El Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad la petición de siete condenados a penas de prisión por los ERE de Andalucía, que solicitaban quedar en libertad mientras el tribunal de garantías estudiaba el fondo de sus recursos y se analizaban las peticiones de indulto. En el caso del expresidente Griñán, retiró su petición de medidas cautelares y el tribunal le tiene por desistido tras estar en libertad para ser tratado de un cáncer.
El Constitucional estudiaba en pleno las peticiones cautelares de siete condenados, teniendo en cuenta que José Antonio Griñán decidió retirar la suya hace unos días tras suspender la Justicia su ingreso en prisión por el cáncer que padece. Recurrieron el consejero de empleo Antonio Fernández (condenado a siete años y once meses de cárcel), su antecesor José Antonio Viera (siete años), la viceconsejera Carmen Martínez Aguayo (seis años), el consejero Francisco Vallejo (siete años), el director general de Trabajo Juan Márquez (tres años), el viceconsejero Jesús María Rodríguez (seis años) y el director general de IDEA Miguel Ángel Serrano (seis años y seis meses).
El pleno, por unanimidad, explica que en casi todos los casos las condenas son mayores de cinco años de prisión, el límite habitual que impone el Constitucional para suspender una entrada en prisión de forma cautelar. También tienen en cuenta, además de las condenas de cárcel, “la naturaleza, gravedad y trascendencia social de los hechos enjuiciados”, ya que todos fueron condenados “por delitos continuados contra la Administración Pública cometidos a lo largo de un extenso periodo de tiempo y con incidencia en toda una comunidad autónoma”.
Todos los condenados a penas de prisión, a excepción de Griñán, se encuentran en distintas cárceles de Andalucía cumpliendo la sentencia desde el pasado mes de enero. Lo hicieron después de que el Tribunal Supremo decidiera, en septiembre de 2022, confirmar la mayor parte de las condenas dictadas por la Audiencia de Sevilla por el caso: un sistema fraudulento y sin controles instaurado durante años en la Junta de Andalucía que derivó en la concesión irregular de ayudas por un valor que rozó los 700 millones de euros.
La sentencia contó con el voto particular de dos magistradas que cuestionaban la aplicación a algunos acusados del delito de malversación de caudales públicos.