Anteayer llegó a Rota el destructor USS Bulkeley procedente del puerto de Las Palmas. Con motivo de la última cumbre de la OTAN, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos anunció que el mandatario de ese país, Joe Biden, comunicaría (obsérvese la unilateralidad implícita en el enunciado) “a [Pedro] Sánchez un aumento de los destructores en Rota de cuatro a seis”. Su homólogo español, “por su parte”, después del encuentro entre ambos, se despidió “del presidente estadounidense dejando claro el rechazo del Gobierno a la política de Donald Trump”. Pero más allá de los matices, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca, “Washington lleva años reivindicando una mayor aportación financiera de sus socios en la alianza atlántica” y “existe una cierta continuidad con la política de Obama”, su antecesor, y perteneciente al partido rival, “en cuestiones como la insistencia sobre la inversión en capacidades de defensa por parte de los europeos y la continuidad de las operaciones en el Este de Europa”.
Hablamos de unas “operaciones” que cobran todo su sentido en la actualidad y que nos convierte en objetivo militar de los países que la Alianza Atlántica considere en cada momento enemigos reales o potenciales; léase, obviamente, en estos momentos, Rusia. De hecho, después de que Estados Unidos emplazase en Rota su escudo contra misiles balísticos con los cuatro buques destructores que ya hay actualmente en dicha base, como respuesta, Moscú anunció que fortalecería su sistema de Defensa Aeroespacial en el flanco occidental, ya que aunque el operativo estadounidense es teóricamente defensivo, la infraestructura creada en Europa puede ser reequipada para el emplazamiento de armas de ataque.
El escudo fue planificado en 2007 por la Administración Bush Jr. y de su construcción se beneficiaron las grandes empresas armamentísticas Lockheed Martin, Raytheon y Northrop Grumman, las cuales son (junto con Boeing) las que acumulan dentro del sector de “defensa” más puestos directivos o lobistas que han sido previamente altos cargos gubernamentales, y viceversa (lo que se conoce por puertas giratorias), lo que no hace casual que sean también las mayores adjudicatarias en contratos de defensa del Gobierno USA. Un memorando secreto desclasificado por EE.UU., redactado en 2009, constataba con toda claridad que el Estado español “sigue siendo uno de los principales clientes de Estados Unidos” en material militar“, aparte de que ”En general, el ejército español es pro-estadounidense y pro-OTAN“, como recoge en un exhaustivo trabajo el periodista Rafael Martos en relación con las bombas atómicas caídas en la localidad de Palomares en 1966, con una potencia de casi cien veces las arrojadas en Hiroshima, suceso en virtud del que ”Almería –o como mínimo sus habitantes– estuvo a punto de desaparecer del mapa“. Como secuelas del hecho, todavía, ”a finales de los años 1980, la contaminación residual era de 2.500 a 3.000 veces superior a la de las pruebas atómicas“, en tanto ”el plancton de la zona tiene cinco veces más radioactividad que el de otras áreas del Mediterráneo“ y ”entre los años 1967 y 2010 se han producido 119 positivos en contaminación por plutonio en personas“ para las cuales hasta hace poco su propia salud era un secreto.
Lo que vuelve a quedar meridianamente claro en todos estos tejemanejes de alto nivel es el papel de Andalucía, que vuelve a convertirse en un claro objetivo militar como moneda de cambio geoestratégica
El entonces presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, presentó el acuerdo del escudo antimisiles como “un impacto muy significativo en términos socioeconómicos” pero su instalación supuso la adecuación del puerto de Rota a las “necesidades” de la OTAN, lo que costó al Estado español 64 millones de euros y el consiguientemente necesario aumento de la seguridad de la base supuso el correspondiente coste económico que se añadió a la deuda de entonces más de 30.000 millones de euros del Ministerio de Defensa (casi en situación de quiebra).
La supuesta certeza del argumento esgrimido habitualmente para defender la existencia de las bases militares en las localidades donde se asientan, a saber, el hecho de que crean numerosos puestos de trabajo, supondría que la tasa de desempleo en dichos municipios sería muy inferior a la registrada en las poblaciones circundantes. Sin embargo, no ocurre tal cosa ni en Viator (en la provincia administrativa de Almería), que alberga una base española, ni en Morón-Arahal (Sevilla) ni en la misma Rota (Cádiz), ambas últimas con bases estadounidenses. Por ejemplo, la última de ellas, que es la que mejores datos comparativos ofrecería de las tres respecto a sus respectivos entornos geográficos, registra una tasa de paro “inferior a la de otros muchos pueblos gaditanos, pero de ninguna manera significativa. En concreto, tiene un 29,2%. Otras localidades: Algeciras: 30,9%, Jerez: 36%, La Línea: 34%, Puerto Real: 32%, San Fernando: 30%, Cádiz capital: 31%, El Bosque: 30,9%”.
El caso es que lo que vuelve a quedar meridianamente claro en todos estos tejemanejes de alto nivel es el papel de Andalucía, que vuelve a convertirse en un claro objetivo militar como moneda de cambio geoestratégica. Ya en el siglo XVIII la monarquía borbónica cedió Gibraltar al imperio británico como compensación al reconocimiento por parte de éste del pretendiente Felipe como rey, mientras que las bases militares de Morón y Rota fueron impuestas en un acuerdo de 1953 por el cual el régimen franquista, único sistema político fascista junto con el de Portugal que quedó vivo en Europa, era reconocido por EEUU a cambio de tener unas magníficas estructuras para su estrategia geopolítica con un intrincado complejo de instalaciones militares, un oleoducto y armas nucleares incluidas. El contrato de ocupación fue renovado por los diversos gobiernos españoles, tanto del propio franquismo como por los de Adolfo Suárez (UCD), Felipe González (PSOE), Aznar (PP), Zapatero (PSOE) y Rajoy (PP).
¿Y qué papel ha jugado en todo esto la Junta de Andalucía? El de participar activamente a la hora de vender las bases a la población andaluza
El mismo guion ha continuado sin variaciones: a cambio de que el entonces presidente estadounidense Barack Obama emitiera en 2015 unas declaraciones manifestándose contra la independencia de Cataluña, el Gobierno español acordó reforzar ambas bases en suelo andaluz: “las palabras de Obama junto al Rey son, según dio a entender el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, fruto de un trabajo de persuasión. ”No hay nada gratis en esta vida“, dijo en una recepción con el Rey en la residencia del embajador español en Washington. El refuerzo de las bases estadounidenses de Morón y Rota ha consolidado la alianza militar con EEUU, que ve en España un aliado clave ante la amenaza yihadista”.
¿Y qué papel ha jugado en todo esto la Junta de Andalucía? El de participar activamente a la hora de vender las bases a la población andaluza. Incluyendo fondos propios y del Ministerio de Cultura del Gobierno español, ha financiado y promocionado a través de su televisión y radio autonómicas obras audiovisuales dirigidas a lavarle la cara a las bases militares, para mitigar el posible clima de opinión contrario a las últimas ampliaciones del control militar estadounidense, proyectando la idílica visión de que, más que instalarse como herramienta al servicio del dominio de los recursos mundiales y el beneficio privado de una serie de corporaciones ligadas a la industria de la muerte y destrucción, son merecedoras de agradecerles la llegada a Andalucía de la modernidad cultural, la emancipación laboral femenina o tiernas historias de amor entre personas de diferentes pueblos; tal cual. Un examen exhaustivo de esta promoción mediática puede encontrarse en el análisis El esclavo feliz. La alienación mediática del pueblo andaluz.
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