El Gobierno fía la revolución formativa a la FP mientras miles de jóvenes se quedan sin plaza en Madrid y Catalunya

El Gobierno lo fía (casi) todo a la FP. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, en la que el Ejecutivo tiene puestas las esperanzas para reducir el desempleo juvenil y corregir, con carácter general, la distribución de trabajadores en el mercado laboral a medio plazo para acercarnos a los modelos europeos, donde hay mucha más presencia de técnicos medios y superiores.

“Debemos a toda una generación de jóvenes una oportunidad de empleo de calidad como la que les puede proporcionar la Formación Profesional”, explicó este martes la ministra de Educación, Pilar Alegría, en rueda de prensa tras el Consejo. Tiene tarea la ministra para cumplir. Buena parte de toda una generación de jóvenes, la actual, se está quedando fuera de la FP por la falta de oferta de plazas en Madrid y Catalunya: se calcula que a día de hoy unos 40.000 aspirantes se han quedado sin su opción de estudios preferida solo entre estas dos comunidades, aunque la Generalitat está tratando de solucionar su problema.

El hijo de Isabel Torrijos es uno de ellos. El joven, de 16 años y residente en Terrassa (Barcelona), quería estudiar informática “desde siempre”, según cuenta su madre. Pero se ha quedado fuera en primera instancia. Torrijos explica que el Departamento de Educación pretende que los alumnos que se han quedado fuera estudien “en cualquier otra formación”, pero para ella esto es la fórmula del fracaso: “Con esto el abandono escolar va a ser enorme, no tiene nada que ver estudiar lo que te gusta con lo que te dicen que estudies”, augura.

Isabel Galvín, responsable de Educación de CCOO en Madrid, coincide en este punto y explica que en Madrid está sucediendo algo parecido. Un par de decenas de miles de estudiantes se han quedado sin plaza en su ciclo favorito, según cálculos del sindicato –hecho que en la comunidad es habitual–, y muchos de ellos, explica Galvín, van a ir a parar a Bachillerato como plan b, “pero sabemos que a medio plazo esto tiene un recorrido regular”.

En ambos casos, denuncian actores afectados, se ha alegado una gran demanda sobrevenida que no se podía prever. “Lo cierto es que este pasado curso (2020-2021) la FP ya experimentó la mayor subida de todas las enseñanzas, un 9,3% más sobre el año anterior”, replica CCOO respecto a Madrid. “Quizá eso les podría haber dado una pista sobre la tendencia al alza de la Formación Profesional, y así adecuar la oferta a una demanda creciente.

Objetivo, 200.000 nuevas plazas

La propuesta del Ministerio de Educación, que pasa ahora al trámite parlamentario para su aprobación definitiva, se centra en diferentes novedades con la vista puesta en flexibilizar la etapa, hacerla más atractiva para todos los estratos, profesionales o estudiantes, como conferir mayor protagonismo a las empresas, mediante la creación de un tutor de empresa que evalúe una parte de los conocimientos del alumno; la integración de todas las modalidades de la FP; y la posibilidad de realizar cursos de menor duración que los actuales. Todas estas medidas, que se pueden resumir en unas cuantas claves, tienen por objeto “plantear una oferta formativa atractiva y competitiva” a los estudiantes.

La ministra Alegría ha recordado tras el Consejo de Ministros que Educación se ha comprometido a aumentar la oferta de plazas públicas en 200.000 puestos. Hasta el momento, según datos de la ministra, se han financiado 40.000, este curso que arranca se añadirán otras 60.000 y el resto están comprometidas para 2023. El objetivo del Gobierno, ha admitido Alegría, es que en el medio plazo haya más jóvenes que elijan la FP que la Universidad.

“El desempleo afecta seis veces menos a los jóvenes con una FP que a los jóvenes en general”, insistió Alegría para reforzar la importancia de esta política del Gobierno. “Impulsar la FP es la mejor manera de invertir en economía y reducir el paro juvenil. Es un proyecto de país, que nos europeiza”, ha valorado.

El problema que tiene el Gobierno es que las competencias educativas, también de la FP, las tienen las comunidades autónomas. Y aunque en la mayoría no hay jóvenes quedándose sin plaza y la ley viene con una memoria económica de 5.474 millones de euros, según desglosó la ministra, está a expensas de los Ejecutivos regionales. Y no todos parecen estar tan por la labor.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, infravaloró el problema ayer en una ronda de reuniones con los partidos de la oposición, replicando a las quejas de ciertas formaciones como Más Madrid o Unidas Podemos (UP) con el argumento de que en la primera ronda se quedaron unas 3.000 plazas sin cubrir, que han sacado en segunda convocatoria y que han sido las causantes de imágenes de familias haciendo cola en los centros para asegurarse una de las últimas plazas.

Una segunda ronda en Catalunya

En Catalunya, jóvenes como el hijo de Torrijos van a tener una segunda oportunidad. Esta semana se decide el futuro de los miles de alumnos que se quedaron sin plaza de FP, un inaudito volumen de estudiantes desatendidos que ha abierto una crisis entre el Govern, los ayuntamientos y los sindicatos. El Departamento de Educación ha tratado de atajar el problema con una nueva convocatoria extraordinaria en la que ofertará unas 4.000 plazas nuevas y otras 10.000 que ya quedaron vacantes, a partir de este 8 de septiembre, pero está por ver que dé respuesta a todos los que se iban a quedar fuera en la matriculación. 

El número exacto de estudiantes que quieren cursar un Grado Medio o un Grado Superior en Catalunya y no pueden es una incógnita, pero los sindicatos tienen claro que se cuentan por miles. Para empezar, completaron la preinscripción 96.000 aspirantes para un total de 68.167 plazas, un decalaje de 28.000 personas. Desde Educación reconocen que no se esperaban que este curso las solicitudes para cursar FP se disparara tanto, un 23% en tan solo un año, cuando el crecimiento hasta ahora era de máximo un 2% interanual, según fuentes oficiales. 

La explicación por parte de la Generalitat es que las consecuencias de la pandemia y los ERTE han devuelto hacia el sistema educativo a muchas personas. El 21% de los demandantes de plaza tiene más de 20 años. Pero esto no es una excusa para lo que ha ocurrido, según denuncia el sindicato UGT. “Tienen las preinscripciones desde el mes de abril. Si les pilló por sorpresa, al menos deberían haber corregido la situación con nuevas plazas y una nueva convocatoria antes del verano, no ahora”, afirma Jesús Martín, responsable de FP en el sindicato.

Entre la preinscripción y la matrícula, también cabe precisar que unas 8.000 personas renunciaron a completar el proceso, pero aun así esto dejaría a más de 20.000 alumnos sin plaza. O cuanto menos sin acceso a los estudios que ellos querían. 

Porque a esta complicada situación hay que añadir que, a la vez que existe una la falta generalizada de plazas, muchos grupos de según qué especialidades están vacíos. No son pocos: Educación registró más de 10.000 vacantes entre los grados Medio y Superior. Esto ocurre porque hay estudios que tienen muchísimo tirón, como los vinculados a la informática o a los cuidados (auxiliar de enfermería, integración social o educación infantil), mientras que otros del sector industrial resultan menos atractivos. 

Este desajuste será uno de los retos que deberá resolver en Govern más allá de si la convocatoria extraordinaria de cerca de 14.000 plazas estos días acaba por satisfacer a los alumnos que se habían quedado fuera.

Caos en Madrid

En Madrid estos días se han visto imágenes de familias haciendo cola ante los propios centros de FP tratando de obtener alguna plaza de última hora, tal y como confirman los sindicatos.

Los sindicatos en la región reclaman que miles de jóvenes se quedan fuera de su elección “por una decisión política adoptada en favor de las empresas privadas de FP”, explican desde UGT. Una política que ha dibujado un mapa de la FP en el que hay 227 centros privados frente a 122 públicos, según datos del sindicato.

La situación es especialmente dramática en los estudios sanitarios, que han cogido un gran impulso con la pandemia, añade CCOO. “El porcentaje de excluidos en estudios sanitarios llega, en algunos casos, a superar el 90%. En Dietética, por ejemplo, el 69% de las solicitudes han sido rechazadas; en Prótesis Dentales se quedan sin plaza pública el 78% de los estudiantes; en Laboratorio Clínico y Biomédico, el 90%”, desglosa el sindicato.

Pero la Comunidad se ampara en la falta de demanda en determinadas áreas, denuncian los sindicatos. “Y con esos casos impugna la totalidad del sistema y justifica los recortes”, lamenta CCOO. “Lo cierto es que este y anteriores gobiernos regionales no han hecho nada para solucionar este problema, que tendría fácil solución mejorando la orientación a jóvenes, ofreciendo incentivos con matrículas más bajas, o implementando un sistema de becas para los estudios públicos que más demande el sector productivo”.

Mientras esto sucede, o más bien no sucede, las familias sin plaza quedan abocadas a elegir otra formación o acudir a los centros privados. Este es el plan B de la familia Torrijos, explica Isabel, aunque supondría un gran coste. “Son 400 euros al mes, que no puedo pagar. Me tendría que hipotecar por segunda vez, y ya tengo una hipoteca”, cuenta. Su esperanza concreta está en la repesca de este miércoles.