta. Y se aleja del estilo holandés de regulación sin más: “Ese modelo no sería viable aquí. Nuestro modelo 100% social creemos es el que va a tener mucho más recorrido”, valora Rabé.
Por no hablar del impacto económico que podría tener para el Gobierno la regulación del sector a través del cobro de impuestos, etcétera. Sólo los cerca de 400 clubes en Cataluña facturan unos cinco millones de euros al mes. Para las personas que viven de esto –los clubes tienen empleados–, también supondría un alivio. “Están malviviendo más bien, en una situación muy precaria”, explican desde la FAC.
Pese al optimismo de las federaciones, de momento la situación es la que es. Si bien es cierto que internacionalmente las políticas tienden hacia la regulación, el Gobierno español ha aumentado las penas previstas por tenencia y consumo en el espacio público, y se plantea prohibir expresamente el cultivo de cannabis, aunque sea para autoconsumo. Mientras llega el año 2016, en el que las asociaciones tienen fija la vista como año clave para sus aspiraciones, muchos fumadores de cannabis seguirán buscándose la vida por la calle para fumarse un porro de dudosa calidad.
Actualmente se puede hablar de dos modelos de clubes. Por un lado los limitados, basados en el autocultivo, transparentes y con los socios como eje sobre el que giran. Es el modelo más antiguo, “100% social”, que defiende e impulsa la FAC. Tienen todo un marco teórico detrás que establece cómo es el modelo, “reconocido por la ONU”, destacan. Son asociaciones cerradas, con estatutos y todas las formalidades legales. “Tienen unos 700 socios como mucho, las decisiones se toman de forma asamblearia, todo es muy transparente. Tenemos un programa de auditoría activo, libros de control, pagos y transferencias a través de cuenta bancaria y pagamos impuestos. Cada socio tiene la posibilidad de presentarse a las juntas directivas cada cuatro años, etc.”, explica David Rabé, secretario de la federación.
En estos clubes se realiza una previsión de consumo según el número de socios (y un máximo de dos gramos al día por miembro para evitar ventas posteriores), se cultiva esa cantidad de marihuana y luego se distribuye. Se controla el proceso para evitar que alguien convierta el autoconsumo en tráfico.
La labor de estos clubes no se limita a dispensar cannabis. “Ofrecemos también una serie de servicios enfocados al usuario de cannabis: actividades de todo tipo relacionadas con la planta, campañas serias de gestión de riesgos, informativas, trabajamos lo que creemos que pueden ser consumos problemáticos...”, enumera Xaus, portavoz de la CatFac.
Por otro lado, más recientemente han aparecido otros clubes con una concepción ligeramente distinta. Muchos de ellos tienen dueños, el acceso a la dirección no es libre. Se basan en la compra mancomunada. También suelen ser cerrados en cuanto a su acceso pero tienden más a no limitar el número de socios ni la cantidad de cannabis que se puede retirar, aunque también llevan un recuento.
El problema que desde asociaciones como la FAC observan con este modelo es que acudir al mercado negro a abastecerse es sinónimo de problemas. “Se está metiendo dinero en asociaciones clandestinas, nadie sabe dónde va, si se está declarando...”, observa Xaus. No es que todas las asociaciones de este estilo sean así, pero suelen ser éstas las que están teniendo más problemas con la administración.