Los diseñadores de la privatización sanitaria llevan diez años cruzando sus caminos

El Gobierno de la Comunidad de Madrid (PP) presentó el 31 de octubre un plan de privatizaciones de servicios sanitarios que incluía seis plantillas hospitalarias, 27 centros de salud y casi cualquier actividad no sanitaria de los hospitales. La justificación fue la coyuntura económica y la necesidad de ahorro (el presupuesto de sanidad cae un 7% en 2013). “Lo más responsable, por no decir lo único responsable, es ir a ese modelo”, dijo el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, en la Asamblea de Madrid. Al plan lo llamaron de medidas de garantías de sostenibilidad del sistema sanitario.

Pero el germen y plan para introducir la gestión privada en la sanidad pública viene de lejos, de una época anterior a la recesión.

Cuando el actual presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, era ministro de Sanidad del Gobierno de José María Aznar (1996-2000) expresó esta idea: “El monopolio lleva a la ineficiencia, circunstancia que se puede corregir si introducimos la competencia entre los centros”. El foro de dicha declaración fue unas jornadas sobre sanidad privada promovida por la aseguradora médica Adeslas.

Entre los asistentes al encuentro estaban el entonces director médico de Adeslas, Antonio Burgueño, el presidente de la Federación Nacional de Clínicas Privadas, Antonio Bartolomé Sánchez, el subsecretario valenciano de Sanidad, Rubén Moreno y otros directivos del sector. Sus trayectorias ya se habían cruzado antes y volverían a hacerlo más adelante.

Burgueño acudió a ese foro para alabar las excelencias del modelo de privatización de servicios sanitarios llevado a cabo por su compañía en Alzira (Valencia). La clave de todo ese proyecto era “trasladar el riesgo a alguien que no es la Administración”. La Generalitat valenciana pagaba 34.000 pesetas (204 euros) por persona y año. El problema fue que cuando en 2003 el riesgo fue insostenible para el beneficio económico de la empresa, la Administración asumió el problema. Rescindió la concesión de la que se presumía en aquel foro, indemnizó a la empresa y le readjudicó la asistencia sanitaria en Alzira en condiciones económicas más ventajosas. Menos de diez años después, ese mismo Burgueño se convirtió en director general de Hospitales de la Comunidad de Madrid.

Por el camino, Burgueño se consolidó como pieza esencial en el desarrollo de ese modelo privatizador de las prestaciones del servicio público de salud. Antes de aterrizar en la Consejería de Sanidad madrileña, también apareció como asesor en un proyecto de hospital en Córdoba que debía llevar a cabo una empresa inmobiliaria llamada Prasa.

Cuando se marchó llamado por el Gobierno de Esperanza Aguirre (2008) el hospital no existía y en 2009, tras contactar con Antonio Bartolomé Sánchez para dirigirlo, el plan desapareció. No fue el único proyecto que dejó a medias.

Su paso al Ejecutivo madrileño le obligó a dejar la consultoría Prointec, a la que había contratado Esperanza Aguirre para analizar el estado de uno de sus hospitales públicos: el Universitario de Móstoles (una localidad de 200.000 habitantes cercana a la capital). Burqueño realizó un estudio que finalmente resolvió que el hospital estaba obsoleto y que sería más barato construir otro que remozar el antiguo. No se ocultó que sólo remodelarlo “no permitiría realizarlo con el modelo PFI”, que deja en manos privadas la gerencia no sanitaria de los centros. El informe es de diciembre de 2008. La renovación estructural del hospital público no se llevó a cabo.

No había dinero para acometer una gran obra como esa, dijo el entonces consejero de Sanidad, Juan José Güemes. Sí se mantuvo el proyecto de un segundo hospital en la localidad, el Rey Juan Carlos, puesto en marcha bajo modelo de concesión a la empresa Capio por el que se abonan 100 millones de euros cada año a la concesionaria. Como detalle, el informe calculaba que la renovación costaría 110.

Demandas atendidas

Durante aquellas jornadas de hace más de una década, el sector privado exigía a la Administración que abriera el mercado público. “¿Por qué no permiten que el mercado se autorregule?”, preguntó Eloy Fernández Corral, entonces al frente del Instituto Médico Quirúrgico San Rafael de la Coruña. Y vaticinó: “No se dan cuenta de que el modelo está acabado”. Eduardo Goicoechea, de la Clínica Ruber, aseguró que “no se puede pedir más inversión privada sin mayor participación en la prestación de servicios. A lo que debe tender el sector es hacia la liberalización absoluta, gradual y por fases”. A la postre, esas peticiones por parte del sector privado han ido siendo atendidas.

Entre los comparecientes estaba Antonio Bartolomé Sánchez. Entonces era presidente de la Federación Nacional de Clínicas Privadas. Bartolomé pidió cambios profundos en la estructura sanitaria española y expuso sus objetivos: “Una situación de la asistencia hospitalaria en el mercado a partir del criterio de libre elección de hospital por el enfermo de acuerdo con su médico de cabecera y definir un único contrato para los proveedores, públicos y privados”. Ya allí fiaba el futuro de la sanidad a la “potenciación del sector privado y establecer un marco de competencia”. Su criterio era que no se puede hablar de “sanidad pública o privada sino de sanidad de calidad”.

Burgueño y Bartolomé hablaron sobre la situación de las clínicas privadas. Luego, en apariencia, sus caminos se alejaron al pasarse Burgueño al sector público. Pero la separación no fue tanta ya que los dos han formado parte de consejos de dirección de empresas del área sanitaria como Megalab (dedicada a los análisis clínicos). En ese consejo también participó hasta 2008 el diputado y actual presidente de la Diputación Provincial de Toledo por el Partido Popular Arturo García-Tizón López. De igual manera, ambos eran hasta julio de 2012 administradores solidarios de Digital Hospital S.L., una sociedad dedicada a “la consultoría en gestión del sistema sanitario, asesoramiento en los sistemas de información del sistema sanitario”. Bartolomé quedó como “administrador único”, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil de 8 de agosto de 2012.

Los políticos

El ahora diputado del PP, Rubén Moreno, también acudió a aquel ya lejano encuentro promovido por Adeslas. Fue de la mano de Antonio Burgueño para mostrar su obra: el hospital de Alzira. Moreno, además, explicó que la sanidad del siglo XXI debía ir por “la asignación de recursos per cápita y la conversión de los centros sanitarios en entes autónomos y organizarlos en función de la demanda”. Moreno era entonces subsecretario de Sanidad en la Comunidad Valenciana. En 2000 pasó al Ministerio de Sanidad con Celia Villalobos como secretario general de Coordinación Sanitaria. También fue presidente del Insalud, según consta en su ficha parlamentaria del Congreso de los Diputados. Actualmente es vocal en la comisión parlamentaria de Sanidad y está en la subcomisión de análisis de problemas estructurales del sistema sanitario.

En 2008, el consejero de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes, expuso ante un auditorio de empresarios de la sanidad las “oportunidades de negocio” que suponía el plan de infraestructuras sanitarias de la región. Allí mostró la bondad del sistema de gestión mixta público-privada de seis hospitales de la Comunidad. Exactamente los seis que ahora pasarán a la gestión enteramente privada. Además, anunció el siguiente paso que dio el Gobierno de Esperanza Aguirre: cuatro hospitales sacados directamente a concurso para su gestión integral por empresas.

Dos años después, el 29 de abril de 2010, en el hospital Puerta de Hierro-Majadahonda (de gestión pública en lo sanitario), se celebraron unas jornadas tituladas Modelos sanitarios de colaboración público-privada en la Unión Europea. En ese encuentro, el gerente del Hospital de la Moncloa (privado), Juan José Fernández Ramos, volvió a desgranar las “claves del éxito de la colaboración público-privada”. Allí aseguró que los modelos que conceden a empresas la asistencia sanitaria (“public-private partnership)” a cambio de una cuota “son una respuesta más eficiente al conjunto de problemas a afrontar”. Cabe matizar que antes, fue nombrado en 2006 gerente del hospital general de Móstoles por el Ejecutivo regional de Esperanza Aguirre. En 2005, fue el primer gerente del área única de Ferrol (A Coruña) donde fue colocado por la Xunta presidida por Manuel Fraga.

En 2012, la Consejería de Sanidad de Madrid dirigida por Javier Fernández Lasquetty ha diseñado la externalización de una buena porción de los servicios sanitarios. El presidente regional, Ignacio González, ha asegurado que la privatización es “inevitable”.