Regular la bollería como el tabaco: la población dice sí pero la industria se opone
No hay un solo propósito del Ministerio de Consumo o propuesta de algún grupo encaminado a regular la publicidad o la presentación de alimentos ultraprocesados, bollería industrial o bebidas azucaradas que no haya provocado un gran revuelo político. En la hemeroteca reciente han quedado perlas como que la izquierda quiere prohibir los phoskitos, que Garzón está en contra de los dulces pero a favor de los porros o tuits de cargos del PP rodeados de bollos. Ahora, una encuesta realizada por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) deja entrever que esa sobreactuación no está en la calle. El 78% de la ciudadanía estaría a favor de que estos productos estén sometidos a una regulación similar a la del tabaco.
El deseo de los encuestados por la sociedad científica, más de un millar, en el marco de la semana del autocuidado, choca con la realidad económica de muchas familias. El aumento del precio de los alimentos en el último año ha hecho que la fruta, la verdura fresca, los lácteos, el pescado o la carne reduzcan su espacio en la cesta de la compra. Un informe de la OCU cifra este aumento del ticket en el 10,5% y alerta “del peligro de sustituir parte de estos alimentos por productos procesados, más baratos, pero poco o nada saludables”.
“Todos estamos expuestos a lo que tenemos a nuestro alcance y a los estilos de vida, a lo que hemos aprendido a hacer. Esto ocurre también con la alimentación, donde vemos que las pautas pasan por consumir una gran cantidad de dulces, de procesados y de bebidas azucaradas desde niños, porque son tremendamente accesibles y, en ocasiones, mucho más económicas”, explica el coordinador del programa de actividades preventivas y de promoción de la salud de la Semfyc, Antonio López.
Si suben los precios, reduces los alimentos saludables
Según el trabajo de la OCU, el 60% de sus encuestados, más de 1.500 personas, ha reducido el consumo de pescado; la mitad, de fruta; y el 45%, de verdura fresca. “La población compra en función de su poder adquisitivo, pero si no tienen la información correcta, el efecto es más negativo”, indica López, que defiende una regulación más activa de los productos con extra de azúcar y grasas saturadas. “Cuando se regula de manera más estricta, tenemos mejores resultados en prevención”, defiende. Y en un país con una de las tasas de obesidad y obesidad infantil más altas de Europa, esta parece una cuestión clave.
El 40,6% de los niños de entre 6 y 9 años y un 20% de los adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, según el estudio Aladino. Y eso tiene efectos claros en la salud. La Asociación Española de Pediatría advierte que la grasa abdominal en edades tempranas de la vida se asocia a hipercolesterolemia, hipertensión o diabetes tipo 2. Esta sociedad ya denunciaba hace unos meses la publicidad de los alimentos con un perfil nutricional inadecuado que “influyen en la aparición y el mantenimiento de malos hábitos de alimentación”.
“En estas etapas de la vida se desarrollan las preferencias de alimentos que condicionarán nuestros hábitos futuros. Los reclamos publicitarios dirigidos a los niños y adolescentes están presentes en su vida cotidiana y tienen un gran impacto en ellos. El problema es que los productos menos saludables siguen siendo los más publicitados”, explicaba la coordinadora del Comité de Nutrición y Lactancia Materna, Rosaura Leis, con motivo del Día Europeo contra la Obesidad. Este comité publicó en 2022 su posicionamiento sobre esta publicidad, tras 21 revisiones sistemáticas que incluyen 490 artículos y cinco metaanálisis: “La mayoría de los trabajos muestra una asociación entre el tipo de publicidad y el efecto concreto analizado, siendo más evidente en menores de 12 años y en niños obesos. Las revisiones más recientes se centran en la publicidad online, indicando sus efectos nocivos especialmente en adolescentes”.
Además de la regulación de la publicidad, el otro gran caballo de batalla es la presentación de estos productos. “En Francia, los productos tienen un sello verde de calidad, diferenciado, y la información del producto es mucho más clara. Esto permite que cuando una persona va a comprar, visibilice perfectamente qué producto es más saludable”, defiende López, que aboga por que esa etiqueta de calidad vaya de la mano de una entidad independiente. En paralelo, pide que se impulse la investigación, para que los alimentos saludables sean más competitivos y que hasta los productos procesados sean más sanos. E incentivos para determinados productos, como bajadas selectivas del IVA. “En ocasiones se trata de bajar el precio unos céntimos”, indica.
Una investigación liderada por un equipo de la Universitat de les Illes Balears y el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), publicada en la revista Frontiers in Public Health, en la que han participado más de 6.800 personas, apunta que “el coste de los alimentos puede ser un factor crucial en las decisiones de dieta” porque “una cesta de la compra saludable es considerablemente más cara que llevar una alimentación poco sana”. Y para reducir el ticket hay que aumentar la cantidad de patatas, cereales refinados, lácteos, grasas y aceites, dulces y pasteles y alimentos procesados.
Vinculados con multitud de patologías
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) señala que los alimentos procesados tienen un alto contenido en azúcares, grasas y sal. Y es precisamente a esta composición a la que atribuyen los “efectos perjudiciales sobre la salud” y “no tanto a las técnicas de procesado”. En el informe del comité científico de la Agencia sobre el impacto del consumo de ultraprocesados en la salud ya indican “que un alimento sea procesado no implica que sea necesariamente perjudicial para la salud”.
Ese trabajo analiza, no obstante, diferentes estudios que establecen una relación entre riesgo de enfermedad cardiometabólica, cáncer y mortalidad prematura. Pero no son los únicos. Otras dos investigaciones, publicadas en agosto de 2022 en la revista British Medical Journal, establecen una relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y cáncer colorrectal y enfermedad cardiaca. En diciembre de ese mismo año, científicos de Brasil publicaron en JAMA Network que quienes presentan una mayor ingesta de estos productos acaban mostrando un deterioro cognitivo mayor que aquellos que toman menos. La OCDE estima que el exceso de peso en la población española reducirá nuestra esperanza de vida en 2,6 años para 2050.
Hay un conjunto de lobbies que defienden sus intereses, pero como médicos de familia necesitamos que la persona, cuando va a tomar una decisión sobre su estilo de vida y su alimentación, tenga información sencilla y asequible, y que pueda permitírsela
Entonces, si la evidencia apunta a estos productos ultraprocesados como potenciadores de diferentes patologías, ¿por qué no hay una regulación más estricta? “Está habiendo intentos, pero no somos capaces de avanzar”, reconoce el portavoz de la Semfyc. Y, en este sentido, apunta en una dirección: “Hay un conjunto de lobbies que defienden sus intereses, pero desde nuestro punto de vista, como médicos de familia necesitamos que la persona, cuando va a tomar una decisión sobre su estilo de vida y su alimentación, tenga información sencilla y asequible, y que pueda permitírsela”.
Desde 2016, un reglamento europeo obliga a incluir información nutricional en los alimentos, pero la propia Aesan reconoce que “no es bien comprendida por la población” y el impacto “no es el esperado en cuanto a las decisiones de compra y consumo”, siendo mayores estas dificultades de comprensión en las clases sociales más desfavorecidas y vulnerables. En 2021, Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, España y Suiza anunciaron la creación de un mecanismo de coordinación transnacional para facilitar un etiquetado más intuitivo, conocido como Nutriscore.
El punto débil de esta medida es que su adhesión es voluntaria. La Comisión Europea tenía la intención de presentar en 2022 una propuesta de directiva para hacer obligatorio este etiquetado en toda la Unión Europea. La medida se aplazó a este año y el creador de este patrón, el científico Serge Hercberg, alertaba en una entrevista a Efe a principios de año de que vuelva a retrasarse, ahora a 2024. “Nutriscore incomoda a ciertos intereses económicos, a ciertos Estados también, como a Italia, que hacen una presión tremenda para frenarlo o para retirarle su esencia”.
La semana pasada, la Organización Europea de Consumidores, que agrupa a 45 entidades de más de 30 países, publicaba en su blog un artículo titulado Emboscada a las etiquetas de los alimentos: cómo el intenso lobby de la industria detuvo los planes de la UE. “A lo largo de los años, está claro que sus abundantes bolsillos, su fácil acceso a los responsables políticos y sus enérgicas campañas les han permitido dar forma e influir en las normas europeas de forma considerable”, indican. En concreto, acusan a estos poderes de bloquear un código de colores para la información nutricional en la parte frontal de los envases y afirma que “parece que la segunda oportunidad de introducir una herramienta de este tipo, lamentablemente, podría sucumbir a un destino similar”.
En 2019, casi a la par que la Comisión Europea presentaba su estrategia 'de la granja a la mesa', se creó una plataforma que agrupaba eurodiputados e industria, el Foro Europeo de Alimentación (EFF, por sus siglas en inglés).
Obligatoriedad frente a autorregulación
En España, fuentes de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebida (FIAB) señalan que el sector “puso en marcha el Plan de Colaboración para la Mejora de la Composición de los Alimentos y Bebidas y Otras Medidas (2017–2020) con el objetivo de reducir azúcares añadidos, sal y grasas saturadas en más de 3.500 productos” que contribuyó “a los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil”. Sin embargo, estas mismas fuentes afirman que “prohibiciones o la subida de impuestos a determinados productos o ingredientes no cambian hábitos de vida, sino que disminuyen la renta de los ciudadanos y tiene un afán recaudatorio”.
En la misma línea, desde el sector se oponen a un etiquetado obligatorio. “Apostamos por un sistema de etiquetado nutricional voluntario en el frontal del envase, que sea armonizado a nivel europeo”, indican. El acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos ya contemplaba la implementación de un “semáforo nutricional”. Contra el posicionamiento de la industria, el texto hablaba de “establecer obligaciones claras respecto al etiquetado” pero, pese a los intentos del Ministerio de Consumo que dirige, ahora en funciones, Alberto Garzón, el ala socialista frenó la medida.
Tampoco salió adelante el borrador de Consumo para la regulación de publicidad de productos insanos para niños. “Los mecanismos de autorregulación y corregulación pueden ser más efectivos”, llegó a expresar el titular de Agricultura, Luis Planas, quien en la práctica tiene, junto a Sanidad, las competencias de regular bebidas y alimentos. Sin embargo, Garzón sostiene la tesis contraria: que el Código PAOS de autorregulación del sector publicitario “no ha funcionado”.
Desde la Semfyc apuestan, en cualquier caso, por un marco regulador. López lo tiene claro: “Detrás de la defensa de que no se regule siempre hay intereses mercantiles, económicos o industriales, que pueden ser lícitos, pero nuestra postura, gobierne quien gobierne, será apoyar a aquellos que quieran aumentar esas normas, porque significan menos riesgo para la salud”.
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