Los esfuerzos del Gobierno andaluz por hacer ver que el desembarco en Sevilla de la Universidad Pontificia Comillas, con la adscripción de la Escuela de Enfermería San Juan de Dios, no supone una nueva universidad privada en Andalucía han resultado en vano, vista la durísima reacción de todos los rectores de las universidades públicas.
En las últimas 48 horas ha tenido lugar un pulso sin precedentes entre estos y el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno, que ha respondido a un explosivo escrito de denuncia pública de los diez rectores con un comunicado no menos virulento. El rechazo a otra universidad privada, expresado el lunes, ha coincidido con la reunión del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), celebrado en Jaén y donde fue uno de los asuntos a tratar.
El encuentro terminó por demostrar el cisma entre las universidades públicas, que denuncian que la Junta está llevando a cabo una “privatización exprés” del sistema universitario, y el Ejecutivo de Moreno, que acusa directamente a los rectores de colaborar de algún modo en esa 'privatización' al rechazar la adscripción del centro de San Juan de Dios, que durante 17 años ha estado ligado a la Universidad de Sevilla y que quiso salirse del sistema público.
El centro “seguirá adscrito a la Universidad de Sevilla hasta que lo ordene la autoridad superior de la Junta de Andalucía”, dijeron desde la orden religiosa en una carta dirigida a su estudiantado hace justamente un año cuando se dirimía el futuro de la escuela.
Mientras la Junta echa en cara a las universidades públicas que estén dejando 'tirado' al alumnado por una hipotética desaparición, los rectores aseguran que la marcha de la escuela a la universidad privada ha contado desde hace meses con la aquiescencia de la Consejería, tildando incluso de mentiroso a su titular (José Carlos Gómez Villamandos, exrector de la Universidad de Córdoba) al ocultar una “política de hechos consumados”.
La Consejería andaluza de Universidades emitió a última hora del martes un duro comunicado titulado 'Los rectores reclaman en el CAU el cierre del centro de San Juan de Dios en Bormujos', criticando que “las universidades públicas vuelven a rechazar la oferta de la Junta para adscribirse el centro y fuerzan su vinculación a Comillas para evitar su desaparición”.
La Junta afea a los rectores que voten “contra el acuerdo, lo que abocaría al cierre del mismo” o a “la vinculación del centro a la universidad sin ánimo de lucro”, dice el comunicado, en referencia a la entidad privada Pontificia Comillas. “O realmente no les parece tan preocupante la situación o están pensando más en hacer política partidista que en defender los intereses de los andaluces”, ha dicho el secretario general de Universidades, Ramón Herrera.
Solo unas horas después llegaba la respuesta, igualmente contundente, del presidente de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA), Francisco Oliva, a la sazón rector de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, quien informó en otro comunicado de que los rectores votaron desfavorablemente el informe preceptivo sobre la autorización para que la Universidad Pontificia Comillas comience a operar en Andalucía el próximo curso y se convierta en “la sexta universidad privada de la comunidad autónoma”, de aprobarse también las otras dos que todavía están en tramitación parlamentaria“.
“Si tan loables fueran las intenciones de la Junta de Andalucía, esta cuestión se hubiera hecho pública en el mes de marzo, cuando Comillas formalizó su solicitud, o en el CAU celebrado el 22 de mayo en Córdoba, donde los rectores preguntamos explícitamente por esta cuestión y se negó la mayor en la propia sesión del órgano consultivo”, ha sostenido Oliva.
Su versión viene apoyada por su homólogo en la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, quien dijo el lunes en Radio Sevilla que le preguntó por ello al consejero (se sobrentiende que en aquel CAU, donde comparten mesa rectores y altos cargos de la Consejería) y le dijo “que no sabía nada” de ese tema.
Oliva, en nombre de las universidades públicas de Andalucía, concluye que “parece evidente” que “la voluntad del centro San Juan de Dios ha sido en todo momento la de adscribirse a la Universidad Pontificia Comillas, ”con la colaboración indispensable de la Consejería“, que ”podría haber intervenido para facilitar la adscripción de este centro a alguna de las universidades privadas que ya existen en Andalucía, pero prefirió abrir esta nueva vía de privatización exprés sin control parlamentario“.
“La rectora y los rectores andaluces rechazamos de forma contundente que se trate de responsabilizar a las universidades públicas andaluzas de una decisión adoptada por el centro San Juan de Dios y la Junta de Andalucía, respectivamente”, sentencia la AUPA.
Mas allá del cruce de acusaciones, que ya resulta bastante novedoso entre un Gobierno autonómico y las universidades públicas, la cuestión debe explicarse desde el principio. En diciembre de 2022, el Centro Universitario de Enfermería San Juan de Dios pidió desvincularse oficialmente de la Hispalense al haber cursado una solicitud de adscripción a la Universidad Pontificia de Comillas, dependiente de la comunidad de Madrid.
Año y medio después, la admisión de plazas se acaba de cerrar, con más de 200 peticiones para clases presenciales en el campus de Bormujos. El proceso de salida del sistema público ya se preveía largo. Tanto que, en febrero de 2023, San Juan de Dios comunicó que desistían del procedimiento de desadscripción.
El equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla intentó renovar el convenio con San Juan de Dios con una serie de condiciones, como que la adscripción tendría que hacerse por cuatro años, prorrogables por otros cuatro, pero tuvo la negativa por respuesta.
Ya en mayo del año pasado, procedió a la extinción del título de Enfermería en el centro adscrito y optó por no ofertar plazas de nuevo ingreso para el curso actual, asegurando al alumnado que podría completar sus estudios “a precios públicos” en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología.
Un mes más tarde de ese ofrecimiento de la universidad pública, el centro San Juan de Dios contraatacaba con otra carta al mismo alumnado: “En absoluto tienes que dar ese paso. Te aseguro que puedes continuar y finalizar tus estudios de Grado de Enfermería con toda tranquilidad y garantía en nuestro-vuestro centro”, decía aquella misiva.
Además se apuntaba en la misma carta: “estaremos encantados de ofrecerte un puesto de trabajo como enfermera en los hospitales de la propia Orden San Juan de Dios, tanto en Sevilla como en cualquiera de nuestros centros de España”, ya que esos centros sanitarios “priorizan como mérito preferente el haber estudiado con nosotros”.
San Juan de Dios ya aludía por entonces (junio de 2023) a que el centro de Enfermería “seguirá adscrito a la Universidad de Sevilla hasta que lo ordene la autoridad superior de la Junta de Andalucía”. “El título de grado será otorgado, una vez completes tus estudios, por el rector de la Universidad de Sevilla”.
Lo que venía a decir la orden religiosa era que el título lo obtendrían de la Universidad de Sevilla porque la Junta obligaría a que la Hispalense lo firmara, y que si se iban del centro adscrito se encontrarían fuera de la legalidad.
Miguel Ángel Castro, “ojiplático” ante la oferta de plazas de la orden religiosa durante este mes de junio, ha dicho esta semana que el título “no se lo va a firmar el rector”, tras recordar que el consejero, en una reunión reciente, le dijo “que no sabía nada” del tema de Bormujos.
El rector alertó en Radio Sevilla del “mercado” que hay detrás de las implantaciones de las universidades privadas, en este caso la primera en Andalucía procedente de fuera de la comunidad. El consejero Villamandos dijo hace unas semanas en el Parlamento andaluz que “cualquiera de nosotros podría mandar a su hijo a una universidad privada”. El Grado de Enfermería para el que se han ofertado 120 plazas en Sevilla cuesta más de 8.000 euros para nueve meses de formación.
Castro tiene aún fresco el inicio en Sevilla de las clases de Medicina en la Universidad Loyola el pasado mes de noviembre, después del arranque del curso académico. El caso de la escuela universitaria adscrita a Comillas es algo distinto, pero “se abre la veda a adscribir centros privados no ya a universidades publicas o privadas de Andalucía, sino a que entren privadas de fuera de la comunidad”, advierten fuentes conocedoras de estos procesos.
Medicina y Enfermería, precisamente, están entre los los grados más solicitados en Andalucía, según trascendía este mismo miércoles.
El centro San Juan de Dios de Bormujos “prefirió desadscribirse de la Universidad de Sevilla de forma unilateral y por motivos económicos, y, cuando solicitó su desistimiento, al no ver cumplidas sus expectativas, rechazó la firma de un nuevo convenio que la US le ofreció”, ha denunciado el rector de la Olavide.
Otras fuentes universitarias indican que la adscripción del centro universitario a la Pontificia Comillas no fue fácil, precisamente, al pertenecer a otra comunidad. De hecho, San Juan de Dios intentó recuperar la adscripción con la Universidad de Sevilla mientras, paralelamente, se tramitaba la creación de la Universidad CEU Fernando III como universidad privada, en el campus de Bormujos, la primera impulsada por el Ejecutivo de Moreno junto a la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea (Utamed), ligada el malogrado exconsejero Javier Imbroda, ambas aprobadas el pasado septiembre en el Parlamento andaluz, donde el PP goza de mayoría absoluta.
Durante esa negociación, la Junta de Andalucía terminó por convocar las plazas en el Distrito Único Andaluz contra el parecer de la Universidad de Sevilla por no estar ya adscrito el centro y no pertenecer a ninguna universidad. La Hispalense no quería ofertar plazas pero se vio obligada a mantener el acuerdo de adscripción, cuestión que aún dirime la Audiencia Nacional.
“La demanda se planteó ante lo que consideraba una intromisión de la Consejería de Universidades de la Junta por aceptar nuevas plazas de alumnos de Enfermería en el centro San Juan de Dios, lo que obliga a la Universidad de Sevilla a mantener el acuerdo de adscripción, una decisión que atenta gravemente contra el principio de autonomía universitaria”, dijo en octubre la Hispalense. El curso se ha desarrollado con la titulación adscrita a la Universidad de Sevilla, parece ser que por última vez.
Fuentes de la propia Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia apuntaron a este medio que venían manteniendo contactos con la Junta desde hacía meses y que solicitaron formalmente su presencia en Sevilla por primera vez en diciembre de 2023, estando ya “en marcha la solicitud desde este mes de marzo”.
No esperan “sorpresa” para que la Junta autorice su instalación, habiendo conseguido previamente permiso para poder desarrollar el proceso de admisión, que concluyó el pasado viernes y que contaba hasta ese día con “más de 200 peticiones de familias andaluzas”.
La escuela tiene ya los requisitos administrativos necesarios previos al de la Junta, como el de la ANECA, comentaron las fuentes, que este miércoles ya no quieren hacer valoraciones a este periódico tras el desencuentro de Junta y rectores en el seno del CAU celebrado en Jaén.
El secretario general de Universidades, Ramón Herrera, tras el CAU también lamentó que con la actitud de los rectores “se está poniendo en riesgo el trabajo de más de 50 familias andaluzas, el futuro de los alumnos que cursan el grado de Enfermería en este centro, la estabilidad de sus familiares o la pérdida de 60 plazas anuales de este grado”.
Herrera dice también que la política general de la Consejería pasa por no autorizar centros adscritos de otras comunidades, pero que “la opción que propuso en su día Comillas para incorporar el centro a su Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios, y dado que ninguna universidad pública aceptó adscribírsela, resultaba la mejor opción.
La explicación es que Comillas no depende de ninguna comunidad autónoma al ser reconocida como 'estatal' por los acuerdos Iglesia-Estado, con implantación en todo el territorio nacional y que, por tanto, sus títulos los verifica la Agencia Nacional de Calidad (ANECA) y no la agencia andaluza“.
Herrara advierte, en todo caso, de que la autorización que aún se está tramitando para que la orden de San Juan de Dios se haga cargo del centro es “temporal, por un máximo de seis años, mientras se encuentra una solución con el fin de convertirla en centro adscrito de otra universidad pública andaluza”.
Antes de la reunión del CAU, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, se refirió a este asunto a preguntas de la prensa y avanzó el mensaje a los rectores que se han puesto en pie de guerra contra la Junta: si no quieren que llegue otra universidad privada, aunque sea en forma de adscripción a “un centro que lleva funcionando 17 años”, sigue “encima de la mesa” la posibilidad de que cualquiera de las universidades públicas andaluzas “acepte su adscripción” como hasta ahora venía haciendo la Universidad de Sevilla, insistió.
El portavoz lamentó que “ninguna de las universidades ha querido adscribirse el centro” y que la intención de la Junta es “que no se pierdan los puestos de trabajo, que no se queden tirados los alumnos, que haya más graduados en enfermería mejor”, haciendo hincapié en que la Junta “va a destinar a esta iniciativa cero euros de dinero público”.
Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT, cuyo plantón en marzo impidió al órgano consultivo del Gobierno andaluz avalar por unanimidad dos nuevas universidades privadas, están viendo cómo las universidades públicas están plantado cara a la “privatización” por parte de la Consejería.
Desde CCOO-A ya se dejó claro su posicionamiento a favor de una educación pública y universal como herramienta útil en la reducción de las desigualdades. “La universidad pública, además de ser un motor económico, garantiza el principio de igualdad de oportunidades, funcionando como ascensor social y poniendo en valor las capacidades de las personas por encima de la capacidad económica de sus familias”, argumentaron desde el sindicato.
Según recuerda CCOO-A, “las universidades públicas temen que, con esta nueva estrategia de privatización, los centros adscritos andaluces se conviertan en meras franquicias de universidades privadas ajenas a Andalucía”, haciendo alusión al comunicado del lunes de los rectores “en el que se unen a la denuncia, que CCOO viene reclamando desde hace tiempo, por la estrategia de privatización del sistema universitario andaluz puesta en marcha por la Junta de Andalucía”.
Rafael Gelo, secretario institucional de UGT-Andalucía, lamenta “que en los últimos años se haya producido un fenómeno de proliferación de universidades privadas que han desembarcado en Andalucía, algunas de ellas sin experiencia previa ni calidad ninguna, desoyendo el Gobierno de la Junta de Andalucía las voces que venimos denunciando esa actitud”.
“Hemos pasado en dos años de contar con una universidad privada a cinco”, dos aprobadas y dos en trámite, “ y ahora nos enteramos por la prensa que una nueva universidad privada de fuera de Andalucía desembarca en Sevilla sin autorización de la Junta”.
Para Gelo “el debate trasciende más allá del ámbito de lo público o lo privado”, poniendo “el acento en la calidad del sistema” y haciendo “hincapié en que toda nueva universidad o centro universitario, ya sea público o privado, debe reunir los mínimos estándares de calidad necesarios, cuyos requisitos son los que se deben respetar”.
“Estamos absolutamente en contra de esta forma de privatizar nuestra Educación Superior, sin ningún control ni miramiento. Con la educación no se debe hacer negocio, tampoco con la sanidad ni otros servicios públicos que sirven para equilibrar una sociedad y avanzar juntos en derechos, en equidad e igualdad”, asegura Gelo en declaraciones enviadas a este medio.
El enfado de los rectores con la gestión de la Junta en todo este sentido ha ido aumentando en los últimos tiempos de forma paralela a la creación de universidades privadas por parte del Parlamento andaluz, donde el PP tiene la mayoría absoluta.
Uno de los puntos de inflexión tuvo lugar el pasado 27 de septiembre, y no por la aprobación aquel día de las dos primeras impulsadas por el Ejecutivo de Moreno (Universidad CEU Fernando III y Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea -Utamed-) sino porque, por primera vez, no pudieron emitir su voto favorable o desfavorable a su reconocimiento, como siempre habían hecho en el único órgano en el que tienen voz, el Pleno del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), donde comparten mesa con altos cargos de la Consejería de Universidad.
Apenas hace tres meses, después de que la Junta iniciara en noviembre la tramitación para la creación de la Universidad Alfonso X el Sabio –UAX Mare Nostrum– y la Universidad Europea de Andalucía, en contra otra vez de la opinión de los rectores de las públicas, el Consejo de Gobierno daba luz verde a los proyectos de ley de reconocimiento de ambas universidades.
Antes, el plantón sindical impidió al órgano consultivo del Gobierno andaluz (el CES) avalar por unanimidad esas dos futuras universidades, que iniciaban su trámite hasta su validación final en el Parlament, donde el PP goza de mayoría absoluta.
En los casos la Utamed y de la Universidad CEU Fernando III, el PP incorporó a última hora la oferta académica de ambas para 'salvar' su aprobación.por parte del Parlamento.
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