Agricultura: del ruido diario al cambio de paradigma

Después de que los habitantes del medio rural salieran a la calle a finales del año pasado, a principios de este lo hacen los agricultores. No vamos a abordar en este artículo lo coyuntural, los acontecimientos que se han producido. Nuestro propósito aquí es más bien una reflexión estratégica, abordar el mar de fondo que está detrás de estas revueltas campesinas. Las mismas causas están provocando los mismos efectos. El malestar no es ni mucho menos exclusivo de nuestro país: también están desorientados, irritados, sublevados y se están manifestando agricultores de otros Estados miembros de la Unión como los alemanes, los holandeses, los franceses y los belgas.

Durante décadas, incluso antes de que entráramos en las Comunidades Europeas, las políticas públicas (agraria, regional, comercial, de competencia…) han promovido una agricultura productivista, capaz de ofrecer grandes volúmenes de producción a precios cada vez más competitivos. La verdad es que estas políticas fueron exitosas, en buena parte porque los agricultores supieron responder a este reto. Conozco pocos ejemplos de identificación tan plena entre los actores de un sector económico y las demandas que les transmitía la sociedad durante un periodo tan largo.

En este contexto, la política agraria disfrutó de una situación privilegiada frente a la política de competencia en el entramado jurídico comunitario. Los tratados fundacionales, en línea con la escuela de Friburgo, reconocen la existencia (por supuesto, no sin límites) de una excepción a la aplicación del derecho de la competencia para la agricultura y los productos agrarios.

Durante décadas, uno de los objetivos de la política económica en toda Europa ha sido la lucha contra la inflación y el asegurar los precios más bajos posibles a los consumidores. La política de competencia fue (y es) un instrumento privilegiado para conseguir este objetivo. Evitar los abusos de posición dominante y romper los cárteles que imponen precios son dos objetivos no solo loables, sino absolutamente necesarios. Pero en un sector como el agrario, con 800.000 agricultores y 4.000 cooperativas en España, el desequilibrio entre los distintos actores es un obstáculo al funcionamiento equilibrado de la cadena alimentaria. No se puede, como hacen algunos ayatolás del derecho de la competencia, considerar que una cooperativa agraria no es una empresa prolongación comercial de los agricultores, sino un cártel, al menos potencial, que debe estar sometido a las reglas generales (y restrictivas) que rigen esta clase de acuerdos.

Nuevo marco legislativo

Además, la Unión Europea ha hecho delEuropean Green Deal una de sus líneas maestras. La nueva PAC que está en discusión en Bruselas promoverá una agricultura más eficiente, más respetuosa con el medio ambiente, el bienestar de los animales y de los derechos de los trabajadores, un elemento esencial de la estrategia de adaptación y mitigación del cambio climático. Un cambio de paradigma como este no se conseguirá en contra de los agricultores, que deben ser actores activos de primer orden de este cambio.

Pero al mismo tiempo, la Comisión ha propuesto en lasPerspectivas Financieras 2021-2027 disminuir su presupuesto para la agricultura y la política agraria común (PAC). Entre el brexit y la consiguiente salida de un contribuyente neto, las nuevas necesidades que se han de financiar para conseguir el Green Deal y consolidar el papel de Europa en el mundo, teniendo en cuenta las reticencias de un numeroso grupo de Estados miembros a aumentar su contribución al presupuesto europeo, el escenario más optimista que pudiera imaginar sería el de la congelación en términos nominales del presupuesto actual, lo que está lejos de ser conseguido.

Es verdad que se puede (y se debe) aumentar la eficacia y la eficiencia del gasto público en la agricultura, pero no todo puede venir por esta vía. La cuadratura del círculo, el deshacer el nudo gordiano debe venir de una mejora de los precios percibidos por los agricultores en el mercado. Un producto de calidad y con garantía debe tener un precio digno.

Por esto el construir un marco legislativo que contribuya a construir una cadena alimentaria creadora de valor y, a continuación, una distribución equitativa de este valor entre sus actores es, a mi juicio, una prioridad política de primer orden. Lo primero es conseguir un valor para luego poderlo repartir. A nivel europeo se han dado pasos importantes en este sentido. El Parlamento Europeo ha tenido una actitud muy proactiva que se ha reflejado en el reglamento (llamado en la horrible jerga burocrática bruselense ómnibus) que entró en vigor el 1 de enero de 2018. La Corte de Justicia Europea ha recordado al legislador la amplitud (y las limitaciones) de la excepción agraria al derecho de la competencia; la mencionada nueva directiva sobre prácticas comerciales desleales es otro hito; la Comisión Europea en sus propuestas de nueva PAC también ha hecho unos (tímidos) avances que conviene consolidar y ampliar, como señalo en el informe que presenté ante la Comisión de Agricultura del Parlamento europeo. Nuestros europarlamentarios y nuestros ministros tienen en esto una buena ocasión de transformar en hechos y acciones sus palabras y buenas intenciones. Por ejemplo, sería positivo que la normativa comunitaria permitiese, si así lo deciden, a las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias contribuir a ajustar en cantidad y calidad la oferta a la demanda.

Pero también se puede recorrer mucho camino a nivel estatal. Lo primero es la transcripción en el derecho español de la nueva directiva; lo segundo sería, como anunciado el ministro, la regulación efectiva de la venta a pérdidas y la recuperación del Observatorio de la Cadena Alimentaria, adormecido por culpa de los recortes presupuestarios. Es preciso transcribir plenamente en nuestro derecho español la nueva directiva sobre prácticas comerciales desleales; regular eficazmente la venta a pérdidas; favorecer las auténticas organizaciones de los productores que comercializan la producción de sus socios en línea con la reciente sentencia de la Corte de Justicia Europea sobre el caso endivias y/o promover interprofesionales donde se sienten todos los actores de la cadena, interprofesionales largas como se les llama en Francia.

En la misma línea, España se dotó de una de las primeras leyes de la cadena alimentaria, ley que sirvió de ejemplo y caso de estudio durante la elaboración de la directiva. Es práctica normal en la Comisión someter regularmente todas las leyes a una evaluación para saber en qué medida se ha alcanzado los objetivos perseguidos y los cambios que se deberían aportar. Esta ley española podría ser un magnifico campo de experimento para el desarrollo de la tan necesaria cultura de la evaluación continua de las leyes.

*Tomás García Azcárate es vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) e investigador asociado del Centro de Estudios e Investtigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM).

[Este artículo ha sido publicado en el número 78 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]