El Gobierno deroga la ley de Aznar que impulsó la privatización sanitaria

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión sanitarias. El texto, aún sujeto a un largo trámite hasta aprobarse, establece la gestión directa como “fórmula preferente” para el funcionamiento de los servicios sanitarios, blinda el sistema ante nuevos copagos y avanza en la eliminación de los que decretó el PP en 2012.

La ley deroga, según ha explicado la ministra de Sanidad en la rueda de prensa posterior al Consejo Ministros, la norma aprobada por el Ejecutivo de José María Aznar en 1997 que impulsó la privatización en la sanidad pero sigue contemplando, siempre bajo justificación “desde el punto de vista sanitario y económico”, la posibilidad de externalizar los servicios. “Otras fórmulas de gestión tendrán que argumentarse”, ha precisado Carolina Darias.

Los socios del PSOE en el Gobierno consideran que este paso es insuficiente. Según fuentes de Unidas Podemos, el texto “no modifica de forma sustantiva la ley 15/97 y mantiene la puerta abierta a la privatización de la Sanidad” puesto que incluye que “la prestación de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades privadas, en los términos previstos en la presente ley”. La diferencia es que ahora tendrá que justificarse. Unos minutos antes de la rueda de prensa, Unidas Podemos anunciaba que solicitará la “revisión” del texto en el periodo de enmiendas porque “sigue la senda” de la privatización.

“Es una ley de todo el Gobierno que responde al pacto de coalición y el resto de ministerios han contribuido al texto que tenemos”, ha respondido Darias al ser preguntada por las discrepancias. La ministra ha insistido en que es una norma “muy importante porque mejora y amplía los derechos de los ciudadanos”.

PSOE y Unidas Podemos acordaron en su pacto de Gobierno la “revisión de la ley 15/1997”. Se trata de artículo único y establece que “en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, garantizando y preservando en todo caso su condición de servicio público, la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho”.

El texto aprobado por el Consejo de Ministros calca el siguiente artículo de aquella ley: “la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad”, aunque introduce en la Ley General de Sanidad la prevalencia de la gestión directa sobre la privatización.

Blindaje contra nuevos copagos

La nueva norma también modifica la Ley 16/2012 que introdujo los copagos y también dividió en tres la Cartera de Servicios Comunes, estableciendo qué servicios se copagaban y cuáles no: “Ahora las unificamos para que no puedan introducirse nuevos copagos sanitarios. Con esta Ley, se garantiza que de manera homogénea en todo el territorio nacional se recupere la Cartera común”, ha explicado Darias.

El anteproyecto avanza también en la eliminación progresiva de los copagos, recogida en el pacto de Gobierno. Desde el 1 de enero, seis millones de personas están exoneradas de pagar medicamentos: los pensionistas con rentas bajas, las personas con prestación por niño a cargo y menores con discapacidad (superior al 33%). Estos colectivos, desde la entrada en vigor de esta ley, tampoco tendrán que asumir el coste de las prótesis ortopédicas. La norma, no obstante, está sujeta aún a un larguísimo trámite hasta ser aprobada.

Otro de los asuntos más esperados de la nueva norma era la recuperación de la sanidad universal, decretada en 2018 pero que en la práctica registra brechas en el caso de las mujeres embarazadas y los familiares reagrupados. Sobre este punto, Darias ha asegurado que la ley “garantiza que la prestación reconocida se haga de manera homogénea” en todas las comunidades. Ahora, según la ministra, no es así. El texto igualmente da cobertura sanitaria a los residentes en el exterior “durante sus desplazamientos al territorio español” y también a sus familias.