Las entidades de gestión de derechos de autor se han plantado ante el ministro José Ignacio Wert y el secretario de Estado, José María Lassalle, para dar un no rotundo a la nueva Ley de Propiedad Intelectual que se encuentra en tramitación parlamentaria. En un acto celebrado esta mañana en el Círculo de Bellas Artes y en el que han estado presentes entre el público artistas como Víctor Manuel, Pasión Vega, Benito Zambrano o Carlos Bardem, los presidentes de las ocho entidades (AGEDI, AIE, AISGE, CEDRO, DAMA, EGEDA, SGAE y VEGAP) han exigido la retirada de esta norma y el fin del Real Decreto que regula la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
“Es un texto regresivo que nos aísla de Europa y que no ha sido elaborado con un consenso. Queremos que se abra un proceso real de debate”, ha leído José Luis Acosta, presidente de la SGAE, en un comunicado firmado por todas las asociaciones, en el que también se ha insistido en que la regulación actual de la copia privada “es arbitraria e injusta ya que ahora pagamos todos vía Presupuestos Generales”.
Este levantamiento de las entidades y el sector cultural se produce en un momento particularmente caliente, con la ley a punto de llegar al Senado –lo hará el 31 de octubre- y cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de señalar que este cargo a los presupuestos es contrario a las directivas europeas que regulan la compensación por copia privada.
Pocos datos y muchas quejas
La petición de las entidades de gestión se basa precisamente en que la compensación ya no salga de los presupuestos y que vuelva el canon digital, una tasa en la comercialización de los dispositivos electrónicos. “Nuestra propuesta es lo que había entonces, que los distribuidores, productores, fabricantes de productos tecnológicos paguen el 1% que estaba establecido entonces”, ha asegurado José Luis Acosta a eldiario.es.
¿Regresar a la Ley Sinde? “Volver a una propuesta en la que sean los distribuidores los que paguen ese canon. No es verdad que antes estuviéramos pagando más caro. Ahora es cuando se está pagando más caro y además se ha quitado el impuesto a compañías que no pagan sus impuestos en España y que no generan empleo aquí. Además también se les quita el 20% que por ley la copia privada tiene que invertir en el tema social, educativo y de formación”, ha insistido recalcando en que la gran beneficiaria de la retirada del canon fue la industria tecnológica.
Cuando le hemos preguntado por esas empresas tecnológicas que según él, están fuera de la legalidad o no pagan impuestos, se ha negado a nombrarlas. “Todos las conocemos”, dijo y agregó: “No pretendemos ir en contra de nadie, pero queremos que la ley sea equitativa. Yo estoy encantado con que se hagan ricos con los contenidos, pero que también los que producen los contenidos se vean compensados. El origen de todo el streaming, de toda la industria cultural, parte de un señor que escribe su música”, ha añadido.
Las entidades han manifestado que el PP no ha tomado en consideración ninguna de las enmiendas que le ofrecieron tras la aprobación de la LPI en el Consejo de Ministros del pasado 14 de febrero. Sin embargo, no han ofrecido datos para mostrar el perjuicio que están sufriendo con esta regulación o las ventajas que tienen ahora, según ellos, las empresas tecnológicas. Sólo han recalcado que desde el fin del famoso canon digital calculan que han dejado de ingresar más de cien millones de euros, un dato que, según Acosta, sale del 1% de impuestos que recibían antes sobre la venta de los aparatos, aunque entiende que son cálculos “complejos”.
Precisamente, con el canon, las gestoras recibían 115 millones de euros al año por lo que sus ingresos se han recortado en un 95%, después de que el Gobierno decidiera recortar también aquí y dejara la partida en 5 millones de euros.
“Pedimos a Europa que nos rescate”, ha afirmado a su vez Luis Cobos, presidente de AIE (Artistas, Intérpretes y Ejecutanes), que ha sido confundido por la presentadora del acto por el presidente de otra de las entidades, un lapsus quizá procedente de la gran cantidad de ellas que han acudido al acto, en el que también se ha pedido la retirada del 21% del IVA cultural.
Cobos ha insistido en la transparencia de las entidades de gestión, afirmando que la gestión colectiva “no es un negocio, sino un servicio que las sociedades prestan a la sociedad civil y su deber es que sea reconocido. No son empresas opacas sino que están controladas por sus órganos de dirección. Son organizaciones colectivas y privadas que se rigen por el derecho privado. Mantienen la solidaridad del colectivo porque aseguran los derechos de todos. No necesitan que sean metidas en cintura porque ya están dentro de la legalidad”.
La compensación por copia privada a partir de la venta de dispositivos electrónicos vivió una odisea desde su aprobación en diciembre de 2007. Desde ese momento, aparatos como las grabadoras de CD+DVD, los MP3 y MP4 y teléfonos móviles capaces de almacenar o reproducir música, fueron gravados con una tasa en su comercialización que iba desde los 0,60 euros por cada grabadora de CD a los 1,10 euros en cada móvil con mp3. Fue un acuerdo alcanzado entre el Gobierno, entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, las entidades de gestión de derechos de autor y las Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMILEC).
Tampoco era nada nuevo ya que desde la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 existía una tasa para todos aquellos medios de grabación, sin embargo, la norma de 2007, que entró en vigor en junio de 2008, introducía nuevas tarifas e intentaba regular el amplio universo de Internet.
Desde el principio hubo grandes críticas a este canon. Para los usuarios acababa completamente con la presunción de inocencia puesto que determinaba que cualquier persona usaría ese dispositivo electrónico para la grabación de copias. Además, también insistían en que esta tasa repercutiría en un aumento de los precios de los dispositivos que ni siquiera estaría reflejado en la factura. Por tal motivo nació la plataforma Todos contra el canon, que llegó a aglutinar 28 organizaciones de consumidores, sindicatos, internautas y empresas.
También se posicionaron en contra las operadoras y fabricantes de aparatos de tecnología, quienes adujeron que el canon estaba aumentando el fraude y repercutiendo en la recaudación, ya que, según sus datos, había empresas que estaban ofertando productos hasta un 30% más baratos que las empresas que se encuentran dentro del marco legal.
La puntilla al canon llegó, sin embargo, con dos sentencias. Una de ellas, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en octubre de 2010, que señalaba que la tasa que gravaba los medios de reproducción adquiridos por las empresas y profesionales que no estaban destinados a la copia privada era contraria al derecho comunitario. Es la conocida como sentencia Padawan, nominación procedente de la empresa catalana que interpuso el recurso contra el canon ante el TJUE. La otra sentencia, de marzo de 2011, procedía de la Audiencia Nacional y señalaba la nulidad de las tarifas que regulan el gravamen de los distintos soportes.
El primer Consejo de Ministros del Gobierno del PP acabó finalmente con el canon digital en diciembre de 2011. Un año más tarde, el nuevo Gobierno aprobó mediante un Real Decreto que la compensación por copia privada fuera cargada a los Presupuestos Generales del Estado con una cantidad fija a año vencido que en 2012 fue de cinco millones de euros. Desde entonces esta medida ha sido duramente criticada por toda la oposición, especialmente por Izquierda Plural, y ahora el Tribunal de Justicia de la UE también ha puesto en entredicho este Real Decreto, que se mantiene dentro de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, al señalar su incompatibilidad con las directivas europeas que regulan la compensación por copia privada.
En conclusión, ni canon a los dispositivos electrónicos ni cargo a los contribuyentes vía PGE. El ministro José Ignacio Wert y el secretario de Estado José María Lassalle tienen una ardua tarea por delante para aprobar la nueva LPI.