Cuando denunciar la corrupción sale a cuenta: países que recompensan a los filtradores

Ser el que da la voz de alarma no es algo que se vea en todas partes con los mismos ojos. Mientras que en países como Estados Unidos denunciar un delito fiscal puede convertir al filtrador en millonario, en otros como España no solo no se contempla la compensación económica, sino que el denunciado no tiene derecho a recibir información alguna sobre la investigación que puede haberse abierto al respecto. 

Incentivar y premiar a los delatores tiene sus raíces en la cultura anglosajona. En Estados Unidos, una de las primeras normativas que mencionó las recompensas fue la False Claims Act de 1863, firmada por el presidente Lincoln durante la guerra civil americana para combatir la especulación. Entonces se prometía un porcentaje del dinero recuperado por el Gobierno y se ofrecía protección frente a posibles represalias laborales. A raíz de aquello se aprobaron medidas similares para sectores como el energético, el medioambiental o el de la aviación.

En 2006, la Hacienda estadounidense empezó a contar con un sistema de recompensas que permitía premiar a los delatores hasta con el 30% de lo que el fisco pudiera recobrar. Dos años más tarde, con el estallido de la crisis económica, también se vio la necesidad de ampliar las ayudas a las denuncias de delitos financieros. Así, en 2010, Obama firmaba la famosa Ley Dodd-Frank.

Desde entonces, la SEC (el equivalente a la CNMV española) y la CFTC, que regula los mercados de derivados, han pagado auténticas millonadas a los whistleblowers (término ligado a la práctica policial de usar el silbato como modo de aviso).

Héroes en Estados Unidos

En 2007, el exbanquero del gigante suizo UBS Bradley Birkenfeld Bradley Birkenfelddenunciaba a la compañía ante la Hacienda estadounidense por una trama de evasión de capitales. El fisco logró recuperar 780 millones de dólares (unos 570 millones de euros de la época) y Birkenfeld se embolsó 104 millones de dólares (más de 80 millones de euros) en septiembre de 2012. Sin embargo, la compensación económica no le libró de pasar 30 meses en la cárcel por haber participado en las actividades fraudulentas de UBS, algo que generó muchas críticas al haber sido el denunciante.

Es uno de los casos más significativos que se han dado en el país americano, pero no el único. Según los datos que la propia SEC hizo públicos en marzo de este año, esta entidad reguladora de Wall Street ha otorgado más de 263 millones de dólares a 53 denunciantes desde que emitió su primer veredicto en 2012.

Todos los pagos se realizan a través de un fondo financiado mediante las sanciones monetarias pagadas a la SEC. Las recompensas pueden oscilar entre el 10 y el 30 % del dinero recaudado cuando las penas exceden el millón de dólares. Además, por ley, se procura que la identidad de los denunciantes permanezca a salvo, ya que en ningún caso se divulga información que pueda revelar directa o indirectamente sus datos personales. El organismo ha reservado unos 450 millones de dólares (unos 385 millones de euros) para pagos a informantes externos.

Cualquier persona (incluso fuera de Estados Unidos) puede denunciar ante la SEC, siempre y cuando tenga constancia de alguna infracción relativa al mercado de valores estadounidense. Eso sí, no se ofrecen recompensas a auditores o responsables del cumplimiento normativo, ya que se considera que ese tipo de denuncia forma parte de su labor profesional.

Otro sector que ha dado pingües beneficios a los denunciantes ha sido el de la sanidad. En 2009, diez empleados de la farmacéutica Pfizer compartieron una recompensa de 102 millones de dólares por revelar prácticas ilegales en la comercialización del medicamento para la artritis Bextra. Casi una década antes, dos denunciantes recibieron 100 millones de dólares del Hospital Corporation of America (HCA)Hospital Corporation of America, la compañía hospitalaria del país, tras evidenciar que se habían presentado facturas infladas y gastos de más al Medicare, el programa de cobertura de seguridad social administrado por el gobierno de los Estados Unidos.

Los casos europeos de Reino Unido y Alemania

En 1998, el Reino Unido aprobó una de las leyes más completas de protección de denunciantes en el mundo, la Public Interest Disclosure Act (más conocida como PIDA). Bajo su amparo, los delatores pueden revelar una amplia gama de tropelías que van desde la corrupción política hasta delitos económicos o contra la salud pública, el medio ambiente y la seguridad.

Sin embargo, a diferencia de las leyes estadounidenses, en Reino Unido las recompensas no están regladas, sino que se fijan de manera discrecional por las autoridades. Aun así, varios países como Irlanda, Japón o Sudáfrica han utilizado PIDA como modelo para sus propias normativas.

La HMRC, la Hacienda de Reino Unido, también tiene sus propios mecanismos de recompensa. En 2015, el diario The Guardian desvelaba que el fisco había abonado a sus informantes un total de 605.000 libras (unos 800.000 euros de entonces). El fisco británico, que no hace públicos los datos de manera oficial, aseguraba al rotativo que la mayoría de denuncias que recibe, formuladas a través de su web, no conllevan una contraprestación económica.

Por su parte, Alemania no cuenta con una ley de protección de denunciantes, sino que confía en sus tribunales para que se encarguen de clarificar cada caso. No obstante, ejemplos como el pago de las autoridades alemanas de 7,3 millones de euros a un empleado de banca de Liechtenstein que les facilitó información acerca de cientos de evasores demuestran que las recompensas funcionan.

La legislación avanzada de Japón y pronto Australia

El país del sol naciente cuenta con una de las legislaciones más avanzadas del mundo en materia de filtradores. La Whistleblower Protection Act permitió recibir 11 millones de yenes (unos 86.000 euros) a un trabajador de Olympus (empresa puntera en la fabricación de cámaras y equipos médicos) que denunció en 2007 cómo su jefe había hecho aparentes intentos de contratar a un empleado de un socio comercial violando la ley de competencia.

Aun así, hay muchas críticas en torno a la regulación nipona porque no siempre ha sido efectiva, y las adjudicaciones a los denunciantes son escasas comparadas con las de otros países. En marzo de 2016, un informante estadounidense que sufrió represalias por parte de Olympus recibió 51 millones de dólares a modo de indemnización, según informó la CNN.

Australia está en trámites de aprobar una nueva normativa sobre whisteblowing con la que pretende crear un régimen específico de protección de denunciantes para quienes exponen conductas indebidas en asuntos fiscales, así como sumar recompensas. Sobre estas se comenta que serán proporcionales a las sanciones que se impongan al denunciado o a la recaudación que se obtenga a raíz de la investigación iniciada.

ASIC, la Comisión de Inversiones y Valores de Australia, ya tiene abierto un canal para denunciar sus irregularidades, aunque no detalla nada sobre recompensas concretas. Según una publicación de The Sydney Morning Herald de 2014, el país australiano está a años luz de las cuantiosas recompensas estadounidenses y en algunos casos la protección no ha sido suficiente para evitar represalias, algo que se pretende paliar con la nueva legislación que entrará en vigor a partir del 1 de julio.

Algo más amplio es el sistema de recompensas que ofrece el gobierno de México. Va desde información para cazar a asesinos hasta pistas para detectar casos de blanqueo de dinero y sus cifras pueden ascender hasta 381 millones de pesos mexicanosascender hasta 381 millones de pesos mexicanos (unos 16 millones de euros al cambio actual).

En España, con canales pero sin recompensas

España no cuenta con una legislación general para proteger a los empleados del sector privado y público de represalias por exponer la corrupción. Sin embargo, sí que existen canales para las denuncias. Por ejemplo, los inspectores de Hacienda las atienden (siempre y cuando estén documentadas) y hasta 1987 se premiaba a los delatores con un 25 % de las sanciones firmes y cobradas.

Por su parte, la CNMC ha abierto recientemente un buzón para recibir denuncias; sin embargo, por el momento, nada se ha hablado de recompensas. En este caso se pueden formular de dos maneras: con nombre y apellidos o de forma anónima. En el segundo caso, solo se enviará el mensaje y se omitirá cualquier información adicional como la dirección IP.

En cuanto a empresas, la última novedad nos la deja Facebook. En abril, la red social anunció que perseguirá a las aplicaciones que hagan un mal uso de los datos de su plataforma. Por eso ha puesto en marcha un programa piloto para incentivar las denuncias en casos que afecten a más de 10.000 usuarios, con recompensas que parten de los 500 dólares (428 euros). “Si bien no existe un importe máximo, las personas que han informado de errores de gran repercusión han llegado a obtener hasta 40 000 dólares [unos 34.000 euros]”, recogen en su comunicado.

La red social ya ofrecía recompensas a cambio de avisos sobre errores o vulnerabilidades de softwareerrores o vulnerabilidades de software. Sin embargo, después de que Mark Zuckerberg haya tenido que declarar ante el Senado estadounidense y el Parlamento Europeo por la mala gestión de datos de miles de usuarios de Facebook, el premio se irá para aquellos que ayuden a detectar nuevos casos como el de Cambridge Analytica antes de que les exploten en las manos.

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