Baleares impide el traslado de 50 sanitarios a Andalucía que no descartan tomar acciones legales

Alrededor de 50 sanitarios, la mayoría de ellas enfermeras, tratan estos días de solventar un trámite que les permita trabajar en Andalucía tras haber estado haciéndolo hasta la fecha en Baleares. El problema es que la Conselleria de Salut del archipiélago se niega a firmar los ceses con los que podrían tomar posesión de contratos en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), alegando que deben cumplir un año desde que adquirieron la plaza a la que optaron en unas oposiciones celebradas en 2018. Los afectados dicen sentirse “secuestrados” laboralmente porque se les impide trasladarse libremente, tal y como lo recoge el estatuto marco que regula a estos profesionales. Baleares sostiene que el pliego de la oposición a la que optaron les obligaba a permanecer al menos un año en el puesto que obtuvieron.

El conflicto tiene su origen en unas oposiciones que se celebraron en el año 2018 y cuya formalización de plazas no tuvo lugar hasta el otoño del pasado 2021. Hasta entonces, la mayoría de los 50 trabajadores que ahora buscan su traslado a Andalucía, han estado trabajando para el servicio de salud de Baleares. El problema surge porque Andalucía ha adjudicado un concurso de traslados mediante el cual los profesionales que tengan plaza en propiedad en la sanidad pública en alguna comunidad autónoma, incluyendo la andaluza, pueden solicitar un cambio de destino y sellar un nuevo contrato en aquellos lugares en los que haya puestos disponibles. Como existe esta posibilidad, alrededor de medio centenar de sanitarios andaluces que actualmente trabajan en Baleares han solicitado y obtenido el traslado, pero la Conselleria de Salut balear les niega tal opción.

Según ha podido saber elDiario.es Andalucía a través de fuentes sindicales del sector sanitario de Andalucía, los afectados están en contacto tanto con la mesa sectorial balear como con la andaluza para contar con el asesoramiento que les permita llevar a cabo un cambio de plaza que expira el próximo 20 de septiembre, fecha en la que se darán los destinos definitivos de este concurso de traslados. De hecho, UGT le ha remitido un escrito al gerente del SAS, Diego Vargas, poniéndole al día de la situación que están padeciendo estos cincuenta profesionales para que intervenga. Sobre todo, porque una de las cuestiones que alega el Gobierno de Baleares para negar las salidas de estos trabajadores es que en la oposición a la que se presentaron se especificaba que debían permanecer un año en la plaza antes de poder marcharse.

“Es algo que se hace para asegurar una buena planificación de las plantillas”, explican fuentes de la Conselleria de Salut a este medio. “Si de pronto se va un número determinado de trabajadores antes de que acabe el periodo estipulado, se genera un problema para establecer el personal necesario”. Para evitar la pérdida de profesionales, Baleares estipuló en aquella convocatoria de 2018 que, de acuerdo a la Ley 1/1999 de 8 de enero sobre selección de personal, quienes adquiriesen una plaza en propiedad deberían permanecer en ella al menos doce meses antes de solicitar traslados. El problema es que esta ley está derogada desde el año 2003 por el estatuto marco de los profesionales sanitarios que además consagra el principio de “libre circulación” y la posibilidad de “movilidad general” del personal del Sistema Nacional de Salud. Motivo por el que los afectados y sindicatos como UGT presionan para que se cumpla con la normativa y los trabajadores puedan ejercer su derecho de trasladarse.

Un conflicto normativo

Desde Baleares argumentan que el estatuto marco en vigor es de este mismo año y que la convocatoria de oposiciones se realizó en 2018, por lo que no podría tener carácter retroactivo sobre lo que entonces se estipulaba como requisito. “Podrían haber impugnado entonces, como puede impugnar cualquier persona en una oposición si hay algún aspecto en el que crea que se están lesionando sus derechos”, explican fuentes oficiales. El problema es que las fechas no casan entre sí porque la ley a la que alude Baleares lleva casi 20 años derogada en el estatuto de los sanitarios, por lo que los profesionales a los que se les niega el traslado ven motivos para entender que se están viendo perjudicados.

Este medio se ha puesto en contacto con el SAS sin respuesta por su parte. Quienes sí hablan son los trabajadores que están en la encrucijada de querer volver a Andalucía sin poder hacerlo. Este es el caso de Julia, cuyo nombre es ficticio. La mujer, de 39 años, lleva más de una década trabajando en Baleares y accedió a su plaza fija, como el resto, en el otoño de 2021, por lo que aún no ha cumplido con el año que exige la Conselleria de Salut para darle libertad de movimiento. “Nos sentimos secuestrados laboralmente porque nos dejan sin alternativas. Lo único que podemos hacer es marcharnos renunciando a nuestra plaza para volver a contratos temporales”. Enfermera de profesión, asegura que se les niegan incluso las comisiones de servicio por las que pueden acceder a contratos temporales en cualquier otro lugar. “Cada vez que la pido me la rechazan”. Una realidad que fuentes del Ejecutivo balear justifican porque “falta personal” y no tienen suficientes trabajadores en bolsa.

Por otro lado, Julia asegura que la mesa sectorial del archipiélago está dándoles la espalda. “En un primer momento, se mostraban dispuestos a ayudarnos, pero ahora nos siembran dudas y nos hacen creer que puede pasarnos algo si decidimos trasladarnos”. No obstante, no podrán acceder a la plaza que han conseguido los afectados en Andalucía si Baleares no firma sus ceses. Una cuestión por la que no descartan ir a los tribunales. “Estamos planteándonos buscar asesoramiento legal si se nos niegan los traslados”. En su caso, ya sabe que si le dan luz verde, cuenta con un puesto en un hospital de Cádiz al que entraría a trabajar este mismo mes de septiembre. Pero la falta de personal, que sufre todo el Sistema Nacional de Salud, está retrasando un asunto que puede acabar judicializado. Andalucía, desde luego, también está falta de plantilla y la incorporación de 50 nuevos profesionales sería una buena noticia, tal y como solicitan los sindicatos históricamente.