La otra cara de los ERE
En una guerra lo llaman eufemísticamente daños colaterales. Víctimas inocentes afectadas por un conflicto. Esta guerra se llama ‘caso de los ERE’. Y los damnificados, lejos de disputas políticas, tramas y decisiones judiciales ligadas a ellas, son extrabajadores de Mercasevilla que se acogieron al ERE promovido por el mercado central de abastos de la capital hispalense en 2003. Cinco rentas asociadas a las prejubilaciones fueron suspendidas a finales de 2011 por la Junta de Andalucía al detectar posibles discordancias administrativas. Ellos, y de momento el TSJA en dos de los casos con sentencia firme favorable a sus intereses, no consideran irregular su inclusión en la póliza de seguro colectiva de rentas asociada al ERE. Nada tienen que ver con los ‘intrusos’ detectados por la Administración pero no han visto aún un euro de las rentas que les corresponden desde que estallara el caso de la presunta trama corrupta.
Los ‘terceros de buena fe’, según el bufete Sánchez, Mejías & Asociados que representa a cuatro de ellos, han registrado este lunes escritos dirigidos en este sentido a la Junta de Portavoces del Parlamento de Andalucía y a los tres grupos políticos presentes en la Cámara. Según prevé el artículo 165 de su Reglamento, las preguntas de iniciativa ciudadana deberán tener su correspondiente respuesta oral ‘siempre que dichas cuestiones sean asumidas por algún diputado’. “Esperemos que no miren para otro lado; si dicen que no, le están diciendo que no al TSJA”, señala Marta Mejías, una de los representantes de los extrabajadores.
El ERE de Mercasevilla es el origen del conocido como ‘caso de los ERE’, la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 6 sobre una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas en numerosos ERE financiados con fondos autonómicos y subvenciones arbitrarias con cargo a la partida presupuestaria 31L, de la que se alimentan las prejubilaciones de los ERE de 2003 y 2007 de Mercasevilla, sociedad participada mayoritariamente por el Ayuntamiento. La Administración autonómica, en su investigación interna, detectó y elevó al juzgado un total de 72 prejubilaciones presuntamente falsas y otras 111 con algún tipo de “discordancia administrativa” en al menos 67 ERE promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo.
El hecho de que los extrabajadores acudan al Parlamento andaluz ha sido acordado tras conocer que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, va a comparecer a petición propia en el Pleno del 3 y 4 de abril a cuenta del ‘caso de los ERE’. Solicitan que alguno de los parlamentarios que forman parte de los grupos que apoyan al gobierno de coalición (PSOE-A e IULV-CA) o los de la oposición (PP-A) pregunten al dirigente andaluz si va a ordenar acatar las sentencias del TSJA y si se va a incoar expediente disciplinario contra los funcionarios responsables de la suspensión de las prejubilaciones. Anuncian, además, que van a pedir la ejecución forzosa de los fallos judiciales (notificados en enero y marzo de 2013), y aseguran que ya han consultado a la Consejería de Innovación por qué no han remitido al TSJA los expedientes administrativos de otros dos trabajadores afectados, que han recurrido en los mismos términos. El plazo legal “improrrogable” es de 20 días y ha pasado aproximadamente un año, lamentan, si bien fuentes de dicha Consejería que ambos expedientes administrativos han sido “recientemente” enviados.
Sus intrahistorias hablan de créditos al banco, hijos en paro y la pensión como único ingreso, paralizado desde hace dos años en algún caso. Joaquín Gómez Mayo es uno de los damnificados. Tras siete años cobrando su prestación “sin ningún problema”, en 2011 le fue suspendida por la Junta de Andalucía. Recuerda que su situación es “legal” y espera el cumplimiento de la sentencia del TSJA. A él y a los otros damnificados se les comunicó por parte de Mercasevilla, el comité de empresa, la aseguradora Vitalia y la Junta que el ERE al que se acogían era correcto y por eso “nos prejubilamos sin ningún tipo de problema”. Así lo explica a las puertas del Parlamento:
El pasado mes de enero, la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Sevilla emitía una sentencia firme que estimaba íntegramente el recurso promovido por otro extrabajador de Mercasevilla, José Díaz, contra la resolución formalizada en 2011 por la Junta para despojarle del “derecho a continuar con cualquier tipo de rentas con cargo a la financiación de la Junta”, al creer “acreditada su inclusión no regular” en la póliza de seguro de rentas asociada al ERE de 2003. La citada resolución, así, fue también plenamente anulada.
Los ERE de Mercasevilla fueron autorizados por la Consejería de Empleo, si bien sólo el de 2003 contó con respaldo financiero de la Administración autonómica por lo que al pago de las prejubilaciones acordadas se refiere. Los extrabajadores también aluden al decreto ley 4/2012 por el cual la Administración asumiría directamente, y sin la intermediación de empresas aseguradoras, el pago de todas las ayudas sociolaborales que han sufrido demoras en su percepción. Denuncian que el ‘caiga quien caiga’ que promulga la Junta o el Defensor del Pueblo andaluz se contrapone con su sensación de “más solos, imposible”, a pesar de tener “la Justicia a favor”. Su representación legal es contundente y concluye que estos extrabajadores, según ha dictado el TSJA, no entran en el cupo de irregularidades detectadas y tienen derecho a percibir su pensión. Algunos 'intrusos' sí figuran como beneficiarios de prejubilaciones en varios documentos de los ERE de 2003 y 2007, respectivamente, pese a que ninguna de ellos formíó nunca parte de la plantilla del mercado central.
El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Francisco Álvarez de la Chica, ha señalado que su grupo está abierto a “escuchar” las reivindicaciones de “cualquier colectivo de afectados”, una vez “contrastada” su situación, para posteriormente “trasladarla al Gobierno de la Junta”, informa Europa Press.
En este sentido, ha reconocido que la Administración andaluza tuvo que tomar “decisiones administrativas para paralizar” algunas pólizas para “comprobar si eran irregulares”, lamentando que en algunos casos “están pagando personas que no tendrían más que la necesidad de que se resuelva su situación”, señalando que no tiene constancia de por qué no se ha abonado las pólizas aún de estos empleados y ha indicado que si estos prejubilados solicitan una reunión al Grupo Socialista “les atenderán”.
