Los países europeos tienen dos años para aplicar a su manera la nueva gestión del copyright en Internet
El Parlamento Europeo aprobó este martes la directiva que renueva los derechos de autor en la UE. La negociación ha sido larga y polémica, y una de las consecuencias ha sido que la redacción del texto final es “ambigua” en algunos puntos concretos, como han explicado varios expertos a este medio. Medidas como los filtros de contenido que detecten las violaciones de copyright deberán ser concretadas ahora por cada país en la trasposición de la directiva a sus legislaciones.
La regulación comunitaria da dos años a los gobiernos de cada Estado para adaptar sus leyes a las nuevas directivas. El intenso lobby que tanto de las grandes plataformas digitales estadounidenses como las entidades de gestión de derechos de autor han desplegado en la capital belga volverá, readaptado a cada contexto local. La directiva solo marca el campo de juego, pero da margen de movimiento a los países. Google, que amenazó con cerrar YouTube en Europa si el filtro de contenidos cristalizaba tal y como lo ha hecho (y no lo ha cumplido), fue el primero en avisarlo: “Los detalles importan, y esperamos poder trabajar con los responsables políticos, editores, creadores y propietarios de derechos, a medida que los Estados miembros de la UE avanzan en la aplicación de estas nuevas normas”, afirmó un portavoz de la compañía.
¿Cambiará por completo el Internet que conocemos? Los expertos consultados por eldiario.es coinciden en que las regulaciones nacionales no tienen tanto margen de movimiento. La UE ha aceptado que se usen los filtros de contenido, que estos puedan ser automáticos (aunque con “supervisión” humana) y que actúen previamente a que el contenido subido por un usuario llegue a estar disponible para los demás.
Los críticos con la directiva avisaron durante años sobre la posibilidad de que una medida como los filtros se convirtieran en un medio de censura previa automatizada en determinados contextos. “La trasposición se tendrá que hacer respetando la Constitución de cada país, y la española establece que solo un juez puede aplicar la censura sobre una publicación”, expone el abogado experto en propiedad intelectual Carlos Sánchez Almeida.
“En España esa supervisión humana va a tener que estar reforzada”, avisa el jurista, director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), integrante de la campaña internacional contra la aprobación de la directiva. “Vamos a tener que exigir que la ley española, cuando se desarrolle, nos garantice ya no solamente la supervisión humana después del borrado del contenido, no, sino que previamente al borrado se informe al usuario y pueda hacer alegaciones ante una autoridad humana”.
“De la propuesta inicial de la directiva a cómo ha quedado, ya te digo yo que Google está dando palmas con las orejas”, afirma Borja Adsuara, miembro de la sección primera de Comisión de Propiedad Intelectual, organismo dependiente del Ministerio de Cultura. “El copyright no va a cambiar Internet, es Internet el que ha cambiado. Hace 20 años no existían las redes sociales tal y como hoy las conocemos: era necesario modernizar la legislación para adecuarla a ellas”.
El jurista recuerda que los filtros necesitan una base sobre la que comparar de forma automática si el contenido que se sube es coincidente con ella. Es decir: para que el algoritmo vete un vídeo subido por un usuario al detectar que incluye una canción protegida con derechos de autor, es necesario que el sistema cuente con esa canción en su base de datos para establecer la comparación. Adsuara argumenta que este requisito impide que pueda ser considerado una “censura previa”.
“El filtro funciona a denuncia del titular de derechos, ya que previamente ha tenido que dar la información necesaria para identificar esa violación del copyright, con lo cual no es un filtro general ni previo”, expone. Además, explica que los filtros son una medida que la directiva establece para los casos en los que no se cumpla su objetivo principal, que es que las plataformas digitales lleguen a acuerdos con los titulares de los derechos de autor y paguen por las licencias de reproducción.
Aunque ha requerido un esfuerzo final por parte de las instituciones, la UE ha conseguido su objetivo principal: aprobar una renovación de los derechos de autor a nivel comunitario antes de la conclusión de la legislatura. La pelota está ahora en los parlamentos nacionales. En España, el Congresó aprobó en febrero la renovación de la Ley de Propiedad Intelectual, y lo hizo con polémica: por primera vez, la administración podrá cerrar webs denunciadas por violación de los derechos de autor sin supervisión judicial, en caso de que la página sea reincidente y ya haya sido condenada por albergar contenidos protegidos sin licencia. La salida adelante de la directiva obligará a volver a modificar la ley en los próximos dos años.
