La Comisión de Cultura del Congreso ha impulsado este miércoles, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que entraría en vigor en enero previo paso por el Senado. Se resucitan así los peores fantasmas para el movimiento contrario a la Ley Sinde, que vendrán a endurecer aún más el código de normas. La principal novedad es que crea un atajo para que sea una acción administrativa la que pueda desencadenar el cierre una web sin tener que tener necesariamente el consentimiento previo de un juez.
Lo intentaron en 2010 y ocho años después, PP y PSOE han conseguido sacar adelante una iniciativa que entonces tuvieron que parar debido a la protesta de usuarios y profesionales de Internet, que consiguió tumbar la propuesta para cerrar webs sin autorización judicial.
La enmienda más polémica de esta nueva LPI es la referida al artículo 195, que daría al traste con la potestad del juez para tener la última palabra, tal y como se refleja en el texto que presentaron PP, PSOE y Ciudadanos ante las Cortes en septiembre: “la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122bis”.
El abogado David Bravo explicaba a eldiario.es hace dos meses que, con esta enmienda, los partidos “están apartando la única salvaguarda judicial que quedaba en la Ley Sinde, que era ya de por sí insuficiente, eliminándola con la justificación de que eso agiliza el proceso”.
En septiembre, el Ministerio de Cultura explicaba que solo las webs que ya acumulan varias denuncias serían susceptibles de “suprimir la segunda autorización”, argumentando que es un trámite “innecesario, que retrasa los tiempos de la justicia y empeora la tutela judicial efectiva”. Bravo consideró entonces que la enmienda era incluso “peor que la Ley Sinde”. “Era difícil empeorarlo”, ironizaba.
Sin embargo, este no será el único contenido de la nueva LPI. Los partidos, entre los que también se encuentra Unidos Podemos, han incluido una decena de enmiendas en el texto: el tope del 20% a la rueda de las televisiones, la negociación de tarifas entre las radios y televisiones y las entidades de gestión o la nueva organización interna de la SGAE son algunas de ellas.