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Franco creó 300 campos de concentración en España, un 50% más de lo calculado hasta ahora

Los prisioneros abarrotan el campo de concentración habilitado en la plaza de toros de Santander (Biblioteca Nacional de España)

Belén Remacha

11 de marzo de 2019 21:46 h

Franco creó en España un centenar más de campos de concentración de los que se creía hasta ahora. Una investigación del periodista Carlos Hernández plasmada en su libro Los campos de concentración de Franco documenta 296 en total, a partir sobre todo de la apertura de nuevos archivos municipales y militares. Por los campos pasaron entre 700.000 y un millón de españoles que sufrieron “el hambre, las torturas, las enfermedades y la muerte”, la mayoría de ellos además fueron trabajadores forzosos en batallones de esclavos. Estuvieron abiertos desde horas después de la sublevación militar hasta bien entrada la dictadura.

El estudio anterior más completo, de Javier Rodrigo, había documentado hasta 188 campos de concentración en todo el país. También en torno a 10.000 víctimas mortales entre los asesinados y los fallecidos a consecuencia de las condiciones vividas ahí, pero Hernández cree que “esa cifra se queda corta con estos nuevos datos. Es imposible documentar todos los asesinatos y muertes porque no dejaban registro, pero en solo 15 campos que han podido ser investigados en esto ya calculamos entre 6.000 y 7.000. No es una proporción exacta porque entre esos 15 estaban algunos de los más letales, pero nos hacemos una idea de que hay muchas más víctimas”.



Mapa elaborado por Ana Ordaz

La comunidad autónoma que más campos albergó fue Andalucía, pero hubo por todo el territorio: el primero fue el de la ciudad de Zeluán, en el antiguo Protectorado de Marruecos, abierto el 19 de julio de 1936, y el último fue cerrado en Fuerteventura a finales de los años 60. El 30% eran “lo que imaginamos estéticamente como campos de concentración, es decir, terrenos al aire libre con barracones rodeados de alambradas. El 70% se habilitaron en plazas de toros, conventos, fábricas o campos deportivos, hoy muchos reutilizados”, explica Hernández. Ninguno de los presos había sido juzgado ni acusado formalmente ni siquiera por tribunales franquistas, y pasaron ahí una media de 5 años. Sobre todo eran combatientes republicanos, aunque también había “alcaldes o militantes de izquierdas” capturados tras el golpe de estado en localidades que cayeron en manos del ejército franquista.

Trabajos forzosos, hambre y torturas

En los campos de concentración de Franco se hacía una labor de “selección”. Se investigaba a cada uno de los prisioneros, principalmente mediante informes de alcaldes, curas, y de los jefes de la Guardia Civil y la Falange de las localidades natales. A partir de ahí, clasificaban a los prisioneros en tres grupos, en términos franquistas: los “forajidos”, considerados “irrecuperables”, iban directamente a juicio, en el que se les decretaba cárcel o paredón. Los “hermanos forzados”, es decir, los que creían en las ideas fascistas pero obligados a combatir en el bando republicano; y los “desafectos” o “bellacos engañados”, los que estaban del lado republicano pero los represores valoraban que no tenían una ideología firme y que eran “recuperables”.

Los “desafectos” poblaron de manera estable los campos de concentración y fueron condenados a trabajos forzosos. Durante la guerra estuvieron obligados a cavar trincheras, y al término del conflicto, principalmente a labores de reconstrucción de pueblos o vías. Sufrieron torturas físicas, psicológicas y lavados de cerebro: tenían que comulgar, ir a misa, o cantar diariamente el Cara al Sol, como ha documentado Hernández. También hay testimonios explícitos de hambrunas extremas, “la peor pesadilla de los prisioneros”, enfermedades como el tifus o tuberculosis y plagas de piojos. Muchos de ellos fueron asesinados en el propio campo o por tropas falangistas que iban a buscarles, y otros muchos no sobrevivieron a la falta de alimento, higiene y atención sanitaria.

En noviembre de 1939, meses después del fin de la guerra, se cerraron muchos campos, “pero lo que sucede realmente es una transformación”, relata el periodista. “La represión franquista era tan bestia y tenía tantas patas que evolucionó en función de las circunstancias. Franco, aunque aliado con Italia y Alemania, quería dar una buena imagen ante Europa, quería emitir una propaganda de respeto de los derechos humanos. Por eso oficialmente los campos terminan, pero algunos perduran durante mucho tiempo”. El último oficial, también el más longevo, fue el de Miranda de Ebro (Burgos), que duró de 1937 a 1947.

Después hubo lo que Hernández denomina “campos de concentración tardíos”, creados durante los años 40 y 50 y con denominaciones ya distintas. Fueron el de Nanclares de Oca (Álava), La Algaba (Sevilla), Gran Canaria y Fuerteventura, estos dos últimos para prisioneros marroquíes de la guerra del Ifni y cerrados en el 59. Durante el resto de la dictadura siguieron quedando vestigios: por ejemplo, en 1966 se clausuró la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía (Fuerteventura), en la que se encarcelaba y “reeducaba” a homosexuales.

“Ha habido miedo a hablar”

Según Hernández, hay que “rehuir” la comparación que parece inevitable con los campos nazis. En primer lugar porque “al lado de Auschwitz, de millones de víctimas en la cámara de gas, cualquier crimen brutal parece menos crimen”. Y en segundo porque el sistema franquista era muy diferente: así como en la Alemania nazi todo estaba más o menos estructurado y los dividían entre los de exterminio directo y los de exterminio por trabajo, los españoles eran mucho más heterogéneos y todo más “caótico”. Los campos de Franco variaban mucho en tamaño, y la suerte y destino de los prisioneros dependía en muchos casos de las decisiones del propio oficial, que los había más y menos sanguinarios.

Sobre el papel, estos centros estaban destinados solo a hombres: “En la mentalidad machista y falsamente paternalista de los dirigentes franquistas, las mujeres no encajaban en los campos de concentración”. Aunque sí hubo grupos de cautivas en algunos como en el de Cabra (Córdoba), ellas fueron sometidas a idénticas torturas sobre todo en las cárceles. Las prisiones, al igual que las unidades del Patronato de Redención de Penas que construyeron el Valle de los Caídos, no están incluidas en esta investigación. Hernández la ha limitado a lo que la propia documentación del régimen categoriza como 'campos de concentración' –además de los cuatro tardíos– porque “la represión fue de tal magnitud y tuvo tantas estructuras que para poder explicarla tienes que parcelarla”.

La segunda parte del libro de Hernández, que se publica el próximo 14 de marzo, consta de testimonios de víctimas. Quedaban pocos supervivientes que pudieran contarlo pero el autor conversó directamente con media docena de los que fueran presos en uno o varios de los casi 300 campos de concentración. Todos ellos han fallecido en los últimos tres años, el último el pasado jueves, Luis Ortiz, quien pasó por el de Irún, por el de Miranda de Ebro y por el de Deusto.

Durante muchas décadas “ha habido vergüenza y miedo” a hablar. Además de esas conversaciones con los antiguos presos, mucho de lo recuperado por Hernández parte de publicaciones elaboradas durante la Transición y de documentos familiares: “Hubo mucha gente que dejó escritos a sus hijos y nietos de lo que ocurrió”. Él anima a eso, “a preguntar a la abuela, al abuelo, por lo que pasó: en todas las familias españolas hay alguien cercano con historias sobre esto. No quiero que esto sea un punto y final a la investigación sobre los campos de concentración, sino un estímulo para reabrir el tema”.

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