Kenia obliga a la ONU a desplazar el campamento de refugiados de mayoría somalí de Dadaab

El Gobierno de Kenia ha dado este sábado un plazo de tres meses al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para que reubique a los refugiados, la mayoría de ellos somalís, que se encuentran en el campamento de Daadab, en el este del país.

Esta es la respuesta del Gobierno al atentado perpetrado por el grupo yihadista Al Shabab el pasado día 2 en la universidad de Garissa, también en el este, en el que murieron al menos 148 personas, en su mayoría estudiantes. “Hemos pedido a ACNUR que reubique a los refugiados en un plazo de tres meses y si no lo cumplen los recolocaremos nosotros mismos”, ha anunciado el vicepresidente keniano, William Ruto.

Se calcula que unos 600.000 refugiados somalís habitan este campamento situado muy cerca de la frontera con Somalia, tras huir de la hambruna y de la guerra que ha devastado su país de origen. Tras el ataque en Garissa, varios líderes del noreste de Kenia reclamaron el cierre del campamento de Dadaab, uno de los mayores del mundo. “Debemos proteger este país a cualquier precio, incluso si eso implica perder los negocios con Somalia”, ha afirmado Ruto, que ha insistido en que el Gobierno está dispuesto a adoptar todas las medidas de seguridad que estén a su alcance.

En palabras del vicepresidente, “no hay política, no hay juegos, no hay medidas a medias cuando hablamos de 147 estudiantes muertos que han conmocionado a todos los kenianos”. Además, como ha anunciado, ya se ha iniciado la construcción del muro a lo largo de los 700 kilómetros de la frontera con Somalia con el que pretenden mejorar la seguridad y prevenir tanto ataques terroristas como movimientos ilegales de población entre ambos países. “Al igual que América cambió tras el 11S (con el atentado contra las Torres Gemelas), Kenia cambiará después de Garissa”, ha agregado el vicepresidente.

No es la primera vez que el Gobierno arremete contra la comunidad somalí en suelo keniano durante sus operaciones antiterroristas. El año pasado, las autoridades deportaron a decenas de somalís tras producirse detenciones masivas y arbitrarias como respuesta a una ola de ataques perpetrados en Nairobi y Mombasa. En repetidas ocasiones, organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, han denunciado los múltiples abusos que sufre la comunidad somalí durante las operaciones antiterroristas.