Piden tres años de cárcel a una joven tras participar en 2011 en una sentada pacífica contra un desahucio

Han pasado cuatro años y casi cuatro meses, aunque a Patricia se le ha hecho eterno, como si hubiese cumplido una condena. “Me parece algo muy lejano, como si hubiera ocurrido hace un siglo”, explica esta joven madrileña al recordar la mañana del 18 de noviembre de 2011, el día que le cambió la vida.

Patricia tenía entonces 23 años y estudiaba la carrera de Biología. Como miles de personas de toda España, el incipiente movimiento del 15M que brotó aquel año en la Puerta del Sol le despertó la conciencia. “No había sido una persona activa en los movimientos sociales, me animé en aquel momento a asistir a las asambleas. Era novata y ese fue mi segundo desahucio”. El 18 de noviembre de 2011, España se encontraba en campaña electoral. El socialista José Luis Rodríguez Zapatero apuraba sus últimos días como presidente del Gobierno. En Madrid, otro político ahora jubilado, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), era alcalde y el Ayuntamiento de la capital todavía desahuciaba.

Aquella mañana, Patricia se sumó a una convocatoria para impedir que los agentes antidisturbios de la Policía Municipal dejaran en la calle a una familia del barrio de Manoteras. Junto a decenas de personas, lo intentó sentándose en el portal del edificio, formando una enorme muralla humana que bloqueaba el acceso a la vivienda. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, porque al desahucio acudieron televisiones de países como Noruega, Finlandia, Irán o Canadá que se encontraban en Madrid para cubrir las elecciones.

En los vídeos se ve cómo los agentes sacaron a la fuerza, uno a uno, a todos los vecinos y activistas que participaron en la acción de “resistencia pasiva y pacífica” hasta que lograron despejar el portal. Todos fueron identificados, aunque no hubo altercados ni detenidos. Finalmente, los activistas no pudieron evitar el desahucio.

Pasó 20 horas en el calabozo

Horas después, la Policía también sacó a Patricia de su propio hogar. “Fue sobre las siete de la tarde. Cuando vinieron a detenerme estaba en shock. No fui consciente de que estaba detenida hasta que cerraron la celda. Me llevaron a comisaría diciendo que iba a declarar. Yo pensaba que me iban a poner una multa por haber participado en el desahucio”.

Al día siguiente, cuando la liberaron tras 20 horas en los calabozos, Patricia supo que un agente antidisturbios de la Policía Municipal, perteneciente a las unidades que ha disuelto la actual alcaldesa Manuela Carmena, la había denunciado por agresión. Presuntamente, la joven le fracturó el coronoides del brazo izquierdo durante un forcejeo. El Ayuntamiento ha contestado a eldiario.es que no entra a valorar este hecho ocurrido hace cuatro años.

Concretamente, cuatro años y casi cuatro meses después, Patricia se sentará ante el juez acusada de los delitos de atentado contra la autoridad y lesiones este jueves 10 de marzo. La Fiscalía pide tres años de cárcel y una indemnización de 8.900 euros para el agente lesionado. Una petición que la llevaría a prisión, y que resulta más severa incluso que la de la propia acusación, que solicita un año por los mismos delitos. Una paradoja en un caso repleto de “contradicciones”, según Eric Sanz de Bremond, abogado de Patricia.

“No es habitual que la acusación pública pida más que la acusación particular, y sorprende que sea una petición tan alta”, explica el letrado. “Tampoco somos capaces de entender que Patricia no fuese detenida inmediatamente tras la supuesta agresión, porque la Policía tiene la obligación de detener a una persona en el momento que comete un delito. Además, el juicio ha tardado cuatro años en llegar, cuatro años en los que Patricia ha tenido que vivir con la inquietud de saber cómo va a acabar esto, algo que ya es una especie de castigo por la amenaza de condena”, añade Sanz de Bremond.

Cuatro años después

Patricia hoy tiene 27 años. Desde aquella mañana del desahucio ha tenido tiempo de terminar su carrera de Biología y completar un módulo de Formación Profesional de Ciencias Forestales. Ya no vive en el madrileño barrio de Hortaleza, porque consiguió un empleo en un centro de investigación agraria de Galicia, donde reside actualmente. “Ahora que había encontrado un trabajo de lo mío, que estaba a gusto, me han dado un hachazo al comunicarme la fecha del juicio. Otra vez se me ha parado la vida. Y vuelvo a estar en sus manos”, confiesa la joven.

No tiene antecedentes y se define como “una persona tímida” que en ocasiones se ha sentido desbordada por las muestras de solidaridad que ha generado su caso. Desde que fue denunciada por el agente antidisturbios, la plataforma Patricia Absolución, que integran muchas de las personas que participaron en el desahucio, ha promovido varias campañas para defender la inocencia de Patricia, sumar apoyos a su causa y recaudar fondos para hacer frente a la petición de indemnización de la Fiscalía.

La plataforma que defiende la inocencia de Patricia asegura que el agente lesionado continuó sacando a gente “a rastras” aquella mañana después de desalojar a Patricia, y remite a los vídeos de diferentes reporteros para demostrarlo. Sin embargo, y a pesar de la cobertura internacional del desahucio, no existe ninguna grabación de la supuesta agresión de la joven al policía. “Si un policía se cae al suelo porque Patricia le propina una patada, como defiende la acusación, lo primero que habrían hecho los cámaras presentes en el desahucio es encender y grabar la escena”, argumenta el abogado Sanz de Bremond.

La desahuciada también lo niega

También niega la supuesta agresión Azucena Paredes, la mujer que fue desahuciada, junto a sus tres hijos menores y su madre octogenaria, el 18 de noviembre de 2011 en el barrio de Manoteras. “Yo puedo asegurar, porque lo vi todo desde la ventana de mi casa antes de que nos sacaran, que ninguno de los que estaban sentados ante la puerta del bloque agredió a ningún policía, más bien al revés”, ha escrito en un comunicado de apoyo a Patricia.

Azucena, que perdió su vivienda de alquiler social por una deuda de su madre con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid, consiguió después, gracias a la repercusión internacional de su desahucio, una manutención procedente de una familia noruega que se estremeció con las imágenes del lanzamiento. Además, Azucena y sus hijos viven hoy en un pueblo de Toledo, en una vivienda que les ha cedido, y resulta irónico, un policía que conoció su situación por los medios de comunicación.